Se trata de Luis Humberto Piotti. Está acusado de “desaparecer expedientes y pruebas, mal manejo de los interrogatorios y persecución a los denunciantes”. Los familiares de las víctimas habían remitido las causas a la presidenta de la Nación.
Son 20 familias. Todas de Tandil. Son 38 niños y niñas. Todos víctimas de abuso sexual. Tras diez años de lucha contra la justicia, parece que la reparación comenzará a llegar a sus vidas. Todavía les falta poco más de 60 días para sentir algo de alivio. Será en marzo, cuando el fiscal Luis Humberto Piotti, encargado de proveer de justicia a esas víctimas y a sus familas, enfrente un juicio político.
Así, cuando en marzo se inicie el período ordinario de sesiones de la Cámara en la Legislatura bonaerense, comenzará también el juicio político contra el fiscal tandilense por su accionar en decenas de causas sobre abusos sexuales a menores de edad.
La Comisión de Juicio Político, integrada por senadores y diputados de distintas bancadas, votó por unanimidad el pedido a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento el último 30 de noviembre.
La denuncia contra Piotti fue realizada “por incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento en los deberes inherentes al cargo, dejar transcurrir en exceso los términos legales sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a decisión o dictamen, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido y la realización de actos de parcialidad manifiesta”.
Cuanto le falta todavía a la justicia argentina para estar a la altura de las circunstancias. Cuanto le falta a la justicia argentina para entender que este país está cambiando.
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