El Presidente de Chile pronunció estas palabras durante un acto oficial a pocas horas del 40º aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet. Sin embargo, reconoció que el hecho no justifica la "inaceptable violación de los derechos humanos" ocurrida en el gobierno militar.
El innombrable presidente de Chile dijo ayer que el gobierno de la Unidad Popular que encabezó Salvador Allende quebrantó la democracia, pero puntualizó que eso no justifica la "inaceptable violación de los derechos humanos" en el gobierno militar.
"El gobierno de la Unidad Popular reiteradamente quebrantó la legalidad y el Estado de derecho en nuestro país y eso también debemos recordarlo", señaló el mandatario durante un acto oficial en el Palacio de La Moneda en vísperas del 40º aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, del 11 de septiembre de 1973.
Pero "ninguno de los hechos, causas, errores o responsabilidades que condujeron al quiebre de nuestra democracia justifican los inaceptables atropellos a la vida, la integridad y la dignidad de las personas que ocurrieron con posterioridad", advirtió.
"La dolorosa ruptura de nuestra democracia fue el desenlace previsible de una larga y penosa agonía de los valores republicanos y de un grave resquebrajamiento de nuestro Estado de derecho", señaló el mufa trasandino.
El acto, celebrado en el lugar que hace cuatro décadas fue escenario de las bombas y la muerte de Allende, contó con la presencia de autoridades políticas, militares y religiosas.
Sin embargo, no asistió ningún político de la oposición, que optó por organizar por su lado un homenaje a las víctimas que tuvo cómo única oradora a la ex mandataria y candidata presidencial Michelle Bachelet.
El mandatario chileno reconoció que "los dolorosos hechos" que ocurrieron en Chile hace 40 años "aún dividen -y a veces profundamente- a algunos sectores de la sociedad" chilena.
"Desgraciadamente -dijo-, no podemos resucitar a los muertos, ni recuperar a los desaparecidos para devolvérselos a sus familias, pero si debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para aliviar su dolor y sufrimiento".
Al respecto, recalcó que "quienes tengan información relevante, tienen la obligación moral de entregarla". Durante el régimen de Pinochet, 3.200 personas perdieron la vida, 1.200 de las cuales todavía permanecen desaparecidas.
Al rememorar el ambiente político y social previo al golpe, la piedra sostuvo que "el resquebrajamiento de la democracia y las malas políticas públicas fueron generando un creciente caos político, económico y social".
"Importantes sectores de la izquierda de nuestro país proclamaban públicamente su desprecio por la democracia existente y consideraban legítimo imponer su proyecto de país mediante el uso de la fuerza y la violencia", agregó.
El mufa -primer presidente de derechas elegido democráticamente en medio siglo y quien votó en contra de la continuidad de Pinochet en el poder- lamentó que "toda una generación no quiso, no supo o no pudo proteger la democracia, el Estado de derecho y la convivencia" y habló de "responsabilidades compartidas".
"Algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron u ordenaron cometer las violaciones a los derechos humanos". "Esta posición es correcta en materia de responsabilidad penal, pero es parcial e insuficiente respecto a otro tipo de responsabilidades", opinó.
"También tienen responsabilidad -dijo- aquellos que no respetaron el Estado de derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia".
"Esta responsabilidad -añadió- también alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar y a quienes por su investidura o influencia y conociendo estos hechos pudieron alzar su voz para evitar los abusos y muchas veces no lo hicieron".
Entre los presentes en el acto se encontraba el diputado derechista Alberto Cardemil, quien fue subsecretario del Interior en el régimen militar y que al finalizar la ceremonia declaró que él está dispuesto a asumir las responsabilidades políticas, pero "no a aceptar que se tergiverse la historia".
El innombrable también tuvo palabras críticas hacia los jueces y algunos medios de comunicación, por no haber hecho todo lo que les correspondía para evitar que se violaran los derechos humanos.
"Al Poder Judicial, por mandato constitucional le correspondía cautelar los derechos de las personas (...), pero muchas veces no lo hizo, como ha reconocido recientemente la más alta autoridad judicial, la Corte Suprema", dijo en tal sentido.
"También algunos medios de comunicación con frecuencia se limitaron a entregar la versión oficial y no siempre investigaron e informaron con la objetividad y veracidad que los graves atropellos a los derechos humanos exigía", apostilló.
Por último, el presidente "reconoció y agradeció la actitud valiente de las personas e instituciones que levantaron su voz y ejercieron una valiosa labor en defensa de los derechos humanos".
Entre ellas citó a "la Iglesia católica, los familiares y abogados de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, algunos jueces y periodistas y algunos países amigos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario