Después que el jefe de Gobierno, Mugrizio Macri, anunciara sorpresivamente en conferencia de prensa que no asumiría el control del subterráneo, ahora su vice sostuvo que retomarían las negociaciones. Además, tras aumentar la tarifa, la gestión PRO dice que el valor del boleto “depende de Nación”.
Tras anunciar sorpresivamente el rechazo del traspaso del subterráneo e incumplir el acuerdo con Nación, ahora el Gobierno porteño que lidera el hijo bobo de Franco Macri hace cargo al Estado Nacional de todo lo referido al servicio, desde la presencia policial hasta la tarifa del viaje. Pero, por otro lado, dice que "retomarían las negociaciones" para controlar la red de transporte. Una historia de idas y vueltas."No dijimos que no íbamos a negociar más el traspaso, sino que suspendíamos el diálogo a la espera de poder destrabar, ya directamente con la Presidenta en este caso, algunas cuestiones como obras de mantenimiento y la seguridad del servicio", afirmó ayer a la mañana la vicejefa comunal, María Eugenia Vidal.
Sin embargo, el líder comunal había anoticiado el martes pasado que su administración no gestionaría el servicio de la Red de Subterráneos y Premetro, incumpliendo así el acuerdo que cerró en diciembre con Nación.
Aquel anuncio se formalizó ayer en una nota que envió la Ciudad al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. "Decisiones unilaterales adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional que resultan contrarias a compromisos asumidos, impiden objetivamente la transferencia e imponen la suspensión del proceso iniciado", dice la carta firmada por el pelotudo de Macri.
En estos dos meses en que la Ciudad administró el contrato de concesión del subte, la seguridad y el tarifazo fueron los grandes temas. Sobre el primero, los funcionarios macristas sostuvieron que es la Policía Federal la institución encargada de vigilar las estaciones y andenes del subterráneo, mientras la Casa Rosada asegura que corresponde a la comuna.
Este conflicto tuvo su ápice ayer cuando la Unión Tranviaria Automotor (UTA) realizó un paro en todas las líneas de subte en reclamo de presencia policial debido a que la PF había sido retirada del subsuelo por disposición de la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré. Y en lugar de ser resuelto con efectivos de la fuerza Metropolitana, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prorrogó ayer la reasignación de los agentes durante 30 días más poniendo punto final a la huelga.
El segundo gran tópico fue el tarifazo prematuro que dispuso el Gobierno porteño ni bien tomó las riendas del transporte. A 24 horas de la transferencia, el 4 de enero, anunció un aumento de un 127 por ciento en el valor del pasaje, de $1,10 a $2,50. "Se trata de una decisión necesaria para garantizar la prestación del servicio", afirmaba en aquel entonces el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.
Pero tras tomar tamaña decisión y después de rechazar el traspaso, ahora también abren el paraguas sobre el precio del boleto. "La tarifa es potestad del Gobierno Nacional", lanzó ayer por la mañana el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larrata.
Son inoperantes e inútiles hasta para ponerse de acuerdo entre ellos mismos para ser pelotudos.
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