Están en juego cargos en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio Público de la Justicia. El PRO busca acelerar el cronograma y blindar a sus candidatos. La denuncia de Ramal.
Todo debe terminar antes del 10 de diciembre. Con esa máxima, avanza la febril negociación que late dentro de la Legislatura porteña por la aprobación de un paquete de leyes que interesan al PRO, al Frente para la Victoria, a sectores vinculados al ibarrismo y a Nuevo Encuentro. Incluso, el intercambio tendrá también un capitulo judicial en los tribunales federales, a partir de una denuncia por "cohecho y tráfico de influencias".
Según pudo saberse, la instrucción que sostienen los negociadores del PRO es apretar el cronograma para blindar a sus candidatos –especialmente, el de la Asesoría Tutelar para Yael Bendel– y por eso se preparan para un maratónico fin de año anticipado.
Detrás de ese pelotón de proyectos que Macri definió como "vitales" para los próximos dos años que le quedan de gobierno, también se juegan los futuros ocupantes de la Defensoría del Pueblo, un organismo no judicial, y las tres cabezas del Ministerio Público del Poder Judicial porteño: la Defensoría General, la fiscalía y la Asesoría Tutelar.
La votación final para el Ministerio Público Fiscal será el 9 de diciembre. Allí, el nombre propuesto es Martín Ocampo, impugnado por una serie de organizaciones vinculadas al derecho: le endilgan una nula trayectoria para un cargo de jefe de todos los fiscales de la ciudad. Ocampo ha buscado instalarse, a pesar de las oposiciones, con una serie de proyectos para quedar mejor posicionado de cara a un histórico bastión del macrismo, hoy conducido por Germán Garavano.
Distinto es el panorama que deberá enfrentar el camarista contencioso Horacio Corti. No tiene impugnaciones a su postulación para el Ministerio Público de la Defensa, cargo que ya fue ocupado por el kirchnerismo, cuando promovió en 2006 al jurista Mario Kestelboim.
El otro de los principales bastiones en disputa es la Defensoría del Pueblo. El ente ha sido una piedra en el zapato para el macrismo durante sus comienzos. Señaló los atropellos cometidos en desalojos, las fallas en la salud pública, los problemas con la salud mental y la dimensión de la imparable crisis habitacional. Pero el ente conducido por Alicia Pierini edulcoró su intervención crítica en los últimos años, salvo en la toma del Parque Indoamericano y la represión en el predio del Hospital Borda por parte de la Policía Metropolitananazi.
El nuevo tono que tendría en el futuro, para los deseos del PRO, es un organismo con menos peso que el actual. Esa dependencia "no tiene que traer problemas", dicen desde el riñón del doblemente procesado jefe de gobierno. La instrucción del alcalde a sus negociadores fue que los coletazos del acuerdo no lo salpiquen. La denuncia penal interpuesta por el diputado nacional electo por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Marcelo Ramal, –que recayó en el juzgado a cargo de Sergio Torres– sostiene que se intercambiarán 24 cargos en organismos a cambio de la votación de los proyectos.
Eso forma parte de la negociación palaciega que encabeza el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo; el titular del Consejo de la Magistratura porteño, Juan Manuel Olmos; y el presidente del Instituto de Altos Estudios Juan Perón, Eduardo Valdés, síntesis de la dirigencia peronista en la Ciudad.
Seis cargos son los que se ponen en juego en la Defensoría del Pueblo, pero la titularidad quedaría reservada para el kirchnerismo, bajo el nombre del sindicalista Alejandro Amor –ex miembro de la mesa directiva de Sutecba (el gremio de trabajadores estatales de la Ciudad)– y actual legislador del FPV. Al calor del intercambio de la mesa chica, ya cuenta con los avales necesarios.
Para ocupar el resto de los cargos se anotó el radical Claudio Presman; el legislador del PRO Oscar Zago, de llegada a Daniel "El Tano" Angelici; su par Lidia Saya; María América González y el actual defensor adjunto Horacio Palmiotti, cuya postulación fue impugnada a raíz de un escándalo en el que se comprobó que participaba de la reventa de entradas de Boca Juniors en el bar La Perla, que regentean sus hijos. Entre los candidatos, además, se agregaron otros diputados como Julio Raffo, María Rachid, Delia Bisutti y María Laura García Tuñón.
En total, suman 9 legisladores en ejercicio, cuatro de los cuales –Amor, Presman, Raffo y Zago– componen la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, que deberá definir los nombramientos. El 29 de noviembre se llevará a cabo la audiencia pública por los cargos en el ente que manejará 255 millones de pesos en el próximo año.
Bendel es quien está en la situación más comprometida en su destino de asesora general tutelar, porque cada vez son más los cuestionamientos a la idea de que el PRO imponga dos de las tres cabezas del Ministerio Público. El otro freno viene desde la propia Iglesia Católica, a través de gestiones que el Papa Francisco en persona está monitoreando, además del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia, que han planteado, en reserva, sus objeciones a la designación.
En este caso, la audiencia pública será el 6 de diciembre, tres días antes de la votación del pliego de Bendel. De fondo, la intención política será proteger de cualquier cimbronazo, ante la posible caída de la candidatura, a la propia vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, impulsora de la candidatura Bendel.
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