Los destinos posibles para YPF

Repsol-YPF vale hoy un 30% menos que hace dos meses. Las acciones se desplomaron desde mediados de enero. El activo neto de la empresa es el mismo que en 1991. Cuáles son los costos y beneficios de reestatizarla.

El viernes pasado, el gobierno de Mendoza anunció que le quitaba la concesión de los yacimientos Ceferino y Cerro Mollar a la empresa Repsol-YPF. Cuatro días antes, el lunes, la provincia de Neuquén anunció que le anulaba las áreas de Chihuido de la Salina y Portezuelo Minas a las misma empresa. Estas quitas se suman a las que ya habían Santa Cruz y Chubut los primeros días de marzo.

Todas estas áreas juntas –hay que señalarlo– no representan más del cuatro por ciento de la producción que tiene Repsol-YPF en todo el país; sin embargo, el efecto político y comunicacional ha sido enorme.

Uno de los motivos que explica el impacto es el nivel de coordinación de las provincias productoras entre sí y de éstas con el Estado Nacional. Los interrogantes que quedan flotando son: ¿cómo puede avanzar el Estado en el control de la política petrolera y cuáles son los costos y beneficios?

Antes de hablar sobre el futuro, un breve repaso por el diagnóstico. Los gobernadores ampararon su decisión en la Ley de Hidrocarburos, la 17.319. La norma, sancionada a mediado de 1967 y reformada a fines del ’89 para la privatización, dice en el artículo 31: “Las empresas concesionarias deben garantizar la máxima producción compatible con la explotación adecuada del yacimiento y una conveniente conservación de las reservas”.

Los números de Repsol-YPF, por lo tanto, muestran que la empresa está “al margen de la ley”. Las cifras son conocidas: la producción de esa empresa cayó casi un 40% de 1999 hasta el 2010 y sus reservas en el mismo período retrocedieron 52%.

Las opciones para que el Estado comience a recuperar el control de la política petrolera en el mediano plazo no son infinitas; a grandes rasgos, se reducen a dos: la creación de una nueva empresa pública o la recuperación de YPF.

“La reestatización se puede hacer a la vieja usanza, por una ley del Congreso en la que se fije el precio. El otro modo, menos compulsivo, es comprar la mayoría de las acciones de la compañía”, dijo Mariano Barrera, especialista en política económica e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Una cuestión clave para evaluar la segunda posibilidad es saber cuánto vale la petrolera. El precio de mercado, según el valor de las acciones al cierre del viernes, rondaba 11 mil millones de dólares. Hace dos meses valía 16 mil millones.

El retroceso se debe a que las acciones vienen en picada desde mediados de enero. Barrera, sin embargo, tiró otras cifras sobre la mesa a la hora de evaluar el valor. “El patrimonio neto, es decir, todos los activos menos las deudas, ronda los 4.500 millones de dólares. Es el mismo que tenía en 1991”. El investigador explicó que esto se debe a que la compañía aumentó enormemente su deuda los últimos cuatro años. “Pasó de deber 9 mil millones de pesos a casi 30 mil millones”.

Este aumento de la deuda coincide temporalmente con el ingreso a la compañía del Grupo Petersen, propiedad del empresario argentino Enrique Eskenazi, que controla el 25% de las acciones. “Argentina vendió la compañía a más de 7.000 millones de dólares y el activo neto era mayor al de hoy, remarcó Barrera y agrego que "además hay que hacer una auditoría para ver cuál es nivel real de reservas de petróleo y gas que tiene la empresa. Con todo eso sobre la mesa se podrá poner un precio, que a mi criterio jamás podría superar el monto por el que Argentina la vendió”.

La compra de la mayoría accionaria tampoco es soplar y hacer botellas. Los cepos puestos por el neoliberalismo de los años ’90 son varios.

Uno de ellos, pensado justamente para evitar la recompra de la empresa por parte del Estado, lo estampó en el estatuto de YPF José Estenssoro, que fue presidente de la compañía durante los primeros años de la privatización. “Hay un cláusula por la cual para poder comprar más del 15% de las acciones es necesario hacer una oferta por el total y además pasar por la aprobación de la asamblea accionistas”, dijo Ignacio Sabbatella, politólogo y becario doctoral del Conicet. “Esto obliga a la negociación. De todos modos, en el contexto actual, no es posible guiarse por lo que indica el valor bursátil, ya que ahí hay un fuerte componente de especulación financiera, que nada tiene que ver con el valor real”.

La reestatización, claro, tendría consecuencias diversas. Aquí se analizarán las económicas. “Las multinacionales suelen hacer frente a este tipo de conflicto presentándose en tribunales internacionales y en el Ciadi”, remarcó Barrera. (El Ciadi es un organismo del Banco Mundial supuestamente diseñado para resolver conflictos entre los estados nacionales y el empresariado global). “Estas presentaciones, luego, son usadas como excusa por el sistema financiero trasnacional para no otorgar créditos a un país. Las multinacionales presionan de ese modo a los estados a la hora de las disputas de intereses”. El investigador, sin embargo, remarcó: “En el caso actual de la Argentina, la situación es que el Estado de todos modos tendrá que intervenir y pagar costos económicos”, agregó Barrera.

La encrucijada a la que se refiere el investigador de Flacso es así: Argentina está importando combustibles por unos 10 mil millones de dólares anuales, es decir, que ya está perdiendo divisas. La pregunta a responder es: ¿tiene sentido evitar una tensión con el sistema financiero para poder acceder a préstamos y que parte de estas divisas al final se usen para importar combustible porque YPF no invierte? “Si se lograra comprar la ex petrolera estatal por un precio razonable –remarcó Barrera–, podría relanzarse la exploración y reducir de a poco la importación. El Estado terminaría ganando en el mediano plazo, sino, las divisas se pierden igual”.

En un párrafos anterior se mencionó, como posibilidad, la creación de una nueva empresa pública de hidrocarburos. Esto evitaría los conflictos legales de una reestatización, pero también tendría costos.

“Una nueva petrolera podría explotar los yacimientos que se le den de baja a los privados. Cuando se hace una reversión, las empresas están obligadas a dejar toda la maquinaria que usaron”, manifestó Barrera, pero aclaró que “sin embargo habría que montar varias cosas de cero. YPF ya tiene tres refinerías y a los trabajadores formados para sus funciones. Armar eso desde el principio puede ser caro como recomprar la ex petrolera estatal”.

Repsol-YPF; crónica de una nacionalización anunciada.