El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dio un discurso en el que trató el pedido de "democratización" de la Justicia. "Las corporaciones deben respetar el estado de Derecho", afirmó el magistrado en una exposición plagada de definiciones.
“La Corte Suprema es una institución muy importante porque es la que debe interpretar la Constitución y defender el estado de Derecho. Es la que debe garantizar el derecho de todos los argentinos, con independencia de todo poder: jurídico o fáctico”. Con esas palabras, el presidente del máximo tribunal del país, Ricardo Lorenzetti, comenzó su discurso de apertura del año judicial.
El magistrado afirmó que "las corporaciones deben respetar el estado de Derecho". Y agregó: "El poder judicial debe cambiar".
El juez habló sobre el funcionamiento de la Justicia y repasó los ejes de trabajo de la Corte, en materia de libertad e igualdad. Lo hizo ante un auditorio repleto de legisladores, miembros de asociaciones de la sociedad civil y trabajadores del Poder Judicial. En el público, se pudo ver a Hermes Binner, Ernesto Sanz, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. Quienes no asistieron son la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general Stella Maris Martínez, principales impulsoras del movimiento Por una Justicia Legítima.
“Desde su fundación, el tribunal defendió el derecho a la libertad de expresión, ejerciendo la crítica en una sociedad democrática, y también la publicidad oficial, en tanto sea un mecanismo de censura indirecta. El tribunal defendió a la propiedad en un sentido amplio”, dijo al hacer referencia a la crisis de 2001 y a las medidas adoptadas por la Justicia en ese contexto.
“La libertad ha sido la bandera de la primera generación de derechos humanos y nunca debemos olvidarlo porque al Corte debe proteger la libertad de los habitantes de nuestro país. Hemos consagrado el derecho a la intimidad, hemos hecho un reconocimiento pleno de la privacidad y sobre todo, la afirmación de que existe un espacio en el que una persona adulta puede vivir como quiera. Pero la libertad también es agraviada cuando se detiene sin proceso, se tortura o las condiciones de prisión son no son dignas y los jueces no hacen nada. Por eso, el sistema carcelario debe reunir unas condiciones mínimas para el tratamiento y recuperación de los detenidos. Las garantías del debido proceso no son incompatibles con niveles de seguridad adecuados”, expresó.
Al referirse a la igualdad, Lorenzetti mencionó las decisiones de la Corte en materia de movilidad jubilatoria, derechos laborales, acceso a la salud, derecho a una vivienda y alimentación dignas y derechos de los consumidores. También se refirió a las cuestiones ambientales -“la lucha es ahora y debemos ser firmes, como lo hemos expresado en relacion a la ley de glaciares”- y de género. En ese sentido, recordó el fallo sobre abortos no punibles. “Las corporaciones deben respetar los principios del estado de Derecho, y esto no se aplica solo en la política ambiental”, cosignó.
“La Corte ha tenido más cambios en estos cinco años que en toda su historia. Estamos de acuerdo también en que el Poder Judicial debe cambiar y esos cambios deben ser en beneficio del pueblo”, expresó Lorenzetti.
"En nuestro país y en casi todo el mundo, el pueblo quiere dos cosas fundamentales: una Justicia más accesible y una Justicia más rápida”, enumeró. En cuanto al acceso, se refirió a la comisión “que lidera la doctora Highton para que haya más mediación y menos juicios”. Sobre la rapidez, afirmó que “la justicia lenta no funciona. Hemos hecho una política de Estado en el tema vinculada a la gestión en la informatización y necesitamos reformas legales para acelerar los procesos”.
En ese momento, el titular de la Corte propuso reglamentar un tipo especial de procedimientos para las tragedias. “Cada uno de los argentinos tiene en su memoria y en su corazón el nombre de una tragedia: Río Tercero, Lapa, juicios de lesa humanidad, AMIA, Once. Las tragedias colectivas se transforman en tragedias judiciales porque los procedimientos son antiguos, no están pensados para las grandes causas. Hay que hacer reformas en la justicia para que discutamos un proceso especial en estas tragedias”, lanzó.
Y pidió: “Es necesario que se nombran más jueces y que los jueces hagan esfuerzos para que los que sufren injusticias no sufran demoras injustificadas”.
“En los años '30, la Corte convalidó la legislación de facto. Hemos reconocido esto y lo hemos cambiado. Hemos creado la categoría de delitos de lesa humanidad que permitió declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, de los indultos y abrir los juicios. Debemos cuidar la memoria y sentar las bases para que nuestros hijos y nietos puedan discutir libremente y soñar con cambiar el mundo sin que nadie los persiga. La Corte ha dicho 'nunca más', como lo reclamara el pueblo argentino”, avanzó.
Y siguió: “La Corte no debe gobernar, debe ser consistente con las mayorías del pueblo, con lo que van haciendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de las leyes. Pero no siempre es así, porque hay suficiente experiencia en el mundo que demuestra que mayorías hay tomado decisiones inconstitucionales. Por eso existen los derechos humanos, por eso es que las decisiones de las mayorías pueden ser declaradas inconstitucionales por los jueces, por eso la Corte mantendrá siempre los principios de la Constitución”.
“Debemos concentrarnos en los grandes temas y no en las peleas entre vecinos. Los que preocupan a nuestro pueblo y a las generaciones futuras. La Corte debe ser el poder del estado que construya el diseño de un país. Nunca le hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino lo que es contrario a la Constitución”, consideró el juez.
“Nunca más y nunca menos, esa es nuestra función. EL PJ y la Corte Suprema han dado un paso más en los años de democracia. Por eso decimos que debemos trabajar para que nuestros jóvenes tengan un futuro mejor. Tengamos ideales de altura, construyamos un gran modelo constitucional. Con nuestra identidad, la identidad latinoamericana, con defensa de los DDHH del ambiente, de las garantías del debido proceso”, concluyó.
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