La iniciativa impulsada por el macrismo tuvo 35 votos a favor, gracias al apoyo de la Coalición Cínica-ARI. En tanto, tuvo 15 votos en contra y 7 abstenciones. Salvo el diputado Julio Raffo, todo Proyecto Sur se abstuvo de votar. El proyecto fue presentado luego del DNU firmado con el mismo fin por el procesado jefe de gobierno de la Ciudad.
La Legislatura porteña convirtió en ley ayer el proyecto de defensa de la libertad de prensa y expresión, basado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsó el procesado jefe de Gobierno porteño, Mugrizio Macri, y que fue modificado con variantes introducidas por el diputado Julio Raffo de Proyecto Sur y la Coalición Cínica.
La norma fue aprobada con 35 votos positivos provenientes del PRO, Bases para la Unión, Coalición Cínica, UCR y solamente el jefe del bloque de Proyecto Sur, Raffo, mientras que los restantes miembros de la bancada que responde a Fernando Pino Solanas se abstuvieron de votar. En tanto, votaron en contra el interbloque kirchnerista y Buenos Aires para Todos.
Asimismo, la Legislatura porteña aprobó ayer la designación de la camarista Inés Weinberg de Roca que impulsaba el hijo bobo de Franco Macri, en el cargo que estaba vacante desde el 2009 en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
La postulación fue sancionada con 40 votos positivos provenientes del PRO, Bases para la Unión, Buenos Aires para Todos, Coalición Cínica y cuatro diputados de Proyecto Sur, ninguno negativo y 16 abstenciones del interbloque kirchnerista y algunos monobloques.
De esta manera, la actual jueza en la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario pasará a conformar el máximo tribunal porteño que está integrado en la actualidad por Luis Lozano, Alicia Ruiz, José Casas y Ana María Conde, y en el cual estaba vacante el lugar que dejó Julio Meier al jubilarse en octubre del 2009.
Antes del debate, el diputado de Proyecto Sur Rafael Gentili afirmó que Weinberg de Roca recibe dos salarios simultáneamente por su función en el Poder Judicial de la Ciudad y en un Tribunal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas. “Weinberg ejerce el cargo de juez en la ONU, sin autorización del Consejo de la Magistratura, por lo que está violando la Constitución", afirmó el legislador de Proyecto Sur.
Antes de ser sancionada, el legislador Francisco "Tito" Nenna sostuvo que la ley busca corregir "el mamarracho jurídico" que decretó Macri pero "que va en el mismo sentido". “Macri, Solanas y Carrió son los guardianes de los privilegios de Clarín. La ciudad no es un distrito separado fuera de la regulación nacional”, afirmó.
Nenna aclaró que "esta ley busca retrasar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Buenos Aires, que busca garantizar las voces de todos los sectores".
Por su parte, María José Lubertino criticó la normativa porque "devuelve la ley al medioevo" y "desconoce la Constitución Nacional" porque "coloca a la Ciudad en la situación de poder anular una disposición por un órgano nacional".
El dato llamativo de la sesión es que los legisladores de Proyecto Sur, uno de los partidos que promueve la norma adelantaron su voto negativo. Jorge Selser ya habían adelantado su voto negativo y afirmó que "cinco de los seis miembros del bloque no acompañarán la normativa".
"Si se superponen, es un problema del Ejecutivo, no del Legislativo. En todo caso, esperarán a que caiga la vigencia del DNU y promulgarán la nueva ley", dijo, por su parte, Cristian Ritondo, del PRO.
Por su parte, el legislador del Frente Progresista y Popular, Aníbal Ibarra, afirmó que el proyecto sobre la libertad de prensa "es un cambio cosmético que no defiende la libertad de expresión" sino que "está hecho a medida para los abogados de los grupos mediáticos".
"Todo lo que le interesaba al grupo Clarín para intentar trabar la aplicación de la ley de medios está en este proyecto tanto como en el DNU", dijo el legislador al referirse al decreto firmado por el jefe de Gobierno.
"No sólo quieren evitar la aplicación de la ley de medios, sino cualquier apropiación de Papel Prensa", afirmó Ibarra sobre la única planta productora de papel para diario de la cual Clarín y la Nación son sus principales accionistas, en tanto el Estado es socio con el 27 por ciento.
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