Rubén Ballesteros justificó haber presidido consejos de guerra durante el régimen “por obligación”, y dijo no estar arrepentido. Estuvo a favor de la amnistía y de la prescripción de los delitos por violaciones a los Derechos Humanos.
El juez Rubén Ballesteros, que asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, justificó el hecho de haber presidido muchos de los consejos de guerra conformados por la dictadura que comandó el general Augusto Pinochet tras el golpe militar de 1973, apoyándose en una particular extensión a la órbita civil del cuestionado concepto militar de la Obediencia Debida. Dijo que no está arrepentido y explicó que ejerció dichas funciones “por obligación”. Ballesteros insistió ante un grupo de periodistas en que “no me arrepiento y si ustedes tuvieran la oportunidad de ver los fallos podrían ver que hay sentencias en las que el presidente del consejo (o sea él) incluye un voto en contra y pide la absolución del condenado”.
“Eso no era una cosa menor, en varios procesos ocurrió eso y en otros pedí la rebaja de las penas que ya se habían decidido, lo que benefició a gente que podía haber tenido condenas mucho más graves”, agregó el magistrado, quien remplaza en el cargo al juez Milton Juica y presidirá el máximo tribunal de Justicia durante los próximos dos años.
Ballesteros había ingresado a la Corte Suprema chilena en 1993, con el gobierno del democristiano Patricio Aylwin, el primer presidente de la post dictadura (1990-1994). El nuevo jefe de los supremos fue elegido por sus pares en diciembre pasado, con 12 votos a favor y seis en contra. Su elección abrió una polémica que se reavivó ayer, cuando esgrimió la Obediencia Debida para justificar su actuación en los consejos de guerra.
La elección de Ballesteros –que integraba la Sala Penal de la Corte– había sido cuestionada por las organizaciones y abogados defensores de los Derechos Humanos, que recordaron que siempre votó a favor de Pinochet cuando alguna causa contra el ex dictador llegó a la órbita del alto tribunal. También votó a favor de la amnistía y la prescripción de los delitos en los casos de agentes de la dictadura procesados o condenados por violaciones de los Derechos Humanos. De todas maneras, ayer, y en presencia del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, aseguró que “en mis 40 años de carrera siempre actué en favor de la ley y siempre fallé ajustado a derecho".
El caso de Ballesteros es el segundo en 24 horas en el que quedó al descubierto cómo los hombres de la dictadura ocupan puestos clave en la estructura institucional chilena. El miércoles se supo que el general Alfredo Ewing Pinochet integra el órgano rector de la educación en representación de las Fuerzas Armadas y que fue uno de los impulsores de la idea de eliminar la palabra “dictadura” de los textos con los que se les enseñan a los niños de entre seis y once años los pormenores de la historia reciente de Chile (ver aparte). Al condenar esa medida, la diputada oficialista Karla Rubilar dijo, sin paños fríos, que “la decisión del Consejo Nacional de Educación es repudiable, pero bien sabemos que el 50% de quienes integran el gobierno fueron pinochetistas”.
Cada vez entendemos más por qué Carrió, Macri, De Narcovaéz, Duhalde y toda la derecha argentina insiste tanto con eso de que Chile es "el modelo a imitar".
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