El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó ayer que no fue el vicepresidente, Amado Boudou, quien gestionó ni pidió el levantamiento de la quiebra de la ex calcográfica Ciccone.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dijo ayer que "no fue" el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou, quien gestionó ni pidió el levantamiento de la quiebra de la calcográfica Ciccone en 2010.
Echegaray destacó que "Ciccone calcográfica solicitó el revantamiento de la quiebra al juez Cosentino, que seguidamente lo dispuso".
"El actual vicepresidente y ex ministro de Economía no intervino en el proceso. No pidió la quiebra porque no está entre sus facultades; ni pidió el levantamiento porque es atribución de un juez; y no gestionó nada particular, sino que evacuó una consulta", señaló Echegaray en una conferencia de prensa brindada en la sede de la AFIP.
Boudou aseguró el jueves en el programa 6, 7, 8 de la Televisión Pública, que las denuncias en su contra por el caso Ciccone "no tienen el menor asidero".
Sobre la última denuncia publicada por el diario Clarín, en el que se afirma que intervino ante la AFIP para que reviera la quiebra, Boudou indicó que "en todo trámite de una quiebra interviene un juez y no la AFIP. La única acción que yo tuve después de la quiebra fue pedir textualmente que era importante preservar las fuentes de trabajo".
Por su parte, Echegaray señaló que "lo que se hizo con Ciccone es lo mismo que se ha hecho con muchas otras empresas", y puntualizó que "el diario La Nazión tiene desde 2003 una deuda de 160 millones de pesos con el fisco, por aportes patronales apropiados como crédito fiscal, y la AFIP no procedió a cerrar el medio para mantener las fuentes de trabajo".
Afirmó que "lo mismo sucedió con Clarín, que tenía una deuda de más de 100 millones de pesos, pero llegó a un acuerdo fiscal" con la AFIP y regularizó su situación.
Echegaray puntualizó que "la quiebra de Ciccone fue declarada el 15 de julio de 2010 por el juez Cosentino, a pedido de la AFIP, por incumplimientos de pagos impositivos de vieja data".
Señaló que una vez declarada la quiebra, la AFIP recibió una nota "de Ciccone manifestando su intención de solicitar al juzgado el levantamiento de la quiebra, con el compromiso de asumir la deuda y proceder a cancelarla".
En consecuencia, indicó que "el 3 de setiembre de 2010, el juez levantó la quiebra" y subrayó que "es potestad de la justicia, tomar este tipo de decisiones, aceptar o rechazar un pedido".
Añadió que con la quiebra levantada "el 14 de octubre de 2010, Ciccone pidió a la AFIP una quita de intereses, multas y honorarios, y solicitó un plan de facilidades de pagos" de su deuda impositiva.
La AFIP, amparada en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario, sancionada en 1998, tiene la facultad de conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas.
Precisó que "ante el pedido de Ciccone de que le conceda más de lo que permite la Ley, se hizo una consulta al Ministerio de Economía".
"El 8 de noviembre de 2010, el Ministerio de Economía respondió la consulta instruyendo a permitir la continuidad de la empresa, en sintonía con lo que ha sido siempre un objetivo claro del Gobierno de mantener fuentes de trabajo; pero dentro de las atribuciones legales y sin que ello signifique una mengua del interés fiscal", remarcó Echegaray, quien subrayó que "no hubo quita" para Ciccone.
Afirmó que "así como la AFIP tiene la atribución para pedir la quiebra, tiene mecanismos para permitir el pago de las deudas" y sostuvo que con Ciccone "la idea fue mantener la empresa funcionando para poder cobrarle la deuda y poder seguir recaudando impuestos por su actividad".
Sin embargo, puso de relieve que "hubo una demora en este caso para comenzar a cobrar una vez levantada la quiebra, porque el juez junto con el síndico interviniente habían resuelto alquilar los equipos de Ciccone a la firma Boldt, en lo que fue una decisión equivocada".
Explicó que "se trató de una decisión equivocada, porque Boldt estaba denunciada penalmente por evasión impositiva, emisión de facturas truchas, falsificación de documento público y de sellos de la AFIP, y simulación dolosa de pago".
"Nosotros le pedimos al juez que le devuelva los equipos a Ciccone, porque si no era imposible que retomara la actividad y pudiera hacer frente a los compromisos asumidos con el fisco", indicó el funcionario.
¿Otra operación de prensa que se le hace trizas a Clarín y a La Nazión?
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