Camioneros marcharon por la 9 de Julio hasta la Superintendencia de Salud. El pretexto fue reclamar por las obras sociales, pero con el objetivo implícito de enviar una respuesta política.
Una marcha del sindicato de Camioneros provocó un colapso en el tránsito porteño.
Si bien la consigna de la manifestación fue el reclamo por las obras sociales, el objetivo implícito fue enviar una respuesta política frente a las graves denuncias de presunto "vaciamiento" de la obra social del sindicato. De hecho, en el acto que encabezó ayer, Moyano se refirió a la causa.
Los manifestantes marcharon por la 9 de Julio hasta la Superintendencia de Salud. Allí, Hugo Moyano expresó: "Es una locura, quieren terminar con la obra social de Camioneros. Se trata de un ataque directo al sistema de salud de los trabajadores".
El líder camionero se refirió a la causa que se le sigue por lavado de dinero: "Ahora empezaron a levantarla, son medidas electorales que se toman. Yo duermo sin frazada. Si estuviera caliente, nervioso, le estaría chupando las medias a algún funcionario. Me van a decir de todo menos que me vieron robando".
La 9 de Julio permaneció cortada en ambos sentidos, entre las avenidas Independencia y Córdoba, desde las 11:15 hasta las 14:30. Estos cortes afectaron la normal circulación del servicio del Metrobus.
Moyano convocó a la protesta días después que tomara estado público un informe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que da cuenta de transferencias millonarias de la obra social del sindicato de Camioneros hacia compañías prestatarias presididas por integrantes de su entorno familiar, entre ellas su esposa Liliana Zulet y su hijo Pablo.
La investigación se originó a partir de una serie de reportes de operaciones sospechosas enviados por un banco local a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se advierte una triangulación de dinero proveniente de la obra social y el sindicato hacia tres compañías –IARAI, ACONRA y DIXEY–, todas ellas controladas por el propio grupo familiar, y con un vertiginoso crecimiento patrimonial durante la última década.
De acuerdo a la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio, las operaciones involucran transferencias por más de 580 millones de pesos. A través de declaraciones a los medios y sin dar precisiones concretas que refuten las denuncias, Moyano desacreditó la pesquisa, se victimizó y responsabilizó al gobierno nacional.
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