Funcionarios de los tres poderes del Estado repudiaron la violencia institucional

Funcionarios de los tres poderes del Estado repudiaron la violencia institucional, durante una jornada de debate que se organizó en el Congreso Nacional, de la que también participaron familiares de víctimas y representantes de organizaciones políticas y sociales.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, declaró que el sistema judicial "no puede llenarse la boca con la defensa de los derechos humanos mientras se tortura en las cárceles y desaparecen jóvenes detenidos".

Gils Carbó se pronunció así al participar del Encuentro sobre Violencia Institucional que se realizó ayer a la tarde en carpas instaladas en la Plaza de los Dos Congresos, luego de un debate inicial realizado al mediodía en el Parlamento.

"La Justicia, para ser legítima, debe ser universal para toda la sociedad", declaró Gils Carbó, en un panel que compartió con la defensora General, Stella Maris Martínez; con el titular de la Comisión Provincial de la Memoria, Hugo Cañón; con el fiscal Abel Córdoba; y con Raquel Wittis, madre de Mariano, un joven asesinado en el 2000 por la policía, que lo confundió con un ladrón.

Tanto la Procuradora como Martínez, Córdoba y Cañón coincidieron en admitir cierta responsabilidad del Poder Judicial en casos de violencia institucional, por su "falta de compromiso con los valores democráticos".

Como ejemplo, la Procuradora remarcó que en los últimos años sólo nueve penitenciarios fueron acusados por torturas de un total de 415 denuncias, que motorizaron apenas una decena de ruedas de reconocimiento.

"La violencia institucional existe porque la justicia mira para otro lado", subrayó Martínez durante su exposición, en la que advirtió además que "la sociedad entera sigue siendo permisiva con la tortura".

Planteó que la violencia institucional "también se da cuando se fijan condenas perpetuas a menores de edad y cuando los jueces civiles dicen que la ley de salud mental no existe porque no está reglamentada".

Cañón, por su parte, entendió que "las fuerzas de seguridad responden a manos que no orientan su actuación, porque tienen connivencia en recaudaciones ilegales".

Este panel fue parte junto a otros siete desarrollados en carpas en la Plaza de los Dos Congresos del Encuentro sobre Violencia Institucional, que arrancó este mediodía en el Salón Azul del Senado, encabezado por el vicepresidente Amado Boudou.

De la mesa de apertura del encuentro -que concluyó con la redacción de un documento- también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.

Zaffaroni evaluó que existe "una enorme deuda política" para solucionar la violencia institucional, opinó que "hay que repensar" a las policías, y denunció que muchos de los delitos que se cometen, como la comercialización de paco, son posibles por la existencia de una red de "encubrimiento".

A las carpas blancas levantadas frente al Congreso asistieron familiares de víctimas de violencia institucional, dirigentes políticos, referentes de organizaciones sociales y sindicales y personalidades de la cultura y de entidades de defensa de los derechos humanos.

La ministra Nilda Garré; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Susana Trimarco, madre de Margarita Verón -la joven secuestrada por una red de trata de personas-; y el titular del Cels, Horacio Verbitsky también fueron partícipes del debate en la plaza.