Tras una serie de allanamientos en una sede de la policía provincial y en domicilios privados de jefes de la fuerza, la justicia ordenó la captura del comisario mayor Rafael Sosa, licenciado director de Lucha Contra el Narcotráfico, y otros cuatro policías de la división Drogas Peligrosas.
Varios allanamientos se concretaron ayer a la tarde en la Central de Policía cordobesa, así como en los domicilios de jefes provinciales de la fuerza que, a partir de un informe periodístico, fueron vinculados con el negocio del narcotráfico, tras lo cual la justicia ordenó la captura del comisario mayor Rafael Sosa, licenciado director de Lucha Contra el Narcotráfico, y otros cuatro policías de la división Drogas Peligrosas.En la puerta de la Central de Policía, el fiscal federal Enrique Senestrari confirmó a la prensa que los allanamientos, concretados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fueron dispuestos por el juez federal, Ricardo Bustos Fierro.
"El objetivo del allanamiento, en la División de Drogas Peligrosas, es recabar toda las pruebas que puedan ser de utilidad: documentos, expedientes, armas, imágenes y todo lo que nos aporte datos", aseguró el funcionario judicial.
"Esto no es una cuestión personal, es una investigación objetiva sobre hechos graves", recalcó el fiscal. La alusión de Senestrari es porque el domingo pasado el jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Frías, al hablar durante el sepelio de un efectivo, que se habría suicidado y respecto del que Senestrari también debía expedirse procesalmente, adjudicó la muerte a la "difamación, la injuria y las mentiras".
La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció el miércoles de la semana pasada por intermedio del testimonio del "colaborador encubierto" policial, Juan Francisco "El Francés" Viarnes.
El testimonio fue brindado durante el programa ADN, de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que motivó a Senestrari a abrir una investigación que hasta el momento no tiene imputados.
Viarnes, en calidad de "arrepentido", dio su testimonio ante las cámaras y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.
El presunto accionar delictivo involucra al director de Drogas de la Policía, comisario mayor técnico superior Rafael Sosa; al comisario Alfredo Saine, responsable de dos Brigadas de Lucha contra la Droga; el oficial inspector Franco Argüello; y a dos conocidos narcotraficantes identificados como Daniel Córdoba y el "Tuerto Cacho".
Los efectivos policiales fueron licenciados a partir de la denuncia que tomó estado público, mientras que otro de los mencionados, el oficial principal Juan Alós, fue encontrado muerto el fin de semana pasado, en el interior de su vehículo, en las cercanías de Bosque Alegre, en la zona de Alta Gracia.
El fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, manifestó en varias ocasiones que, sobre la base de los informes preliminares de las pericias dispuestas, los datos son compatibles con el de un "suicidio".
Alós fue encontrado dentro de su auto, encendido, con un disparo de arma reglamentaria en la cabeza; en el vehículo había una carta dirigida a su esposa, embarazada de siete meses, y una foto de su padre, fallecido meses atrás.
Por su parte, el legislador provincial socialista Roberto Birri, manifestó ayer su "más enérgico repudio" a las recientes declaraciones del jefe de Policía del gobierno delachotista, por tratar de responsabilizar a la prensa por las derivaciones de una investigación periodística y judicial que vincula a policías con el negocio del narcotráfico.
Birri anticipó que presentará un proyecto para que la Legislatura repudie las manifestaciones del jefe policial, al entender que esas declaraciones "no sólo constituyen un claro menoscabo a la libertad de prensa, sino que en nada ayudan a la investigación que desde la Justicia Federal se está llevando adelante y donde están sospechados miembros de la Policía".
"Lo que corresponde de un Jefe de la Policía y del gobernador José Manuel de la Chota no es agitar a la tropa en contra del periodismo, sino dar muestras claras de que en la Policía no hay margen para quienes cometen algún tipo de delito. Deben ponerse a disposición de la Justicia y garantizar la seguridad de los periodistas", sostuvo el legislador.
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