Alberto Ize fue denunciado por una estafa millonaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social y ahora frenó la ley del Peón Rural que otorga beneficios a los trabajadores. Desde el oficialismo calificaron como "una barbaridad" la medida.
El magistrado Alberto Ize, que cobró especial notoriedad pública por una denuncia que lo acusó de estafar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por una suma millonaria, ahora vuelve al centro de la escena por otorgar una medida cautelar a favor de Gerónimo “Momo” Venegas para frenar la ley del Estatuto del Peón Rural, que habían sido aprobado con amplio consenso en el Congreso y beneficiaban a los castigados trabajadores rurales.En 2010, se descubrió que en el juzgado de Ize realizaban maniobras irregulares para aumentar los montos de las deudas de la Anses en reclamos de actualización de haberes o para cobrarlos más rápido, "con embargos superiores a un millón de pesos", cada uno. El magistrado Alberto Ize renunció a la subrogancia del juzgado Nº 3 poco después del incidente con un jubilado que le preguntó "cuánto tenía que pagar para cobrar". Volvió entonces a su juzgado original, el número 9.
El magistrado acumuló al menos cuatro denuncias penales por presunta estafa, robo de documentos públicos y otros delitos y deberá enfrentar procesos en el Consejo de la Magistratura.
Al polémico magistrado, se sumaron los jueces Ana María Rojas y Guillermo Atencio para atender los reclamos del “Momo” Venegas. Desde el oficialismo, diputados y senadores destacaron que “llama la atención”, la sincronización de los fallos.
"Yo supongo que la Justicia no va a impedir que un peón pueda jubilarse a los 57 años, o que tenga vacaciones que ni siquiera empleados de otros sectores pueden tomarse", afirmó a este medio uno de los diputados nacionales que apoyó con su voto la modificación en el Congreso del Estatuto del Peón Rural.
La ley buscaba permitir a los peones rurales tener una jornada de trabajo de ocho horas e igualar todas sus condiciones laborales a las de cualquier otro trabajador.
Además, el registro de trabajadores rurales que hasta ese momento manejaba el sindicato del sector, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), liderada por Gerónimo “Momo” Venegas, pasaría a estar bajo la órbita del Estado.
De acuerdo con el nuevo Estatuto del Peón, el trabajo rural pasará a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo. Establece además el descanso semanal con sábado inglés, licencia por paternidad de 30 días, baja la edad jubilatoria de los 65 años y 60 años en caso de las mujeres, a 57 años con 25 años de servicio y es taxativo en cuanto a que la remuneración del trabajador nunca podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil.
Las resoluciones judiciales causaron sorpresa en el ámbito legislativo, principalmente entre los diputados y senadores kirchneristas, que ven a la ley sancionada en diciembre como un "enorme avance a favor de los trabajadores".
Según se informó, se trata de tres medidas judiciales diferentes. Un recurso de amparo fue presentados por el sindicato Uatre, otro por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre) y un tercero en La Plata por parte de un trabajador que percibe el subsidio de desempleo que paga Renatre.
Los tres recursos de ampara fueron presentados casi al mismo tiempo de la promulgación de la Ley 26.727, que establece la disolución del Renatre y su reemplazo por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea).
Las presiones lanzadas por el "Momo" se multiplicaron durante todo el camino que recorrió la ley. Comenzaron con cortes de calle durante el debate en ambas Cámaras y culminaron con una grave intimidación a un funcionario público: un grupo de patoteros de Uatre impidió el ingreso del delegado normalizador del Ministerio de Trabajo, Oscar Maffe, a la sede del Renatre.
Por estas medidas, los efectos de la ley quedarán en suspenso hasta la resolución de las apelaciones que ya presentó el Poder Ejecutivo.
Ya no se trata de kirchnerismo o antikirchnerismo. Estamos hablando de algo más grave y que deberá corregirse en un futuro no muy lejano. No puede ser que un juez, sin más ni más, tenga la potestad de frenar la aplicación de una Ley sancionada por el Congreso Nacional. Ya sucedió con la Ley de Medios y ahora esto.
Quieren conseguir en la justicia, con jueces comprados, lo que no pudieron conseguir a través del voto popular. Esa es la democracia de los adoradores del santo consenso que tanto critican la crispación del oficialismo.
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