El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, y dos de los amicus que expusieron hoy ante el máximo tribunal, Víctor Abramovich y Cynthia Ottaviano, destacaron el encuentro. En declaraciones a la prensa, dieron su visión sobre el conflicto judicial.
La primera ronda de la audiencia especial convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar la constitucionalidad de la ley de medios tuvo una fuerte presencia de dirigentes políticos y de especialistas en derecho y comunicación que se congregaron en el Palacio de Tribunales para hacer oír su voz.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, y los amicus curae Víctor Abramovich, de la Universidad Nacional de Lanús; y Cynthia Ottaviano, la Defensora del Público, hablaron con la prensa acerca de los argumentos esgrimidos esta jornada en la audiencia pública y sostuvieron que los planteos del Grupo Clarín son sectoriales y sólo buscan defender los beneficios económicos de una empresa.
“La opinión de los amicus que defienden la constitucionalidad ratifica la solidez y la importancia de la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ratifica la preocupación por estos derechos que tienen que ver con profundizar la democracia, porque no hay democracia profunda si no se democratiza la palabra”, planteó Sabbatella, quien mañana hará uso de la palabra junto a representantes jurídicos del Estado, en la segunda ronda de la audiencia pública.
“La regulación del mercado audiovisual es importante para que no haya un gigante toma-todo que lo lesione. Entonces, se ve que quienes defienden la constitucionalidad de esta ley lo hacen guiados por el principio de consolidar la democracia. Y quienes defienden la inconstitucionalidad, defienden los intereses sectoriales de una empresa, su rentabilidad, su posición dominante que construyeron con sus vínculos con la dictadura militar, con la década del 90, extorsionando a cableoperadores de provincias cuando tenían el monopolio del fútbol. Ese poder lo usaban también para extorsionar a los poderes públicos, condicionar a la democracia”, expresó el titular de la AFSCA sobre el conflicto y remarcó que “es evidente que están buscando la vuelta para sostener su situación de privilegio, Los argumentos de Clarín son muy poco sólidos”.
Para el abogado Víctor Abramovich, que expuso en nombre de la Universidad Nacional de Lanús como amicus curiae que defiende la constitucionalidad de la ley, “el encuentro fue importante”.
“Cada organización presentó sus argumentos y estuvo claro cuáles son los enfoques opuestos sobre la ley, sobre la libertad de expresión en general y sobre el rol del Estado en la regulación de los medios. En muchas de las intervenciones de los que impugnan la ley, hay una mirada sospechada sobre lo que puede hacer el Estado. Nosotros reivindicamos el derecho del Estado de garantizar el acceso a la esfera pública de toda la población. Partimos de la base de que estamos en un mercado fuertemente concentrado y que la regulación no es solamente una facultad sino un deber”, señaló el especialista.
En respuesta a lo dicho por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que habló en favor de la posición de Clarín, Abramovich sostuvo que se debe pensar en términos de ciudadanos y no de consumidores. “La idea de que este es un tema de consumidores pasa por reconocer que la información es una mercancía. Y nosotros creemos que hay que pensar las relaciones entre la sociedad y los medios en términos de ciudadanía, no de consumo”. Por último, destacó que la audiencia se haya dado “de cara a la sociedad”, porque “los debates judiciales no deben ser cerrados”.
La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, calificó a la jornada como “interesante”. “Pudimos escuchar distintos argumentos, y hemos notado que la perspectiva del Grupo Clarín es de un paradigma anterior, que ha sido autoritario, mercantilista y liberal. Defienden un derecho patrimonial y lo que hemos venido a expresar desde la Defensoría del Público es el nuevo paradigma en materia de comunicación, con la perspectiva de los derechos humanos. Decimos que ya no hay más usuarios y consumidores, que hay sujetos de derecho, que las audiencias tienen derecho a poder expresar sus puntos de vista y no ser silenciadas. Hemos explicado las consecuencias de la concentración comunicacional: cómo se han silenciado voces, cómo han desaparecido señales, cómo se han perdido puestos de trabajo en todo este camino”, resumió.
“No se puede elegir si no hay opciones. Si uno grita y el otro susurra, no se puede elegir. Los representantes de Clarín están en un paradigma anterior, pareciera que están hablando en una Argentina de hace treinta años. Y no es que nosotros estemos a la vanguardia sino que el pueblo argentino ha decidido tener una comunicación democrática”, manifestó.
Y concluyó con un fuerte llamado a la Corte: “Creemos en la constitucionalidad de esta ley. El escenario del Grupo Clarín en cuanto a la concentración económica y mediática que tiene en Argentina no sería posible ni en Italia, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. En Argentina tampoco, si no hubiera sido por las cautelares que tuvo del Poder Judicial. Si hubiera sido por sus legisladores y por sus manifestaciones populares, tampoco tendría hoy la concentración que tiene. Y sin embargo la ha tenido gracias al Poder Judicial; ahora lo que resta es que la Corte falle en la cuestión de fondo y declare la constitucionalidad de los artículos en disputa”.
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