La iniciativa fija en tres años, como plazo mínimo, los contratos con destino de vivienda y establece que el precio del alquiler mensual no podrá superar al 0,7 por ciento del valor inmobiliario de referencia del inmueble. Además, triplicaría las tasas para inmuebles ociosos.
El proyecto contempla que la vivienda desocupada, como "contraria al interés social", será gravada por el triple de su tributación en los casos en que estén deshabitadas por más de un año.
El ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador del Frente Progresista Popular (FPP), Aníbal Ibarra, explicó que "hoy la ciudad de Buenos Aires tiene un claro desequilibrio en el mercado de los alquileres, en el que los inquilinos deben cumplir con condiciones cada vez más costosas, mientras que muchas viviendas permanecen ociosas por la especulación inmobiliaria".
"Esa situación debe ser subsanada por el Estado, que es quien debe garantizar el derecho a una vivienda digna. Esta ley viene a equilibrar un mercado en el que el gobierno porteño ha dejado que el libre juego del mercado especule sobre su propia falta de políticas habitacionales", agregó.
La legisladora del FPP María Elena Naddeo dijo que "los porteños atravesamos un problema habitacional en el que hay muchas familias que no pueden acceder a una vivienda a pesar de que hay muchas viviendas desocupadas, y eso es por la ambición de los que construyen y por la pasividad del gobierno porteño".
"Las constructoras hace años que han elegido construir torres de departamentos suntuosos en lugar de viviendas familiares, y el gobierno porteño nunca presentó un proyecto de soluciones habitacionales que compense eso ni intentó regular el mercado para evitar este desequilibrio", añadió.
Por su pate, el legislador de Nuevo Encuentro (NE) Edgardo Form señaló que "esta no es una norma contra los propietarios, es una norma para proteger a los inquilinos, para garantizar que todos los porteños puedan acceder a un techo".
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