Un mujer víctima de una red de trata iba a realizarse un aborto no punible cuando el procesado jefe de Gobierno porteño, Mugrizio Macri, dio detalles del procedimiento y una organización consiguió un amparo para impedirlo. Una legisladora lo denunció y la justicia lo mandó a investigar.
El año pasado, una mujer de 32 años, víctima de una violación, había sido autorizada para interrumpir su embarazo, cuando Mugrizio Macri anunció en los medios de comunicación datos claves del procedimiento que se iba a realizar en el hospital Ramos Mejía.
Fue entonces cuando una asociación civil contraria al aborto presentó un recurso de amparo, y la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil N° 106, decretó una medida cautelar que impidió la realización de la interrupción.
Finalmente, tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se suspenda la medida cautelar, y se vuelva a autorizar la práctica de aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía.
Ahora la Cámara del Crimen ordenó que se investigue al doblemente procesado jefe de Gobierno porteño, por haber divulgado los datos de la paciente. Así lo resolvió la Sala VI de la Cámara al hacer lugar a la apelación del fiscal Eduardo Itoyz.
"Compartimos la postura del representante del Ministerio Público Fiscal, por cuanto resulta necesario citar a la denunciante para delimitar, en la medida de lo posible, el objeto procesal a investigar", indicó el tribunal al pedir al juez de primera instancia Raúl García que cite a la denunciante, la legisladora María José Lubertino.
Semanas atrás, el fiscal Itoyz mantuvo el recurso de la fiscal de instrucción Dora Olivieri quien apeló el archivo de la causa dispuesto por el juez en lo Correccional Raúl García, quien había sostenido que no hay una imputación concreta que permita encuadrar los hechos en alguna figura penal.
No hay caso. Macri no sirve ni para repuesto de pelotudo.
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