Funcionarios macristas procesados por "apropiación" de un teatro

Un productor denunció que tres funcionarios porteños y dos empresarios se apropiaron del complejo teatral Los Ángeles. Los papeles y títulos de propiedad con los que llevaron a cabo la maniobra eran ilegítimos.

Un nuevo caso de irregularidades en el manejo de una dependencia porteña salpica al gobierno de Mauricio Macri. Ahora un productor teatral denunció que dos empresarios junto con la complicidad de tres funcionarios macristas permitieron que se lleve a cabo la apropiación del complejo teatral Los Ángeles.

La historia comienza en marzo de 2008, cuando el productor Fabián Rodríguez adquirió el fondo de comercio que administraba el cine Los Ángeles y se asoció con Aldo Funes y Javier Noguera. Los tres socios lo acondicionaron y lo convirtieron en un complejo de dos salas de teatro.

Sin esperarlo, tan solo unos meses después, mientras Rodríguez tomaba unas vacaciones, sus socios pusieron en marcha un plan para sacarlo del negocio. "Noguera y Funes concretaron la apropiación con el aval de la escribana Martha Vengerow, que dio el visto bueno a una firma falsificada del denunciante”, según consta en el expediente.

Cuando el productor advirtió de la maniobra realizó la denuncia y el complejo fue clausurado pero pocos días después sufrió el robo de los planos del teatro y con esa documentación hurtada, los denunciados se presentaron ante el gobierno porteño.

Noguera y Funes consiguieron que tres funcionarios macristas le concedieran nuevamente la habilitación de las salas. Según la fiscal Carbo que sigue el caso, "los funcionarios actuaron sabiendo que los papeles y títulos de propiedad que presentaban eran ilegítimos”.

Los tres implicados son el ex director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell, el ex jefe del Departamento de Transferencias Simples, Martín Córdoba, y el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Seiskuscas. Cabe remarcar que además están involucrados en la causa por el derrumbe de un entrepiso del boliche Beara, ocurrido el 10 de septiembre de 2010.

En el expediente consta que el procurador general porteño Ramiro Monner Sanz informó la irregularidad a todas las dependencias de la ciudad. En consecuencia, el juez de Instrucción Ricardo Warley procesó a los funcionarios, quienes a pesar de este dictamen, siguen trabajando en dependencias del gobierno porteño.

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