La Sala Primera de la Cámara del Crimen rechazó un recurso del jefe de gobierno que pretendía revisar la anulación de su sobreseimiento. Para el tribunal, todavía no se indagó claramente si el alcalde consintió el plan de agresiones.
El jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri, sufrió un nuevo revés en la causa en la que es investigado por los presuntos malos tratos y vejámenes que habrían aplicados a indigentes en situación de calle agentes de la ex Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP). Por mayoría, la Sala Primera de la Cámara del Crimen le rechazó un recurso de Casación por el cual el líder del PRO pretendía que el máximo tribunal penal revisara el fallo que anuló su sobreseimiento y virtualmente dispuso que se lo vuelva a investigar.
En resumidas cuentas, se trata de determinar si Macri sabía de las formas y los métodos con los que la UCEP intentaba despejar los espacios públicos de pobres que no tienen techo, y más aún, si en alguna oportunidad indicó alguno de esos violentos desalojos.
Los camaristas Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos rechazaron el recurso de casación interpuesto por los abogados de Macri en este expediente, Alejandro Pérez Chada y Eduardo Bonino Méndez. Esos mismos jueces dictaron, el 26 de abril pasado, “la nulidad del auto de sobreseimiento a favor de Mugrizio Macri y del dictamen fiscal por el que se postuló la desvinculación del imputado de las presentes actuaciones”.
El hijo bobo de Franco Macri había sido sobreseído en diciembre de 2011 por la jueza de instrucción María Fontbona de Pombo, a instancias de un dictamen del fiscal Marcelo Roma. Pero para la Cámara -que en aquella oportunidad, al igual que ahora, votó dividida- la medida que beneficiaba al jefe de gobierno “no supera el control negativo de razonabilidad y logicidad, por lo que no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido". Para el tribunal, no se investigó si Macri consintió, tácita o explícitamente, las agresiones de la UCEP.
Macri fue indagado hace un año, el 1 de julio de 2011. Para ese entonces, ya había faltado a tres citaciones. Un escrito que presentó (no respondió preguntas) bastó para que primero fuera beneficiado con una “falta de mérito” y luego resultara sobreseído. Pero el abogado Adrián Albor, el mismo que defiende en los expedientes penales al piquetero Luis D’Elía y que en esta causa representa a Graciela Cisneros, una de las víctimas de la UCEP, apeló la medida y consiguió la reapertura de la investigación.
La UCEP fue disuelta, pero durante su corta historia recibió una veintena de denuncias sobre vejámenes y malos tratos a los indigentes. Incluso una de las víctimas denunció que fue manoseada por los agentes de la Unidad cuando la desalojaron.
El planteo de Macri para llegar hasta la Casación fue rechazado “in límine” (sin mayor tratamiento) por el tribunal, que consideró que no se trata de “sentencia definitiva o equivalente” y, en consecuencia, no está habilitada la intervención del principal tribunal penal del país.El revés de Macri sirvió, también, para desnudar una vez más una pelea que es la comidilla de tribunales, entre los jueces Rimondi y Bunge Campos, y el tercer integrante de la Sala, Alfredo Barbarosch. Justamente, este último votó en disidencia y se inclinó por aceptar el recurso de Casación, aprovechando la oportunidad para criticar a sus colegas.
Barbarosch votó en disidencia con una aclaración. “Correspondía profundizar la investigación en relación a la existencia de un archivo digital en el que constaría un requerimiento de actuación formulado por el propio Macri a la UCEP (se trataría de un disco compacto que contiene una planilla de Excel, en la que figuraría el pedido efectuado por el jefe de gobierno, con fecha del 19 de marzo de 2009)”, argumentó. Además, señaló que “resultaría de interés efectuar una experticia acerca de la autenticidad o no de su contenido, como así también si dicho documento fue creado desde computadoras del organismo, o de alguna perteneciente al gobierno porteño”.
El juez disidente recordó que “el fiscal de instrucción Roma propició el sobreseimiento del imputado, siendo que además el fiscal general que actúa ante esta alzada, Ricardo Sáenz, no adhirió al recurso deducido por la querella". De este modo, dedujo que sus colegas “no tenían otra alternativa que arribar a la nulidad del dictamen fiscal” para mantener abierta la investigación contra Macri. Así, opinó sobre “el absurdo de la decisión a la cual se arriba porque no les queda otra alternativa, puesto que si no deberían convalidar lo decidido”, esto es desvincular a Macri de la investigación.
Pobre Antonia. El pelotudo ahora se va a desvelar otra vez y le va a ir a romper las pelotas a la pobre criatura en plena madrugada.
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