Una mujer perdió su embarazo tras los golpes. Ante la justicia, MUGRIZIO Macri no pudo explicar por qué la UCEP actuaba de madrugada.
"Fue la medida más eficiente para formalizar un conjunto de responsabilidades” que tenía su gestión y que se plasmaron en el Decreto 1232/08, donde el gobierno PRO permitió a los empleados del organismo “mantener el espacio público libre de usurpadores”. Así describió el jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri, en junio del año pasado la labor de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) en el escrito que presentó ante la justicia luego de eludir en tres oportunidades las reiteradas citaciones a declarar.
Macri aseguró estar “ajeno” a las imputaciones por maltratos, desalojos violentos, amenazas y sustracción de valores, que se le atribuyen a la patota que dependía del Ministerio de Espacio Público porteño.
En aquella oportunidad el líder del PRO tampoco pudo explicar por qué la UCEP operaba entre las 23 y las 6 de la mañana escudándose en la oscuridad de la noche. “No lo sé, esas cosas las dispone el ministerio”, se limitó a decir el pelotudo.
Sin embargo, el informe presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Defensoría General de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo en 2009 revelan detalles del accionar de la UCEP que mucho distan de brindar motivos de orgullo al jefe de gobierno porteño.
De acuerdo con dicho informe una de las víctimas, que estaba embarazada y perdió a su bebé, declaró en la causa judicial que el 1 de octubre de 2009 a la 1:10 de la madrugada estaba en Pasco al 1300, donde vive. “Allí aparecieron los integrantes de la UCEP y uno que estaba de gorrita se ensañó con ella y le empezó a pegar patadas, puñetazos y trompadas por todos lados... después le pegaron entre varios... le sacaron su colchón, un asiento que tenía. Con todos los golpes que le dieron se cayó y se dio la cara contra el piso. Luego la empezaron a manosear entre más o menos diez integrantes de la UCEP”.
Otro testimonio recogido por la Defensoría del Pueblo y que integra la causa judicial, es el de C. R. G., un trabajador cartonero que denunció que el “30 de septiembre de 2008 entre las cero y las dos de la madrugada, cuando estaba con sus compañeros en la puerta del Teatro Colón, pasó un camión compactador de basura blanco, sin identificación, seguido de una camioneta blanca cuya puerta delantera tenía inscripto el logo del GCABA. Bajaron seis personas, todas vestidas de civil. Les pegaron, les quitaron sus frazadas, tanto a él como a sus compañeros y, como en los otros casos, los amenazaron diciéndole que iban a ir todos los días y que no querían que ellos estén ahí".
En tanto, el párroco de la iglesia del Inmaculado Corazón de María declaró el 9 de octubre de 2008 ante la Defensoría del Pueblo que dos días antes, el 7, en la zona de Constitución al 1000, fue testigo “de una agresión contra A. C. C., de 66 años, quien se encontraba viviendo desde hacía ocho meses debajo de la Autopista 9 de Julio”. Señaló que “entre 20 o 25 personas jóvenes y vestidos de negro quisieron sacar violentamente de su lugar de asiento al señor A. C. C pateando su endeble vivienda y propinándole un puñetazo en el estómago, al tiempo que lo amenazaban con cortarle el cuello”. Se llevaron sus cosas y le dieron 24 horas para abandonar el lugar “o le incendiaban todo”.
Eficiencia PRO. Cualquier parecido con prácticas propias del nazismo no es pura coincidencia.
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