La empresa tiene hasta hoy para restablecer el servicio a los abonados a los que les cortó el cable porque pagaron el abono básico de $ 116 que fija la normativa legal, en lugar de la tarifa de $ 160 que estableció la compañía. La normativa prevé duras penas econonómicas frente a un incumplimiento.
La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, decidió aplicarle la Ley de Abastecimiento a la empresa Cablevisión del Grupo Clarín con el fin de obligarla a que restituya el servicio a un grupo de abonados a los que la empresa les cortó el cable.
Según consta en la resolución de Comercio Interior, la decisión oficial se tomó a partir de la presentación pública que hicieron varios abonados de Cablevisión, en la que denunciaron que la empresa les interrumpió el servicio porque pagaron el abono básico de $ 116 -como fijó Comercio Interior en una resolución- en lugar de los $ 160 que estableció Cablevisión de forma unilateral.
En el artículo 1, la resolución indica expresamente que “la firma Cablevisión deberá, en un plazo máximo de 24 horas restablecer el servicio interrumpido de televisión paga a aquellos usuarios que hubieren abonado en tiempo y forma los precios” establecidos en distintas resoluciones (36/11, 65/11, 92/11, 123/11, 141/11 y 10/11) por la citada secretaría.
Además, Comercio Interior también subraya que “la reconexión deberá ser efectuada respetando todas y cada una de las condiciones pactadas oportunamente” entre el usuario y la empresa.
La compañía recibió el viernes la notificación en su domicilio ubicado en General Hornos 690 (Ciudad de Buenos Aires) y el plazo de 24 horas comenzó a correr desde la 0 horas de ayer (sábado) y venció a las 0 horas de hoy (domingo).
Esa resolución es un eslabón más de la batalla legal que el gobierno mantiene con Cablevisión por el precio de las tarifas del servicio básico. La pelea comenzó el 9 de marzo de 2011 cuando Comercio Interior estableció los parámetros a los cuales debían ceñirse a la hora de definir su servicio básico las empresas de cable y fijó un valor de $ 109 retroactivo a enero del mismo año.
Veremos qué pasa, aunque no nos hacemos muchas ilusiones. Si el Grupo Clarín se caga en los fallos de la Justicia, por qué pensar que no se va a cagar en una resolución de una Secretaría dependiente del Poder Ejecutivo.
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