El Tribunal decidió no hacer lugar al pedido de la fiscalía y las querellas de cárcel inmediata para los procesados por la masacre de Trelew y mantener la medida cautelar como hasta ahora. El juicio comenzó ayer en Rawson, con numeroso público.
El juez Enrique Guanziroli dijo que la fiscalía no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el criterio y citó además decisiones de la Cámara de Casación Penal que revocó resoluciones de tribunales inferiores que habían dispuesto cárcel efectiva para los procesados. Además, el Tribunal decisió pasar a cuarto intermedio hasta hoy a partir de las 10.El juicio oral contra cinco acusados por la Masacre de Trelew, concretada el 22 de agosto de 1972 por integrantes de la Armada, comenzó con numeroso público que colmó la amplia sala del Centro Cultural José Hernández de Rawson.
El juez Enrique Guanziroli, quien integra el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia junto a Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella, ordenó la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía, que acusa a los imputados por homicidio agravado de 16 prisioneros y otros tres en grado de tentativa, todos en la base aeronaval Almirante Zar.
El requerimiento detalla los hechos desde la fuga de un grupo de prisioneros políticos del penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, hasta la rendición pactada de 19 de ellos en el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro de la Memoria, y su posterior fusilamiento en el área de celdas de la base Zar, en la madrugada del 22 de agosto, hace casi 40 años.
Por los hechos están acusados los capitanes Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, éste último por encubrimiento, y el cabo Carlos Marandino.
Eludieron el banquillo de los acusados el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está en condiciones de defenderse en juicio, y el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.
Sobre los hechos de 1972, la acusación subraya que la negociación con oficiales navales tras la cual se entregaron 19 evadidos, luego de obtener la promesa de garantías, fue presenciada por el juez Alejandro Godoy, abogados y periodistas.
No obstante esos compromisos tomados por los oficiales de la Armada, relata que, "en la madrugada del 22 de agosto (...) aproximadamente entre las 2.30 y 3.30”, los acusados Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido de apellido Herrera “se presentaron en el lugar de detención”.
“Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”.
Les ordenaron luego que se formaran "algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente", con la vista hacia el suelo, "tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos”, consigna el mismo texto.
Como consecuencia de la lluvia de disparos o de los llamados tiros de gracia fallecieron 16 de los 19 prisioneros fusilados.
Fueron asesinados Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
“En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado”, puntualiza la elevación a juicio.
Los tres sobrevivientes señalaron a Bravo como el oficial que recorrió los calabozos para rematar con un disparo de gracia en la nuca a los fusilados.
Morandino, el suboficial que estaba de guardia en los calabozos, declaró que Sosa y otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y también dijo que le ordenaron mentirle al instructor de la Armada, Enrique Bautista, para encubrir después el fusilamiento.
La fiscalía señala la responsabilidad política directa en la masacre de la dictadura encabezada entonces por Alejandro Lanusse, además de la responsabilidad penal de los imputados en la causa como ejecutores materiales del fusilamiento ordenado por la superioridad y, en un caso, por encubrimiento.
Con la lectura de la requisitoria fiscal y luego de la prueba acumulada contra los imputados, se puso en marcha ayer a la mañana el juicio oral y público por la Masacre de Trelew.
Acusan en la causa los fiscales federales Horacio Arranz y Fernando Gelves, mientras que por la querella lo hacen abogados que representan a familiares de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Más memoria, más verdad, más justicia.
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