El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) denunció ante la Justicia Penal de La Plata al intendente Pablo Bruera por "estrago culposo" durante el temporal e inundación de la ciudad del 2 y 3 de abril, que ocasionó más de 50 muertos, se informó oficialmente.
"Las víctimas producidas por el temporal y la inundación fueron consecuencia directa de la insuficiencia del sistema de evacuación de excedentes pluviales y la falta de obras de infraestructura y equipamiento urbano para la localidad”, sostuvo el organismo.
El CIAJ se basó en un estudio realizado por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional local (UNLP) en 2007 y las recomendaciones ejecutadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, durante la controversia en torno a la aplicación de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) de La Plata, en el año 2011.
En la denuncia afirmó que “el estrago que hoy se lamenta es el resultado del accionar negligente de las autoridades municipales y provinciales”.
El Colectivo entendió que el ejecutivo municipal actual "conocía las dificultades que acarrean la transformación y crecimiento de la ciudad, así como la consecuente obligación de intervenir con acciones y obras de infraestructura para su desarrollo urbano".
“Es el Ejecutivo Municipal quien tiene responsabilidad en la aprobación de obras particulares, por tanto en el crecimiento y aumento de la densidad del espacio urbano platense, así como en la provisión del equipamiento y la infraestructura necesaria", afirmó el CIAJ.
Además, destacó que "no se puede obviar que para el manejo de obras de gran envergadura, es la autoridad provincial la encargada de visar y aprobar dichas iniciativas” y pidió "se indague sobre algunas áreas del ejecutivo provincial, como la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial y la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas".
"La relación de determinación entre la conducta omitida por los funcionarios municipales, que desestimaron las recomendaciones realizadas sobre infraestructura y obra pública, y el resultado producido, vale decir la inundación desatada en la noche del 2 y 3 de abril, es incuestionable", se sostuvo en la denuncia.
El organismo indicó que "no se trató de un caso fortuito o de un fenómeno climático excepcional" porque "las lluvias de 2002 y las posteriores de 2005, 2008 y 2010, hacen que las sucedidas en abril pasado no puedan considerarse como un hecho aislado e imprevisible, sino que demuestran la falta de planificación y la ausencia de la acción coordinada del Estado".
Tras la denuncia por estrago culposo, el CIAJ presentó otra en la Fiscalía General del Ministerio Público, sobre "el modo en que se investigan y contabilizan las víctimas fatales del temporal y la inundación".
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