Trabajadores del Borda repudiaron el sobreseimiento de Macri

Delegados de los trabajadores del Hospital porteño repudiaron ayer que el juez Jorge López argumentara que no existen elementos para atribuirles conducta criminal al doblemente procesado jefe de Gobierno porteño y otros siete funcionarios del PRO.

 

Tras el fallo del juez Jorge Adolfo López, los trabajadores del Hospital Borda repudiaron el sobreseimiento a Mugrizio Macri y otros siete funcionarios, este viernes.

 

El secretario adjunto de CTA, Marcelo Frondizi, recordó que López “es un juez que responde a los grandes grupos económicos y las corporaciones políticas”, y recordó que “está vinculado a la dictadura y lo que se trata es de judicializar la protesta social”.

 

En tanto, el delegado de los talleres protegidos, Ernesto Balbiano, cuestionó la decisión de la justicia, al señalar que “la Justicia tiene un ojo solo y mira para el lado que quiere. Lo que están defendiendo son los intereses de los más ricos en contra de los intereses del pueblo”.

 

Su compañero delegado de los talleres, Gustavo Fernández, también se manifestó indignado ante el hecho. “Nos indigna como trabajadores de la salud, porque hubo médicos y pacientes que recibieron balas de goma. Nos indigna que la Justicia no actúe como corresponde”, dijo.

 

La causa penal 27.116/13 que investiga las responsabilidades políticas sobre la represión que desató la Policía Metropolitana dentro del Hospital Borda durante la mañana del 26 de abril, benefició al hijo bobo de Franco Macri y otros altos funcionarios de la Ciudad que responden al PRO. 

 

La decisión fue adoptada el lunes por el juez nacional de instrucción en lo criminal Jorge Adolfo López. El magistrado, decidió sobreseer al doblemente procesado jefe de gobierno, Mugrizio Macri; su vicejefa, María Eugenia Vidal; y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larrata, junto a los ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; de Salud, Graciela Reybaud; y al jefe y subjefe de la Metro, Horacio Giménez y Ricardo Pedace, por considerar que "no existen elementos mínimos objetivos ciertos concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio".