La habilitación de la feria para tratar la cuestión de fondo fue resuelta por la Cámara el viernes, y se notificó hoy a las partes.
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal aclaró ayer que habilitó la feria judicial para tratar la cuestión de fondo planteada por Clarín contra la ley de Comunicación Audiovisual, en base a la “expresa recomendación de la Corte Suprema” para que “las cuestiones debatidas en autos” sean resueltas “a la mayor brevedad posible”.
En solo dos carillas -difundidas minutos antes de las 11:30- los camaristas Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Francisco de las Carreras explicaron que el tribunal habilitó la feria “al solo efecto de la sustanciación de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia”.
La habilitación de la feria para tratar la ley de Medios fue resuelta por la Cámara el viernes, y se notificó hoy a las partes.
En la resolución también aclararon que “se desestima el pedido de habilitación de días y horas inhábiles durante el mismo lapso”, tal como lo había solicitado la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) cuando pidió la “habilitación de días y horas inhábiles dentro de la feria”.
Los jueces recordaron que “la situación del Tribunal de Feria es excepcional, pues está reservada para asuntos que no admitan demora, es decir cuando la falta de un resguardo o de una medida especial, en un momento determinado, puede causar un perjuicio irreparable o frustrar un derecho”.
“Desde esa perspectiva corresponde señalar que no se advierten verificados ninguno de los presupuestos mencionados en el considerando anterior respecto de la situación jurídica y fáctica de ambos peticionantes”, sostuvieron los jueces en referencia a la Jefatura de Gabinete y la AFSCA.
En ese sentido, añadieron que “tampoco se observa que concurra un gravamen institucional para los solicitantes tal como tiene dicho para esta causa la Corte Suprema”, y explicaron que el máximo tribunal “habilitó días y horas para que se dictase la sentencia definitiva” y “dicho temperamento fue dejado sin efecto por el juez ‘a quo’ (Horacio Alfonso) una vez dictado ese pronunciamiento”.
“No obstante la conclusión alcanzada, esta Cámara no puede soslayar la expresa recomendación de la Corte Suprema en la última resolución” para que la Sala “se expida dentro de la mayor brevedad posible respecto de las cuestiones debatidas en autos y que se encuentran sometidas a su conocimiento”.
Para la Sala de feria esa recomendación “importa considerar, también, las diligencias necesarias para que el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión”.
“En tal inteligencia y conforme a una interpretación amplia que atempere el rigor formal de lo previsto por la ley para la materia, corresponde proveer de conformidad al pedido de habilitación de la feria judicial al solo efecto de la sustanciación de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia” que declaró la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios.
En este marco, cabe recordar que la semana pasada el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, sostuvo que la recusación presentada en su contra por el Grupo Clarín “es una nueva maniobra para ganar tiempo y dilatar la aplicación integral de la ley”.
“Clarín sabe que la ley es constitucional y que más tarde o más temprano se va a aplicar”, aseguró Sabbatella al referirse a la presentación realizada por el multimedio para que él no intervenga el expediente referido al proceso de adecuación que debería realizar ese grupo en el marco de la nueva norma. “Buscan las mil y una artimañas para demorar su cumplimiento”, agregó el titular de la AFSCA.
“Es absurdo que intenten recusarnos porque queremos que cumplan con la ley todos los grupos empresarios, sin excepciones ni privilegios”, opinó Sabbatella.
Y agregó: “Seguiremos trabajando en el mismo camino, porque se trata de una ley, porque es nuestro deber hacerla cumplir y porque ese es el mandato de la Presidenta”.
En la misma línea, sostuvo que “parece que algunos todavía se resisten a entender que en la Argentina se terminaron las situaciones de privilegio, que las leyes son iguales para todos y que es el Estado quien debe garantizar que se cumplan”.
En tal caso, agregó, “aquellos que se niegan a cumplirlas son los que deberían explicarle a toda la sociedad por qué pretenden que la ley sea una para todos y otra para ellos”.
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