Para el gobierno los jueces cuentan con las herramientas necesarias para actuar frente a los adolescentes que delinquen. El PRO quiere bajar el límite a 14 años y un diputado de la UCR pidió llevarlo a los 12. Iniciativa polémica.
El gobierno y la oposición salieron ayer a fijar su posición en el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad. Se trata de una discusión que retornó a la agenda informativa, tras ciertos hechos delictivos protagonizados en las últimas horas por menores de edad.
Esos episodios fueron aprovechados por diversos sectores de la oposición y algunos medios de comunicación para promover la polémica: exigen la sanción de una ley que permita imputar delitos a menores de 14 años, mientras que la ley vigente prevé hacerlo desde los 16 años.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se encargó de difundir la postura del Ejecutivo. “Los jueces tienen hoy todas las herramientas, como para que quienes sean peligrosos estén entre rejas”, argumentó para rechazar la propuesta de bajar a 14 años la edad de imputabilidad. “Que no sea imputable no implica que pueda estar en la calle caminando como si nada”, subrayó Randazzo.
Con sus declaraciones, el ministro del Interior salió al cruce de lo que había dicho el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, En una entrevista brindada a Radio 10, el titular del PRO había asegurado que en el gobierno había “mucha hipocresía” al tratar esta problemática. “Se compran propuestas ideológicas que suenan lindas pero que no han servido. Existe una enorme falla y ausencia en la legislación y en el rol del Estado”, dijo Macri.
“El gobierno nacional niega el tema. No quiere debatir. Hace cosas ilógicas. Estamos todos preocupados, no podemos vivir en una sociedad donde maten gente todos los días y nos parezca algo normal”, afirmó durante la inauguración de una plaza de juegos en la Villa 31. Randazzo le contestó al finalizar un acto realizado en el Ministerio del Interior.
En sintonía con el jefe de gobierno porteño, el diputado Francisco de Narváez también salió a reclamar una baja en la edad de imputabilidad, para fijarla definitivamente en 14 años.
Dirigiéndose a la presidenta, le pidió que convoque al Parlamento para tratar una nueva ley penal juvenil. También pidió que se acompañe ese proyecto de ley con otras iniciativas complementarias. “Tienen que haber lugares para detener a los menores, contenerlos, asistirlos psicológicamente, darles educación y reinsertarlos. La presidenta tiene que llamar al Congreso para tratar el tema. No hay otra prioridad”, reclamó De Narváez quien, como en 2007, hace de la seguridad el eje central de su campaña.
En la misma línea se manifestó el diputado Gustavo Ferrari, también del Peronismo Federal, allegado a De Narváez. “El gobierno debe asumir la responsabilidad de atender a los 500 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en la provincia de Buenos Aires”, dijo Ferrari. “Hoy los jueces no tienen mayor opción que enviar al menor de vuelta a su casa o a institutos por edades, y terminan convirtiéndose en verdaderos profesionales del delito en lugar de rehabilitarse”, agregó.
La cruzada por bajar la edad de imputabilidad a los 14 años había sido apoyada también por Juan Carlos Blumberg. “A alguien que mata hay que sacarlo de la sociedad para que no siga matando”, había dicho en su reaparición pública, tras un largo período de silencio.
Desde la UCR, el diputado nacional Juan Pedro Tunessi se manifestó a favor de aprobar una nueva ley penal juvenil y hasta se animó a proponer un descenso más drástico de la edad de imputabilidad. “En América Latina la responsabilidad penal comienza a los 12 años”, deslizó.
En contraste con la opinión del PRO y el Peronismo Federal, varias voces del oficialismo rechazaron la baja de la imputabilidad y se sumaron a los dichos de Randazzo. “Si uno condena a un pibe de 13 años lo tira directamente y no tiene ningún tipo de futuro”, advirtió el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a través de Twitter.
El secretario de la JP bonaerense, José Ottavis, aseguró que “no puede ser que algunos dirigentes de la oposición, como De Narváez y Macri, acompañados por algunos medios, vuelvan con la idea de poner presos a los chicos pobres. Para ellos la única manera de resolver las situaciones conflictivas pasa por más represión y más cárcel. Ese camino no trae ninguna solución”,
Pero la oposición parece decidida a no quedarse en declaraciones de ocasión y ya se están llevando a cabo conversaciones entre el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, para presentar en conjunto un proyecto de ley elaborado por el Pro.
En lo que ya se conoce en medios parlamentarios como "la ley Kinder", se establece la obligatoriedad de que la División Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina realice racias periódicas en los jardines de infantes y en las colonias de vacaciones y se proceda a la detención inmediata de aquellos niños que no lleven consigo sus documentos de identidad o que sean vistos por el personal policial en actitud sospechosa.
Mauricio Macri, ideólogo del proyecto fue terminante al manifestar que "todos sabemos que si este país tiene dos problemas, son, la inmigración descontrolada de bolivianos y paraguayos por un lado y los chicos que van al jardín de infantes por otro lado. Tenemos que terminar de una vez por toda con estos flagelos".
El proyecto de la "ley Kinder" contempla también que los jardines de infantes comiencen a funcionar, a partir del 1º de enero de 2013, en las distintas comisarías y precintos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario