Las autoridades judiciales del país del Norte tramitaron en Interpol una "circular roja" que habilita la detención inmediata de un sospechoso por su peligrosidad. Arbizu se había presentado ante la justicia argentina un mes antes.
La urgencia y dedicación mostradas por Estados Unidos para solicitar la rápida detención y extradición del arrepentido del JP Morgan, Hernán Arbizu, contrastan notoriamente con la falta de colaboración brindada hacia la justicia local, en los cinco años que lleva la investigación sobre presunta evasión y lavado de activos, y que hasta el momento no arrojó ningún resultado concreto.
Con el objetivo de ser juzgado en Argentina y no en los Estados Unidos por el fraude cometido con los fondos de uno de sus clientes, Arbizu se presentó ante la justicia local en mayo de 2008 para autoincriminarse en una serie de supuestos delitos de evasión y lavado de activos de clientes locales a través del banco JP Morgan Chase, entidad en la que se desempeñaba como vicepresidente de banca privada.
Ante el juez federal Sergio Torres, brindó detalles de sus funciones, entre ellas "ocultar la verdadera titularidad de los activos", en tanto se trataba en la mayoría de los casos de capitales no declarados al fisco, además de una extensa lista de 469 individuos y empresas que operaban a través del JP Morgan, entre los que se encontraban los principales directivos del Grupo Clarín.
Apenas dos meses después, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires tramitó ante la Cancillería argentina "el arresto preventivo con fines de extradición" de Arbizu para enfrentar cargos por fraude bancario en el país del Norte, además del decomiso de los "bienes, documentos y pruebas en posesión del fugitivo", según se desprende de la nota diplomática enviada por la embajada estadounidense. La misma fundamenta el pedido en una orden de arresto emitida contra Arbizu el 8 de julio por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Ahora bien, antes de que comenzara el trámite formal de arresto y extradición, la embajada ya le había informado a las autoridades judiciales de Argentina, particularmente al juez federal Sergio Torres, sobre el estado de "prófugo" de Arbizu a través de una nota presentada el 23 de junio con la firma de William Godoy y Frank Oliva, asesores jurídicos de la sede diplomática en Buenos Aires.
Estos funcionarios fueron los mismos que le habían pedido a Torres, en nombre del FBI, información sobre la causa. En la presentación ante el magistrado, aseguraron que ya iniciaron los trámites para que recayera sobre Arbizu una "circular roja", la que sería emitida por la organización policial Interpol, la misma que tenía sobre sus espaldas –por ejemplo– Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", sindicado como uno de los principales narcos colombianos y detenido en Argentina el año pasado.
La circular roja tiene como función la inmediata detención de aquel al que esté dirigida, es decir, no tiene como fin ni la prevención ni un pedido de averiguación de datos. Por ejemplo, el entonces fiscal ante la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo pidió a Interpol, en septiembre de 2011, que emitiera una circular roja para procurar la ubicación y detención del líder libio Muammar khadafi por crímenes contra la humanidad.
Con carácter "muy urgente", la Cancillería argentina, concretamente el área de Asistencia Judicial Internacional, remitió el pedido de detención preventiva con fines de extradición sobre Arbizu al Juzgado Federal 2, a cargo de Jorge Ballestero, que se encontraba de turno. Unos días después, el magistrado dio vía libre a la detención del ex banquero y el secuestro de "todos los bienes, documentos, y pruebas que se encuentren en su poder al momento de la detención". Lo curioso es que el propio Ballestero reconoció en su escueta resolución que la solicitud tramitada por Estados Unidos ante la Cancillería no cumplía con todos los requisitos formales vigentes en el Tratado de Extradición firmado entre ambos países en 2007, y que exigen "una explicación de las razones que motivan la urgencia de la solicitud", según dice el texto del tratado bilateral.
"No explicitaron la urgencia básicamente porque es injustificable, es decir, no pueden decir ‘no queremos que este tipo hable’, no es políticamente correcto’", comentó a este diario una fuente vinculada con la investigación.
Finalmente, Arbizu fue detenido por Interpol y liberado pocos días después, beneficiado por una excarcelación, previo depósito de una fianza.
Si con Arbizu en libertad la causa tuvo escaso impulso en estos años, no son pocos los que aseguran que la extradición habría sido –en la práctica– el certificado de defunción de la autodenuncia del ex JP Morgan, que involucra a algunas de las mayores fortunas del país.
Lo cierto es que el énfasis puesto por las autoridades estadounidenses para obtener la detención y extradición no se condice con la escasa, por no decir nula, colaboración brindada por las autoridades de ese país a la hora de contestar los requerimientos de la justicia argentina. A tal punto es así que el juez federal Sergio Torres tuvo que reiterar una serie de requerimientos (pedidos de información concreta sobre cuentas bancarias y movimientos de fondos) ya efectuados tiempo atrás, con la esperanza ahora de obtener una respuesta positiva.
"Hasta el día de la fecha no se ha recibido la información requerida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que podría descartar o confirmar la verosimilitud de las manifestaciones que originaron este sumario, particularmente sobre la exactitud de los datos incluidos en el listado aportado por Hernán Esteban Arbizu", consignó Torres en el texto de su resolución de fines de abril pasado.
"El pasado 14 de marzo del corriente año, el coordinador de Cooperación Internacional en materia penal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Martín Solernó, ante el reclamo de falta de respuesta por parte de las autoridades norteamericanas, informó al tribunal que había procedido a reiterar diplomáticamente la solicitud; sin embargo, hasta el día de la fecha, de aquella petición no se ha obtenido ningún resultado", agregó el magistrado, para quien el aporte de las autoridades estadounidense resulta "crucial" para los fines de la investigación. Tanto o más crucial de lo que resulta para los implicados el cajoneo de la causa.
Como diría Gerardo Morales, traspolando la parábola de los ladrillos, si "A" es peligroso por ayudar a "B" a lavar guita... ¿Entonces "B" qué mierda es?
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