Lo dispuso la Sala I de la Cámara Federal porteña, que ratificó el fallo de primera instancia del juez Luis Rodríguez. En noviembre pasado, el multimedios acusó a Roberto Caballero y a sus colegas Sandra Russo y Javier Vicente por "incitación a la violencia colectiva en perjuicio del Grupo". Para la justicia, sólo ejercieron su libertad de expresión.
La justicia puso fin a la persecución que el Grupo Clarín había iniciado en noviembre pasado contra periodistas y funcionarios públicos por opinar distinto. La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la denuncia penal que impulsó el multimedios por "incitación de la violencia colectiva en perjuicio del Grupo" y ratificó que las opiniones vertidas se enmarcan en "el ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión".
En una decisión saludable para la democracia, la Sala I del tribunal consideró que "la difusión de ideas opuestas y/o divergentes a aquellas propagadas por el Grupo no resulta más que el ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión, sin que se advierta en esta proclamación la creación de un peligro cierto de causar actos de violencia ni la intención de incitar a cometer actos ilícitos". Así, los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero ratificaron la decisión del juez federal de primera instancia Luis Rodríguez, que ya había desestimado la acusación contra los periodistas por "inexistencia de delito".
La denuncia, un claro ataque a la libertad de expresión, había sido presentada el 22 de noviembre de 2012 por el apoderado del multimedios, José María Sáenz Valiente, y alcanzaba a los periodistas Roberto Caballero; Sandra Russo, panelista del programa 678; y al relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente, entre otros.
Al respecto, Roberto Caballero manifestó: "Es una alegría. Creo que el Grupo Clarín se equivocó con nosotros, como ahora se está equivocando con Víctor Hugo Morales (a quien denunció por daños y perjuicios). Queda demostrado así que la única amenaza a la libertad de expresión es una corporación económica que pretende amordazar judicialmente a los periodistas que decimos lo que Héctor Magnetto no quiere escuchar".
En este marco, Caballero añadió: "Espero que la Corte defina la constitucionalidad de la Ley de Medios cuanto antes. Cuatro años fue mucho tiempo. Es tan mala una Corte adicta como una Corte opositora. La Ley debe ser pareja para todos, y eso incluye a Magnetto".
En su acusación, el multimedios había sindicado a Caballero como uno de los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular", por un análisis que realizó en el programa 678, el 4 de octubre pasado, durante la protesta de Prefectos y Gendarmes.
De acuerdo al Código Penal, este delito se aplica a quien "públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación" y la pena conlleva de tres a seis años de prisión. En su presentación, Sáenz Valiente también apuntó que los hechos denunciados "podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", que el Código Penal aplica al "que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad". Este delito se sanciona con dos a cuatro años de reclusión.
En su voto, el juez Ballestero fue contundente: "La figura penal requiere la estimulación para actuar, algo que no se verifica". En tanto que Freiler y Farah señalaron que las opiniones cuestionadas "en modo alguno reúnen las exigencias típicas del delito contemplado". Así, la Cámara Federal dio por tierra con la intención del grupo mediático de silenciar a quienes opinan distinto.
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