La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó en un operativo que 157 trabajadores eran víctimas de trata laboral, al ser obligados a trabajar en condiciones infrahumanas.
En el operativo, que se realizó a 30 kilómetros de la localidad de Dragones, en el norte de la provincia de Salta, se observó además que había explotación infantil.
En un comunicado difundido ayer por el organismo, se detalla que el responsable de estas vejaciones era un empleador que había declarado ventas por un total de 70 millones de pesos.
Los trabajadores estaban en una finca donde se labraron las correspondientes actas por el delito de reducción a servidumbre, y hacían trabajos vinculados con el desmonte de campos.
En la inspección se visitaron dos predios -que en total suman 16.600 hectáreas- cuyo propietario se dedica al cultivo de maíz, soja, oleaginosas y legumbres secas; así como al transporte de mercaderías a granel y servicios inmobiliarios, informó la AFIP.
Las autoridades nacionales destacaron que trabajaban "mujeres y niños que residían en los campos rurales inspeccionados, en condiciones infrahumanas".
"Habitaban chozas provistas por su empleador, que estaban construidas con plásticos y palos sobre la tierra, sin agua corriente, energía eléctrica, sanitarios, ni sistemas de primeros auxilios ni comunicación", indicaron.
La AFIP detalló, por ejemplo, que la familia de un trabajador (compuesta por el matrimonio y sus hijos de 3 años, 2 años y 6 meses) dormía en una choza armada con palos y tela plástica, con un único colchón, lo que obligaba a algunos de ellos a dormir sobre la tierra.
En el lugar predominaba un ambiente insalubre, con temperaturas extremas y una gran presencia de insectos, víboras y animales, sin contar con medios de traslado y asistencia sanitaria. Las necesidades fisiológicas debían ser satisfechas a cielo abierto, a metros de las chozas y en letrinas.
En cuanto a la alimentación, los trabajadores se veían obligados a comprar las mercaderías a su empleador, quien posteriormente se las descontaba de sus ingresos, con lo cual se veían significativamente mermados.
Además los niños no podían asistir a establecimientos escolares, debido al aislamiento al que eran sometidos y a los trabajos que debían realizar.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal de Orán, y se informó a los organismos del Estado Nacional competentes en la lucha contra el trabajo ilegal, infantil, explotación laboral o sexual y trata de personas, ante la presencia de situaciones de trabajo ilegal.
Tal y como están las cosas, todavía hay que dar gracias que el esclavista hijo de puta dueño del campo en cuestión no haya cagado a tiros a los inspectores de la AFIP.
Esperamos ansiosos la convocatoria de nuestros amigos de Recoleta y Barrio Norte para un cacerolazo de protesta y de repudio.
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