En 2009, un año después de que Hernán Arbizu se autoincriminara por fugar dinero del Grupo y otras 469 firmas, la embajada pidió datos de la causa directamente al juez Torres, sin autorización de Cancillería ni de Justicia.
A mediados del año 2008, y después de haber realizado una serie de estafas con dinero a sus propios clientes, Hernán Arbizu, el ex banquero arrepentido del JP Morgan, se instaló en la Argentina y, acechado por sus propias conductas, se autoincriminó ante la justicia nacional por haber fugado y lavado dinero de 469 grandes empresas y personas físicas de la Argentina. Presentó nombres, números de cuenta y montos en dinero de grandes corporaciones como el Grupo Clarín y sus directores, los dueños de Edenor, Ledesma, el Grupo Constantini y Bunge.
Hoy, casi cinco años después y a pesar de la existencia de un material testimonial único para un caso de lavado en todo el mundo, la justicia no ha tenido casi ningún avance concreto en la investigación, excepto el pedido reciente de información del juez federal Sergio Torres –quien lleva adelante la causa– a organismos tributarios a nivel local y sus pares en Suiza y otros paraísos fiscales. El planteo de Torres a las autoridades suizas se dio luego de reiterados pedidos de información a funcionarios estadounidenses que, casualmente, nunca fueron respondidos.
Pero las cosas, ciertamente, pocas veces ocurren por azar. Un documento que es parte del expediente de la causa, muestra que un año después de la autodenuncia de Arbizu, Estados Unidos presionó fuerte y en forma directa al magistrado Torres para tener acceso a información del caso, evadiendo todos los protocolos y acuerdos internacionales de cooperación entre Washington y la Argentina, y yendo directamente a operar sobre el juez.
Fuentes de la investigación deducen que se hizo con el objetivo de lograr extraditar a Arbizu para juzgarlo en los Estados Unidos, parando la causa en la Argentina –que atañe a intereses de enormes corporaciones del país– y de esa manera callar al ex banquero para que deje de verter en los medios de comunicación información que perjudica directamente a un banco investigado en todo el mundo por especular con activos financieros. Las autoridades nacionales, como el titular de la UIF, José Sbatella, vienen hace tiempo desconfiando de irrupciones sospechosas de distintos sectores para detener la causa.
Las pruebas: El 29 de abril de 2009, llegó a manos de Torres un escrito de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, firmado por la agregada jurídica del Federal Bureau of Investigation (FBI), Beth D. Mc Conn. No ingresó por mesa de entradas del Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal Nº 12, sino casi en forma directa al despacho del juez.
Bajo el título de "Cooperación con respecto al caso de HERNÁN ESTEBAN ARBIZU", la nota blanquea que "nos gustaría pedirle la siguiente colaboración con nuestras investigaciones del FBI en Nueva York" y agrega que "es de nuestro conocimiento a través de los Dres. Slupski e Iglesias y de la Policía Federal que el sujeto ARBIZU dio una autodenuncia supuestamente admitiendo estar involucrado con fraudes en el Paraguay y en los Estados Unidos". La primera parte refiere a dos causas diferentes que pesan sobre Arbizu en los Estados Unidos, y el segundo párrafo ya muestra irregularidades de proceso: por un lado, la agregada del FBI reconoce que, antes de escribir la carta a Torres, ya había tenido contacto informal con los secretarios de sus propio juzgado (Slupski y Diego Iglesias) y con agentes de la Policía Federal, quienes le habían pasado la información de la causa y la autodenuncia de Arbizu. Y que también le habrían relatado que "el caso abierto a raíz de esa denuncia fue archivado aquí en Buenos Aires por falta de jurisdicción pero que está siendo apelado". Esta parte del texto devela que Estados Unidos sabía ya en 2009 del cajonamiento de la causa de lavado más grande en la historia del país y de las gestiones que estaba haciendo la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante.
Y lo de hablar de la causa "más grande del país" no es simbólico: si se confirman las sospechas sobre presunto lavado de activos por parte del empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez, se estaría hablando –según uno de los arrepentidos de ese caso– de unos 55 millones de euros fugados al exterior; mientras que si cada uno de los 469 denunciados por Arbizu hubiese fugado $ 1 millón de dólares (fue en realidad mucho más), la causa tendría más de U$S 500 millones que, según el ex Morgan, son en más de un 90% dinero en negro.
