Un proyecto de ley del diputado macrista Federico Pinedo, que ingresó en febrero en la Cámara de Diputados, prevé que en el caso de suponerse que viola la ley o derechos de terceros, un sitio web puede ser cerrado sin necesidad de un fallo judicial previo.
"Quieren una UCEP (por la Unidad de Control del Espacio Público) en internet". "En la Ciudad proponen que nadie les haga un piquete a Clarín pero imponen piquetes virtuales en internet". "Buscan amordazar a los creadores de contenidos".Estos son algunos de los comentarios recogicos entre creadores de contenidos y bloggeros una vez enterados del proyecto de ley presentado por el diputado nacional macrista Federico Pinedo, denominado "Régimen para proveedores del servicio de Internet", que pretende controlar los contenidos publicados en la red y penalizar a las empresas proveedores de hosting (alojamiento virtual para sitios web).
Si a internet se lo sigue considerando "un espacio libre de regulación estatal y privada", como indican las organizaciones defensoras de la libertad virtual, ahora el PRO busca responsabilizar y penalizar a las empresas que brindan servicios de alojamiento por el contenido de las webs que tiene en sus servidores, cuando éstas violen normas legales o derechos de terceros, como así también, a aquellas páginas que ofrezcan enlaces a otros sitios que también incumplen la legislatura vigente, según informó ayer La Nazión.
Lo más grave del asunto es que, con el fin de proteger los interesas de empresas y/o particulares, el proyecto prevé que un sitio web que supuestamente viole normas legales o derechos de terceros, podrá ser dado de baja por el mero hecho de que alguien envíe una carta documento y sin intervención judicial. No sólo se incluyen a las webs cuyos contenidos violen la ley, sino también a las que incluyan links (enlaces) a otros sitios en esas condiciones.
Para Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre, "los legisladores no entienden que lo que está en juego aquí no es un tema técnico ni judicial, sino que lo esencial del asunto es la libertad de expresión y que existen comisiones especializadas en eso en el Congreso".
"El proyecto se basa en argumentos completamente equivocados: presupone que no hay ley donde sí la hay y pretende crear un marco regulativo menos garantista y más represivo que el que rige nuestra vida en nuestro país", explicó Busaniche.
Para el blogger Fabio Baccaglioni, se quiere trasladar el poder de policía a los servers cuando "la justicia debe ser quien tenga la potestad, porque así corresponde por nuestra Constitución", al tiempo que aseguró que "existe una diferencia sustancial entre bajar un contenido previamente o posteriormente a un fallo judicial, ya que sino se aclara bien en el proyecto atenta directamente con la libertad de expresión".
Joel Chornik, CEO y fundador de El Server, en tanto, subrayó la "falta de conocimiento técnico sobre el medio que se pretende legislar" y rechazó al proyecto al señalar: "Si los proveedores, en cualquier punto, pudiéramos tener rápidamente una confirmación o no de la legalidad o ilegalidad de los contenidos, podríamos actuar de forma rápida sabiendo que estamos respetando la ley. Pero no es correcto que se pida a un proveedor que cumpla el rol de un juez y se tome atribuciones que no corresponde".
"Seguramente (el proyecto) se entendió mal", se excusó Pineado, para quien "ésto no tiene nada que ver con censura".
En tanto, Alberto Carlos Bustos, director y editor responsable de Currín On Line, fijó su pocisión y la de este diario respecto del proyecto presentado por el diputado del PRO: "Pinedo, Macri y todo el PRO, nos chupan bien un huevo", dijo.
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