Los consejos consultivos hicieron llegar la queja a los juntistas por la demora en la aplicación del fallo. El gobierno del PRO no responde.
El gobierno porteño no transfirió ninguna de las funciones de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) a cada una de las quince juntas comunales, pese al fallo de Cámara que las declaró "ilegítimas" en febrero pasado y anuló el decreto que las había creado.
El Ejecutivo apeló el fallo pero la Sala II aún no aceptó que el planteo escale al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tal como pretende la administración que ¿conduce? Mugrizio Macri.
La justicia había exigido, de manera oficial, que se acate el fallo y los ex CGP pasen al control comunal. Mientras tanto, desde los Consejos Consultivos intimaron a los presidentes de cada comuna pertenecientes al PRO para que informen de manera "documentada" el motivo por el que no se cumple la orden judicial.
El 1º de julio pasado, los integrantes del Consejo Consultivo de la Comuna 13 enviaron –vía carta documento– una intimación dirigida al dirigente del PRO Gustavo Acevedo, titular de la Junta Comunal. Allí se le informó que por decisión plenaria del cuerpo, el 26 de junio, se le requería que "en cinco días" proceda a informar, "de forma documentada, la decisión que hubiese adoptado o adoptará a fin de cumplimentar lo dispuesto por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario". En el mismo escrito, recordaron que el tribunal notificó a cada una de las juntas comunales para que "adoptara las medidas que hicieran efectiva la transferencia de las funciones cumplidas hasta entonces por las UAC en favor de la Junta Comunal", ya que se consideró su actividad como "inconstitucional". Asimismo, cargaron contra el dirigente PRO por su responsabilidad como funcionario público y advirtieron que si la misiva no es contestada, podrán iniciarle acciones legales por desacato. "Resulta indispensable que usted se pronuncie concreta y expresamente", concluyeron dos de los representantes vecinales que firmaron. A la fecha, no recibieron contestación.
La carta documento es uno de los ejemplos de que por vía formal o informal, los distintos consejos consultivos han hecho llegar la inquietud a los juntistas por la demora en la aplicación del fallo de la justicia, pese a que pasaron cinco meses desde la resolución judicial. En ninguna de las quince jurisdicciones se llevó cabo la transferencia de funciones de las denominadas "comunas paralelas" diseñadas por el macrismo, confirmaron referentes de Ciudadanos por Comunas, un colectivo que los agrupa.
El día 18 de abril, la Sala II de la Cámara envió una cédula judicial a los presidentes de las Juntas Comunales, y por su intermedio a sus integrantes, notificándoles que las funciones primarias de las UAC –de índole administrativa– debían ser desarrolladas bajo la órbita de la autoridad comunal. Esta información fue ocultada a los consejos consultivos, que están compuestas por miembros de la sociedad civil que deliberan acerca de cuestiones vinculadas a las atribuciones descentralizadas. La mayoría de los consejos de las quince comunas hizo llegar su queja a los presidentes de cada junta, también de manera formal.
Esta situación se suma a diversas denuncias que se han hecho sobre que a casi dos años de electas, las comunas no gozan de jurisdicción presupuestaria autónoma, no tienen recursos propios ni competencias exclusivas transferidas.
Lo mismo ocurre con la participación que por la Ley 1777 deberían tener en las competencias concurrentes con el Ejecutivo y con la potestad para ejecutar algunas obras con participación y control vecinal. Mediante un escrito que circuló sólo entre las máximas esferas del PRO a mediados de abril, el procurador de la Ciudad, Julio Conte Grand, confirmó que la Ciudad no iba a acatar el fallo porque había apelado ante el TSJ. Nada mencionó de la manda judicial que obligaba a la administración PRO a cumplir con la transferencia de funciones a las Juntas Comunales. El documento fue mantenido en reserva, incluso, para los presidentes de cada comuna que responden al macrismo.
DEMANDA. "El decreto 376/11 mantiene en la estructura del Gobierno central competencias que por decisión legislativa corresponden a las autoridades comunales", sostuvo el fallo emitido en febrero por la Sala II, que echó por tierra la resolución de Macri que dio origen a las UAC. La justicia afirmó que el decreto "no se ajusta a las directivas y normas" plasmadas en la Constitución porteña y en la Ley de Comunas, con lo que ratificó que las UAC mantenían funciones superpuestas con las Juntas Comunales.
Los jueces habían hecho lugar a una medida cautelar y luego fallaron sobre el fondo de la cuestión declarando "la ilegitimidad" del decreto. "En suma, el decreto 376/11 parece mantener la misma estructura de los CGPC, simplemente modificando su nombre. Por lo demás, si bien es cierto que el jefe de Gobierno tiene atribuciones para ejercer la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno central con las Comunas, esa atribución se habría de ejercer en el marco establecido por la ley 1777 sin que quepa desnaturalizar ese sistema por medio de un acto reglamentario de inferior jerarquía que se exhiba contrario a la ley", concluyó la sentencia judicial.
APELACIÓN. El gobierno porteño interpuso, a su vez, un recurso de "inconstitucionalidad" contra la sentencia definitiva de la Sala II y basó su queja en una supuesta "arbitrariedad por falta de fundamento", solicitando su revocación por ser "dogmático y arbitrario", aduciendo que viola derechos y principios de raigambre constitucional como garantía de defensa en juicio, división de los poderes y facultades propias del Ejecutivo.
Del mismo modo, consideró que afecta el interés público y compromete la prestación de servicios desconcentrados, se invaden leyes de presupuesto y se sostiene que en cuanto a la coordinación y control de los servicios del gobierno "no puede ser desplazada en todo o en parte" hacia órganos descentralizados.
Los demandantes replicaron los argumentos del PRO. Pero la Sala II aún no tomó la decisión de elevar el expediente al TSJ, algo que no se resolverá, como mínimo, hasta la reanudación de las actividades luego de la feria judicial.
Si hace lugar a la apelación del gobierno porteño deberá establecer si ese recurso tiene efecto "suspensivo" o "devolutivo" sobre su propia sentencia. La decisión podrá sumar presión para revertir la negativa del gobierno porteño a traspasar las facultades que hoy están bajo la órbita de las UAC, y lo obligará a tener que acatar el fallo judicial que viene desoyendo.
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