En medio de las Fiestas, los trabajadores de 29 cooperativas de la Ciudad se encuentran en "estado de alerta”. El jefe de Gobierno anuló la ley que obligaba al Poder Ejecutivo porteño a hacerse cargo de la expropiación de las plantas. Las claves para entender el conflicto que retrocede más de diez años.
Los dos mil trabajadores autogestionados de la Ciudad no tendrán un feliz Año Nuevo. El jefe de Gobierno, Mugrizio Macri, se encargó de amargarles el brindis. Es que él fue quien vetó, el 23 de diciembre, la Ley 4.008 de la Legislatura porteña, norma que prorrogaba por seis años la obligación del Poder Ejecutivo de la comuna a hacerse cargo de la expropiación de las fábricas recuperadas.“Sin esta ley, el primer riesgo es que no tenemos un marco jurídico que nos ampare. En ese contexto, algún ex patrón podría llegar a pedir una restitución de los bienes inmuebles y muebles, un llamado proceso de expropiación a la inversa”, explicó Eduardo Montes, obrero de Gráfica Patricios y vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA).
Y sin propiedad ni máquinas, no hay producción, y, por ende, desaparecen los puestos de trabajo. Esta secuencia alarma a los autogestionados de las 29 cooperativas de la Capital Federal que ya convocaron a un plenario público para analizar la situación y definir un plan de lucha. La cita será el jueves próximo a las 19 en la sede la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), ubicada en Bartolomé Mitre 1984.
"Estamos en alerta porque a través de esa ley el Estado se hacía cargo de la expropiación. Luego, los trabajadores en el marco de las cooperativas pagábamos al Estado esas expropiaciones en el plazo de 20 años”, comentó Montes, que desde el 2002 trabaja en la imprenta del barrio porteño de Barracas, y desde 2003, lo hace sin patrón.
Cabe destacar que esas fábricas -que comenzaron a ser ocupadas en todo el país durante los años de crisis del modelo neoliberal- fueron protegidas en la Ciudad de Buenos Aires a partir de 1999 con la promulgación de la Ley 238. Esa norma dispuso declarar todas esas unidades productivas de “utilidad pública” para expropiarlas con fondos estatales. Así, se ordenaba al Estado porteño que se presentara en todos los juicios de quiebra contra esas empresas, para evitar su cierre y el despido de sus trabajadores.
Aquella intervención estableció un primer plazo de vigencia por cinco años, que sólo podía ser extendido por una nueva ley de la Legislatura. Eso fue lo que ocurrió en 2004, con la Ley 1529 y nuevamente en el 2008, con la Ley 2970, que estiró los plazos hasta 2011. Ahora, la norma 4.008 (ver página 9 del Boletín Oficial) -sancionada el último 17 de noviembre por unanimidad, esto quiere decir, con el apoyo del bloque PRO- hubiera prorrogado ese texto madre hasta el 2017 de no ser por la maniobra del hijo bobo de Franco Macri.
"El veto apunta al artículo sexto que instruía a que se conformara una comisión de seguimiento integrada por el Poder Ejecutivo, parlamentarios y un representante por empresa. Para Macri, no es sujeto a discusión pública la intervención de los trabajadores en la decisiones de Gobierno. En su interpretación, eso no corresponde y veta toda la ley", explicó Montes, quien teme que esta señal del líder comunal sea "la primera puerta que se abre hacia lo que puede ser la derogación de las leyes 2970 y 1529".
Durante la tarde de ayer, diferentes bloques de la Legislatura porteña realizaron una conferencia de prensa, en la cual confirmaron el apoyo a los trabajadores y repudiaron el veto implementado por el Jefe de Gobierno Mugrizio Macri.
“Perversamente desde la más oscura de las políticas conservadoras, el 23 de diciembre se planteó el veto que venimos a rechazar”, manifestó uno de lo expositores, el legislador por el Encuentro para La Victoria, Francisco “Tito” Nenna quien agregó que “ratificamos a las empresas recuperadas, porque generaron más de 2000 fuentes de trabajo y además con economía en expansión”.
Quién también tomó la palabra fue el legislador por el Frente Progresista Popular Aníbal Ibarra, quien se refirió a la acción de Macri señalando que “así como no le interesa el tema habitacional, no le interesa los trabajadores de fábricas recuperadas, mientras abren negocios para familiares de Macri”.
Ibarra agregó que “muchos trabajadores perdieron sus empleos, pero no bajaron los brazos y armaron cooperativas. El veto significa borrar y volver atrás y que trabajadores que generaron fuentes de trabajo, empleos y las empresas puede quedar en manos de cualquiera y no de los trabajadores”.
“En 2003 sentíamos incertidumbre. Fue una etapa de lucha que hoy dada las circunstancias puede volver a suceder”, recuerda Montes sobre el momento en que él y sus compañeros se la vieron negras. Aquel año, Talleres Gráficos Conforti S.A. -que ya había entrado en convocatoria de acreedores en 2001- pretendió reducir los vales con los cuales les pagaba a los empleados.
La respuesta fue la retención de tareas y, más tarde, la toma de las instalaciones de la imprenta. Pero la sospecha de que el patrón cerraría la fábrica, los hizo tomar una rápida decisión: conformar una cooperativa y se hacerse cargo de la producción.
“En aquel entonces éramos 28 trabajadores; hoy somos 72”, destaca Montes y asegura que el presente es prometedor. “Estamos dentro del mercado. Publicamos la revista MU, Hecho en Buenos Aires, tenemos grandes clientes de hipermercados, trabajamos con el Estado Nacional, pero sobre todo una cartera grande de clientes privados”, enumera.
Actualmente tienen la expropiación temporal de la empresa, pero sin una ley que ampare, el futuro de sus fuentes de trabajo, como el de 28 recuparadas más, camina por la cuerda floja.
Nuestra solidaridad con los trabajadores de las fábricas recuperadas. Y nuestro repudio -el mismo de siempre- para con Macri, el PRO y su manera de entender la política y la gestión.
Si Fito; a notros también no da mucho asco.
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