Siguiendo con la carta a Torres, las intervenciones viciadas de irregularidad de los Estados Unidos en los procesos en Argentina son más importantes hacia el final de la nota que recibió el juez. En el último párrafo se especifica que "nos gustaría también saber si fuese posible obtener una copia de esa Auto-Denuncia del Sr. Arbizu, siempre y cuando esto no pueda perjudicar cualquier proceso legal en andamiento".
Distintos abogados especialistas en Derecho Internacional explicaron que rigen entre la Argentina y los Estados Unidos distintos acuerdos de cooperación en materia penal que, básicamente, preservan la independencia en las decisiones de cada país, pero abren herramientas para que se salden casos delictivos que, por un interés u otro, atañan a esos dos estados. Por un lado, rige actualmente el tratado 25.126, que remite a los procesos de extradición de presuntos delincuentes, y que especifica que cualquier pedido para juzgar a Arbizu o cualquier otro sospechoso en otro país debe pasar por la Cancillería argentina. El segundo tratado vigente es el 24.034, que data del año 1991, y tiene que ver con la facilitación de documentación, datos y precisiones sobre personas sospechadas. Justamente, la nota enviada por el FBI directamente al juez viola estos dos convenios, es decir, evita el protocolo de los estados con una intención claramente sospechosa e injustificada.
El acuerdo 24.034 dice que para ubicar a una persona en el país y tener datos de ella o de una causa de la misma, Estados Unidos debería, a través de su Attorney General, solicitar los datos al Ministerio de Justicia de la Nación. "Y si la autoridad central del Estado requerido deniega la asistencia, dará a conocer" esa decisión a su contraparte norteamericana. En pocas palabras, Estados Unidos se saltó las instancias tanto de Cancillería como de Justicia, para pedirle datos en forma directa a Torres, sin siquiera además la Embajada de Estados Unidos ser imputada en la causa.
Cuando el juez recibió la carta, envío un oficio a la Cancillería e incluyó, en forma automática, el documento a la causa. Desde el entorno de abogados de Arbizu suponen que la nota se adjuntó "para tratar de darle transparencia a la causa". Cabe recordar que, al momento de enviada la nota, y actualmente, el fiscal de la causa es Guillermo Marijuan, el mismo de la causa Báez, que inició pesquisas de oficio, a diferencia de su proceder con la megacausa Arbizu.
La nota no es el único indicio de presiones de los Estados Unidos. En 2012, se conoció una denuncia del propio Arbizu contra dos funcionarios del FBI que, amparados por la embajada, intentaron meterse en la causa para lograr llevárselo del país. El ex Morgan les apuntó directamente a los agregados jurídicos del FBI William Godoy y Frank Oliva, que con total impunidad se presentaron ante Torres para informarle al magistrado la existencia de una orden de detención contra Arbizu. Supuestamente, la orden era falsa ya que el nombre del juez autorizante de la extradición no coincidía con el nombre del magistrado que llevaba la causa en los Estados Unidos.
En este contexto, el letrado patrocinante de Arbizu, Pablo Argibay Molina, pidió que la Corte Suprema investigue las intromisiones, sobre todo por ser violatorias de los acuerdos bilaterales entre ambos países. De todas maneras, no es la primera vez que el FBI interviene en el país sin autorización de las autoridades nacionales. Lo había hecho en 2011 en Córdoba, investigando paralelamente un caso de presunta pedofilia, en el que aparecía, curiosamente, la misma agregada jurídica del FBI que en el caso de la nota a Torres.
Arbizu es, sin dudas, un reo, él se reconoce como tal ante cualquier tribunal, y debe ser juzgado con la misma vara que el resto de aquellos que fueron por él incriminados. Ahora bien, el proceso de extradición del ex Morgan responde a intereses políticos y económicos de peso. Cuando Arbizu llegó a la Argentina en 2008, en plena explosión de la crisis de las hipotecas subprime, él ya sabía de ese estallido hacía por lo menos dos años. En 2007, el Morgan le había bajado línea para que busque clientes en la región sudamericana, aprovechando los efectos de la crisis. Es decir, Arbizu –como el resto de sus compañeros del banco, incluido el ex Morgan y hoy diputado Alfonso Prat el Gay– conocía la quiebra de los bancos Bearn Sterns y Lehman Brothers antes de que ocurrieran y no lo develaron.
En pocas palabras, Arbizu sabía cómo especulaba con dinero ajeno esa entidad, que ahora lo cerca para que no devele semejante estructura operativa. Y a la par están las 469 empresas y personas de la Argentina, entre ellas Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda, el agro nacional y los ricos dueños de countries y negocios inmobiliarios, que apuestan al congelamiento de una megacausa que, de prosperar, será un hito en la lucha contra el lavado y la evasión en toda la región.
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