En un oficio a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, González señaló que nunca recibió condicionamientos a su investigación sobre el accionar de Lázaro Báez. El juez Casanello comenzó a analizar los elementos incautados.
La operación periodística destinada a instalar la versión de que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ordenó excluir de la investigación por presunto lavado de dinero al empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez, fue desmentida por el propio fiscal a cargo del expediente, Ramiro González.
A través de un oficio girado a la jefa de los fiscales, el representante del Ministerio Público aclaró en referencia a supuestas "presiones" destinadas a entorpecer el desarrollo de la investigación iniciada a raíz de las declaraciones autoincriminatorias realizadas por Leandro Fariña y Federico Elaskar –quienes se reconocían como partícipes de maniobras de lavado de dinero–, no recibió "presiones por parte de funcionarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ni por otro funcionario o particular, ni de manera directa o por interpósita persona". Lo mismo hizo el titular del organismo señalado, Carlos Gonella.
Mientras tanto, el juez Sebastián Casanello, a cargo de la pesquisa que agrupó todas las denuncias presentadas contra Báez, Fariña y Elaskar comenzó a analizar los elementos incautados en los allanamientos realizados en la financiera SGI, con sede en Puerto Madero, y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) provenientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre varias compañías bajo sospecha.
En el ciclo de humor Periodismo Para Todos de Canal 13, se deslizó la incomprobable versión de que González había elevado un dictamen donde requería investigar a Báez, pero que había recibido orden de la Procuración para excluir ese nombre de la pesquisa y sólo enfocarse en quienes se habían auto incriminado en el informe periodístico: Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Sabido es que en cualquier instancia del proceso pueden imputarse a otros sospechosos de haber sido partícipes del delito investigado, y que no existe impedimento alguno para que cuando se suman elementos probatorios, se amplíen las imputaciones de quienes deberán responder a través de declaraciones indagatorias.
González indicó en un comunicado que "no he recibido presiones por parte de los funcionarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, ni por otro funcionario o particular, ni de manera directa o por interpósita persona". Y añadió que "en el hipotético caso de haber recibido las presiones a las que se hizo referencia, hubiera formulado la correspondiente denuncia penal de manera inmediata por la presunta comisión de un delito de acción pública, toda vez que así me lo exige mi obligación como funcionario público y miembro del Ministerio Público Fiscal".
El fiscal está momentáneamente en la causa hasta que el mañana regrese de licencia su colega Guillermo Marijuán, quien deberá hacerse cargo de la instrucción. En ese momento, si es su criterio, podrá imputar a Báez de acuerdo a la prueba recabada.
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