La AFIP tiene en la mira un entramado de sociedades vinculadas al vicepresidente de la Legislatura porteña. Fortuna oculta y propiedades de lujo bajo sospecha.
Cristian Ritondo es un hombre afortunado. En el sentido político, y en el literal. En el primer rubro, el chico que asomó como puntero de su Mataderos natal supo amasar su envidiable capital político en los arrabales de Villa Lugano, Barracas y otras barriadas del olvidado sur porteño. A diferencia de muchos colegas de distrito, que jamás cruzaron la avenida Rivadavia salvo en etapa preelectoral, Ritondo armó una sólida base territorial que, con pericia, supo poner al servicio del mejor postor, ya fuera el PJ del turco innombrable, de Duhalde o el PRO.
El primero en rentar sus servicios fue el ex intendente Carlos Grosso, que lo nombró subsecretario de la Juventud de la ciudad. De aquella experiencia el muchacho se llevó dos cosas: una estrecha relación con Miguel Ángel Toma y un procesamiento por presunta malversación de caudales públicos que durante años lo tuvo a maltraer. Con Toma, en cambio, todo fue en ascenso. El ex jefe de la Secretaría de Inteligencia duhaldista lo paseó por varios pasillos del poder, desde la SIDE hasta el Ministerio del Interior, pasando por el Congreso y la Legislatura porteña, donde hoy Ritondo ejerce la vicepresidencia primera como uno de los pilares del PRO de Mugrizio Macri, el procesado jefe de gobierno porteño.
En su intenso recorrido por la función pública, sin embargo, Ritondo no descuidó el desarrollo de sus emprendimientos comerciales, tan prósperos como sospechosos, según evalúan en estos días los sabuesos de la AFIP. Lo primero que les llamó la atención fue su gran capacidad de ahorro: los pesquisas impositivos le adjudican un patrimonio de 4 millones de pesos, cifra que contrastaría con un modesto consumo que no superaría los 10 mil pesos al mes. El dato desató una madeja de sociedades y propiedades –se le atribuyen más de diez inmuebles esparcidos en countries, chacras y barrios cerrados– que orbitan en torno al hombre que aún tiene su domicilio fijado en Lugano sur. Con un detalle adicional: en las planillas del organismo impositivo, el legislador del PRO figura como un incumplidor fiscal serial.
Una de las sociedades auscultadas es Emprendimientos Rivadavia S.A., donde Ritondo comparte directorio con su madre, Zulma Robles. Los sabuesos investigan una decena de inmuebles vinculados a la firma en los que se habrían detectado irregularidades varias, como la subvaluación fiscal. Bajo esa sospecha se encuentra un PH ubicado en Arregui 5137 que habría sido escriturado por 220 mil pesos en 2010, cuando el valor real del inmueble, según los pesquisas, supera los 600 mil. La misma sospecha corre para una propiedad adquirida en el Barrio La Herradura, un country de Pinamar que el legislador habría adquirido en 407 mil pesos cuando el valor de un lote en plaza supera los 600 mil. La Chacra La Alameda, ubicada en el kilómetro 145,5 de la ruta 7, es un emprendimiento rural que consta de dos partidas, aunque se habría escriturado una sola en julio de 2012 por 450 mil pesos, cuando en la zona se le adjudica a esos terrenos un valor de mercado superior a los 2 millones de pesos.
Otra media docena de propiedades están en la mira de los sabuesos por encontrarse declaradas en construcción, por lo tanto sin valuación fiscal, pero adquiridas a precios inferiores al valor de mercado. Un caso: la sociedad adquirió una propiedad por 445 mil pesos en el Pacheco Golf Club de Pacheco, donde las expensas superan los diez mil pesos al mes. Según inmobiliarias del ramo, nada se compra allí por menos de un millón de dólares. Los sabuesos observaron situaciones similares en Basualdo 455 –adquirida en 1,3 millones de pesos en 2011–, Araujo 536 –escriturada en 360 mil pesos en marzo de 2012– y el PH de Emilio Castro 6483, declarado en construcción pero, a la vez, domicilio fiscal de la señora Robles y de la sociedad.
A pesar de tener una decena de propiedades a su nombre, Emprendimientos Rivadavia no exhibiría su prosperidad ante el fisco. En la AFIP afirman que, entre otras cosas, la firma no presentó sus últimas declaraciones juradas de ganancias, no posee sus ingresos bancarizados –lo que dificulta seguir la ruta del dinero– y maneja ventas por un monto cercano a los 6,4 millones de pesos pero tiene apenas una empleada declarada, Cecilia A. Carral, quien además trabaja como secretaria de Ritondo en la Legislatura, lo que le debe facilitar la tarea de mantener al tanto a su jefe de los pormenores de su empresa.
En el PRO nadie puede horrorizarse con el hecho de que una de sus espadas haga dinero con el negocio de la construcción. El propio jefe de gobierno proviene del ramo y su principal asesor, Nicolás Caputo, es un poderoso desarrollador inmobiliario de la ciudad. El primo de MUGRIZIO y heredero de la constructora del clan Macri, Angelo Calcaterra, es otro de los que suelen hacer buenos negocios apilando ladrillos en la ciudad. Una de las firmas de Calcaterra que opera en suelo porteño es Creaurban S.A. En esa empresa trabaja Gloria del Valle Goytía, quien a la vez oficia de tesorera de la Asociación Civil Nuevo Proyecto, cuyo presidente, desde 2011, no es otro que Ritondo. La asociación tiene su número de CUIT inactivado por la AFIP, al igual que la media docena de sociedades inscriptas en sus dos domicilios relacionados. En uno de ellos –Gelly 3458– ostenta domicilio fiscal Miguel Ángel Toma, mentor de Ritondo y, para la AFIP, monotributista categoría “G”.
Las intersecciones entre funcionarios públicos y emprendimientos privados es un clásico de la ciudad. Ritondo hizo otro aporte a esa vasta historia al inscribir la sociedad Bull Business S.A., donde comparte directorio con Alejandro Fernández, empleado de la Auditoría General de la Ciudad. El vínculo entre los socios, parece, derramó al ámbito familiar: Andrea Karina Novaro, esposa de Fernández, trabaja para la Legislatura -de la que Ritondo es vicepresidente-, mientras que Romina Aldana Diago, esposa del legislador, trabaja con Fernández en la Auditoría General. El mundo, se sabe, es un pañuelo.
Otra firma vinculada a Ritondo que lleva tiempo en la mira de la AFIP es la Maderera San Agustín S.A. El organismo impositivo le canceló el CUIT a través de la resolución general 3358, luego de detectar irregularidades como no presentar declaraciones juradas de ganancias a pesar de haber obtenido ventas por encima de los 3 millones de pesos y movimientos bancarios por cifras superiores a los 5 millones. En el relevamiento de la AFIP se detectó que entre los principales clientes de la maderera estaban las firmas Hidrovía S.A., Techint Cía. Técnica Internacional S.A. y un apellido influyente para el macrismo: la constructora Caputo S.A.
Luego de trazar un mapa de las razones sociales relacionadas, los investigadores estimaron que el universo societario vinculado a Ritondo acumularía reclamos fiscales por unos cinco millones de pesos. No es poco.
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