La segunda audiencia por la constitucionalidad de la Ley de Medios comenzó ayer con preguntas del tribunal a los abogados de Clarín. Pero el holding empresario no supo cómo responder a la mayoría de los cuestionamientos. También hubo contradicciones entre los letrados.
En el marco de la segunda jornada de audiencia por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Corte Suprema incomodó a los representantes del Grupo Clarín, que no supieron responder por qué la sustentabilidad económica afectaría la libertad de expresión y utilizaron como eje central de sus fundamentos que el volumen del holding es necesario para garantizar una voz crítica.
Contrario a lo que se esperaba, la Corte Suprema decidió comenzar con preguntas a las partes, antes que las exposiciones. En representación del multimedio, los abogados María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Fabio Cassino respondieron las preguntas del tribunal.
Cassino, el primero en tomar la palabra ante cada pregunta, fue interrumpido reiteradas veces por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que una y otra vez pidió que respondiera concretamente. El abogado de Clarín, ante la imposibilidad de responder, debió darle la palabra a Gelli, a Carrió o a los asistentes, Carlos Winograd y Gabriel Bouzat.
Todos los argumentos del Grupo se centraron en la "sustentabilidad económica", la cual consideran directamente relacionada a la libertad de expresión y entienden que sólo con el tamaño que tiene el holding es posible sostener una voz crítica. Sin embargo, al ser cuestionados sobre por qué semejante volumen económico era necesario para garantizar la libertad de expresión, teniendo en cuenta la existencia de medios y grupos más pequeños, no supieron responder con claridad.
En ese sentido, Cassino manifestó que "la ley produce un efecto contrario al que declara". "Para entender por qué se afecta la libertad de expresión hay que entender que se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín. Es una norma contraria al principio 12 de la OEA sobre la libertad de expresión", agregó.
Y continuó: "Cablevisión presta internet y televisión por cable a través de una compleja tecnología nacional", hasta que lo interrumpió Lorenzetti, que le pidió que sea más preciso. "¿La ley afecta directa o indirectamente la libertad de expresión?", preguntó el juez y Cassino respondió: "Indirectamente".
Aunque, en ese momento, tomó la palabra Carrió y señaló: "La afectación es directa. La desconcentración afecta valores trascendentes".
Por otro lado, respecto al derecho a la información, Gelli indicó: "Nuestra parte sostiene no sólo que se afecta su derecho a brindar información sino los derechos de la audiencia. Si la ley se aplica, se desbarata un medio que es una puerta al mundo y que ofrece accesiblemente a todos información".
En tanto, según planteó la Corte, teniendo en cuenta la actual composición del Grupo Clarín, "¿se cumplen los fines previstos por la ley para garantizar la pluralidad de voces?". Cassino indicó: "Existen muchísimos medios en la actualidad. Hay 17 mil radios en la Argentina y Grupo Clarín tiene sólo 8. Hay 550 radios en la Capital y Clarín tiene sólo una AM y una FM. En TV abierta hay 6 canales y Clarín tiene uno. En TV por cable, Cablevisión presta servicio en todo el país y lo hace por Direct TV o por cable, siempre hay opción. Hay 7 señales de noticias y Grupo Clarín tiene una, TN".
A su vez, ante el requerimiento del tribunal para que se especifique cuál es el mercado e el que se inserta Clarín, Cassino explicó: "Telecomunicaciones y publicidad. Definir la posición de Clarín es un poco compleja. Clarín es el más pequeño en el mercado de las telecomunicaciones, compite con Telefónica y Telecom".
Frente a la brevedad de la respuesta, su colega Carrió agregó: "Clarín participa del mercado de diarios, de la TV abierta, del mercado de producción de señales y compite con los grandes productores internacionales de señales".
Por último, el tribunal requirió que se detalle por qué se vería afectada la capacidad del multimedio para brindar servicios de internet. Y Cassino dijo: "Donde Clarín tenga que dejar de dar el servicio de TV por cable no va a poder brindar sólo internet. Porque si se retira el servicio de TV por cable, el costo de prestar internet subiría tanto que no sería competitivo frente a las telefónicas".
Los expositores a favor del Grupo Clarín apelaron sin medias tintas a los argumento económicos para defender a la empresa, y en ningún momento se refirieron al interés supremo del acceso público a información plural y diversa, que figura en pactos y convenios contenidos en la Constitución Nacional.
Según el argumento general de los defensores de Clarín, como la ley obliga a deshacerse de licencias, “se reduce la escala de la empresa, por lo que no se puede mantener la estructura tecnológica existente y se pierde competitividad en un mercado altamente competitivo".
Continuando con los argumentos meramente económicos, los defensores del grupo hegemónico consideraron: “La red actual hace a la empresa sustentable. Puede seguir subsistiendo. Si se modifica la ley actual se va a perder una voz crítica la única que existe en nuestro país”.
Esta audiencia pública, que se desarrolló
en el cuarto piso del edificio de Tribunales, es la antesala del fallo definitivo que dictará la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de Medios.
La norma fue aprobada en 2009, pero una medida cautelar otorgada a Clarín dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación, y, por esa razón, quedó trunca su aplicación plena.
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