El escritor uruguayo Eduardo Galeano y el argentino Juan Gelman repudiaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay por sus recientes fallos sobre Derechos Humanos y exigieron el fin de la impunidad en el país.
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| Eduardo Galeano y Juan Gelman |
En una carta abierta divulgada días pasados en Montevideo, los dos más grandes escritores rioplatenses vivos condenaron el traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil, en momentos en que la magistrada tenía abiertas unas 50 causas por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985).
Tras la marcha del último lunes que, en silencio, repudió las últimas decisiones de la Cortes Suprema y de la que Eduardo Galeano participó, los escritores dieron a conocer el texto “La justicia en su laberinto: cuando las leyes son más importantes que los derechos humanos”.
En su texto, Galeano y Gelman, hacen referencia a la declaración de inconstitucionalidad de una ley de 2011 que declaraba a esos delitos como de lesa humanidad y restauraba la pretensión punitiva del Estado, caducada en 1986, cuando atendiendo a intereses militares el gobierno del colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) presionó al Congreso para que votara una ley de impunidad.
"Más allá de una disputa técnica y sobre la filosofía que rige y cambia cada cierto tiempo las obviedades jurídicas, nuestro reclamo se basa en valores más universales y permanentes, como son la garantía de los derechos individuales más básicos, como la integridad física, la libertad, y la reparación moral", señalan los intelectuales en su declaración.
Según la carta abierta, con la degradación de Mota y la declaración de inconstitucionalidad de la ley que restituía la pretensión punitiva del Estado, la SCJ consolidó la "consagración de la impunidad para los peores criminales de lesa humanidad de la historia moderna de Uruguay".
El texto agrega que "el Estado y el propio Poder Judicial pusieron toda clase de obstáculos a sus investigaciones, además de cuestionar su compromiso con la lucha por la vigencia de los derechos humanos, cuando deberían ser su principal garante".
El documento está firmado también por el argentino Emilio Cafassi y el uruguayo Jorge Majfud, definidos como "intelectuales y trabajadores de la cultura y el conocimiento", que repudian estas decisiones de la SCJ y exigen "el fin de la impunidad y la condena de todos los criminales del terrorismo de Estado en Uruguay".
Por estas razones, concluyen, "rechazamos cualquiera de las excusas que niegan el derecho a la justicia y la verdad. Sin verdad no hay paz, sin justicia no hay democracia".
La carta de los intelectuales se suma a las múltiples críticas internas que ha recibido la SCJ y a la fuerte condena formulada el miércoles por Amnesty International (AI), que sostuvo sin eufemismo alguno que "la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ampara la impunidad".
Las medidas dispuestas por la SCJ supone, a priori, que ningún violador de los Derechos Humanos pueda ser juzgado, ya sea porque las causas quedaron sin juez o porque los torturadores se ampararán en larestaurada ley de impunidad.
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