Tiempo de descuento

Por Agustín Álvarez Rey, para Miradas al Sur

 

La decisión del Grupo Clarín de recurrir a la Corte Suprema, la posición del Gobierno frente a la estrategia y algunos de los posibles escenarios que genera la maniobra del holding.

 

La cuenta regresiva está en marcha. Tan sólo 12 días le restan al calendario para alcanzar el mentado 7D. Un estado de tensión permanente acompaña, desde los distintos sectores del oficialismo, el paso de los días con la conciencia de que los intentos del Grupo Clarín para mantenerse al margen de la legalidad no cesarán.

 

El pedido del Grupo Clarín ante la Corte Suprema de Justicia, realizado el último miércoles, para solicitar la extensión de la medida cautelar que rige hasta el 7 de diciembre y el tenor de los argumentos utilizados en la interposición del recurso, parecen darle la razón a los distintos sectores del oficialismo que prevén un sin número de nuevos recursos judiciales.

 

Los hombres que desde los distintos ámbitos se ocupan de seguir el desarrollo de la causa no dudan en decir que a cada acción administrativa que lleve adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual durante los cien días hábiles que se prevén para la adecuación de oficio, a partir de la caída de la medida cautelar, le sucederá un nuevo recurso judicial del multimedio.

 

La síntesis de este pensamiento la expresa el senador y miembro del Consejo de la Magistratura, Marcelo Fuentes (FpV). “Van a apelar cuanta medida administrativa exista y ejecute la autoridad de aplicación”, estimó el neuquino.

 

De cara a lo que vendrá después del 7D, Fuentes recuerda que “la ley fue posible por la movilización que la acompañó, por el nivel de debate que generó y el acompañamiento popular”. Su postura apela a “movilizarse de la misma manera para que la Ley se aplique. Si te dormís sos cartera”, dice el senador.

 

El pedio del Grupo Clarín, que fuera definido por el ministro de Justicia Julio Alak como un “per saltum de hecho” para acceder a una “cautelar eterna”, se sustancia cuando todavía -tras tres años de proceso- no se ha dictado un fallo acerca de la constitucionalidad del artículo 161, que promueve la desinversión de los grupos económicos que tengan una cantidad de licencias que excedan las contempladas por la norma. La causa espera en la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, donde las irregularidades en la designación de los jueces subrogantes han demorado el trámite.

 

En ese sentido, Fuentes cree que el pedido del Grupo corresponde a que las expectativas que tenían sobre dos cuestiones que se le cayeron: “En primer lugar, que la sentencia de fondo la dicte el juez jubilado Tetamanti. Segundo, que la cautelar fuera extendida por la Cámara. Ahora, que hay designado un juez natural que no es el definitivo, pero que surge de la ley de subrogancia, van a la Corte”.

 

Según Fuentes, la presentación de Clarín argumentado un estado de “indefensión y privación de Justicia”, producto de la falta de resolución sobre la apelación pendiente “forma parte de la chicana de intentar postergar lo impostergable. Lo que buscan es que la Corte se desdiga”.

 

Lo cierto es que la petición de Clarín puso en la cancha a un jugador que, si bien estaba en los planes de propios y extraños, no parecía estar reservado para el final del partido.

 

Desde el mundo de la Justicia sostiene que la Corte Suprema no se avocará al caso en cuestión, ni a ningún otro a pedido de parte. “La Corte se avocará a lo que consideré necesario sin hacer caso del pedido de parte, y así comenzará a generar jurisprudencia”, explicó uno los hombres cercanos a los siete magistrados que integran el tribunal.

 

La corte suprema. El planteo del Grupo Clarín de cara al 7D apura los tiempos procesales.

Por su parte, Fuentes hizo hincapié en las contradicciones en la que cayó el Grupo Clarín, tras fustigar al oficialismo por la sanción del per saltum para luego solicitar el avocamiento de la CSJN. “Lo contradictorio es que hace una semana destrozaban el proyecto del Ejecutivo y, ahora, una semana más tarde, piden el recurso de hecho”.

 

En tanto, para la diputada del Frente para la Victoria y también consejera de la magistratura, Stella Maris Córdoba, el pedido de Clarín de extender la medida cautelar es una “presión mediática y corporativa del grupo monopólico” a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

 

En este marco, los hombres de la empresa y del oficialismo que suelen recorrer los pasillos del Palacio de Tribunales manejan dos hipótesis. La primera contempla que el tribunal rechace en breve el pedido de avocamiento de Clarín sin profundizar en sus consideraciones. La segunda plantea que la Corte de traslado al Ejecutivo como contraparte del planteo; lo que desembocaría, luego de la contestación del Estado nacional, en la resolución del planteo.

 

A nueve días hábiles del 7D, los tiempos procesales complican a la Corte. En caso de que opte por avocarse puede emitir una resolución antes de la fecha de caducidad de la medida cautelar vigente. Así las cosas, el próximo martes, comenzará una nueva semana clave para saber cual será el futuro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.