Inundación en La Plata: otra pulseada judicial por la investigación

Miriam Rosalino, corresponsal en La Plata

El juez del fuero Contencioso exigirá al fiscal penal que no oficialice datos vinculados con las consecuencias del temporal. A partir del 10 de junio serán citados un centenar de funcionarios. La lista de fallecidos sería de 72.

El juez Luis Arias en la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante 

Un conflicto de competencia amenaza con embarrar nuevamente la investigación en torno a las consecuencias de la inundación ocurrida el 2 de abril pasado, especialmente las vinculadas con las víctimas fatales. 

En las próximas horas, el juez del fuero Contencioso que trabaja sobre ese punto, Luis Federico Arias, exigirá vía oficio judicial al fiscal penal Jorge Paolini que cese en sus manifestaciones que dan cuenta de la presunta cantidad de fallecidos, las cuales fueron vertidas en sus presentaciones antes la comisiones investigadoras, tanto del Senado bonaerense como del Concejo Deliberante platense.

El planteo de Arias se basa en la competencia que le otorga el Código Penal, la cual le fuera confirmada por la Suprema Corte bonaerense al resolver a favor de Arias un planteo que había interpuesto el juez penal Guillermo Atencio. Así las cosas, Paolini debe investigar sobre las causas de la tragedia, para determinar las responsabilidades de los funcionarios ante un eventual estrago culposo; y Arias sobre sus consecuencias, vinculadas con los daños y los muertos.

“Aceptamos la colaboración si quiere aportar datos, pero sólo en ese carácter, sin dar por oficial ningún dato”, indicó Arias al confirmar que el oficio será remitido en las próximas horas. Consideró que con esa actitud “interfiere” en la investigación que lleva adelante el Juzgado en los Contencioso Nº 1.

El magistrado reconoció la inconveniencia de volver a hacer un planteo formal por un conflicto de competencia. Por eso, por vía del oficio exigirá a Paulini que cambie su actitud. Lo hará basado en el respaldo que le dio el máximo Tribunal.

Desde el inicio de la investigación, Arias viene hablando (y lo hizo en cuanto ámbito se presentó) de una matriz de impunidad, a la que vincula desde el Ministerio de Seguridad y la Procuradora María del Carmen Falbo, hasta los jueces de garantías y fiscales de instrucción, cuyas actuaciones no son investigadas pese a las denuncias existentes.

Arias reclamará a Paolini que investigue los responsables por la catástrofe, pero también a los funcionarios que después de la misma entorpecieron la investigación. Apunta, sobre todo, a agentes del Registro de la Personas que no aportaron la información por él solicitada tras una denuncia por irregularidades, y de la Morgue, donde no lo dejaron entrar dos días después de la tragedia.

Y cuestiona puntualmente el rol que la policía jugo en la investigación que realizó el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. “Todo lo basó sobre lo que aportaba la fuerza, y está claro que a la Policía hay que correrla”, dijo Arias, quien sostiene que la Justicia tiene las herramientas para llevar adelante su trabajo por sí sola.

En ese terreno, Arias informó de la reserva sobre la investigación para no entorpecerla, por lo que no difundió más datos de fallecidos. Sin embargo trascendió, y así dio cuenta una reciente publicación de la revista La Pulseada, que las cifras de fallecidos que maneja el juez es de 72.

Cita para cien. En lo vinculado estrictamente con la investigación, Arias informó que desde el 10 de junio en adelante comenzará a citar a un centenar de funcionarios (en su mayoría bonaerenses). Son efectivos policiales y funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia y el Registro de las Personas, que son considerados testigos importantes para esclarecer el circuito de los fallecidos durante la tragedia. La existencia de irregularidades y la corrección de los registros públicos son el objeto de estudio en ese terreno.