El régimen macrifascista denunció a 11 diputados y dirigentes opositores por impedirl detenciones durante la cacería en el Congreso

EL PODER EJECUTIVO ACUSÓ A LEOPOLDO MOREAU, MAYRA MENDOZA, HORACIO PIETRAGALLA, ANDRÉS LARROQUE , DANIEL FILMUS, MÁXIMO KIRCHNER, AXEL KICILLOF , MARCOS CLERI, DEL BLOQUE DEL FRENTE PARA LA VICTORIA, AL EX VICEGOBERNADOR BONAERENSE GABRIEL MARIOTTO; Y AL DIPUTADO NICOLÁS DEL CAÑO Y A LA LEGISLADORA PORTEÑA MYRIAM BREGMAN DE AMENAZAR A LA GENDARMERÍA, DE INTERPONERSE EN LAS DETENCIONES QUE LLEVARON ADELANTE TRAS LA REPRESIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE. EL TITULAR DEL BLOQUE DEL FPV, AGUSTÍN ROSSI, ADVIRTIÓ QUE "ES LA PRIMERA VEZ QUE UN GOBIERNO DENUNCIA DIPUTADOS OPOSITORES EN DEMOCRACIA".

El régimen macrifascista avanzó contra los diputados del FPV y la Izquierda en la Cámara de Diputados al presentar una denuncia penal por los supuestos delitos de "atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento" durante la sesión legislativa del 14 de diciembre, cuando fuera del Parlamento ocurría una masiva movilización contra la reforma previsional, que implicará un ajuste en los haberes de jubilados, pensionados y familias que reciben la Asignación Universal por Hijo, y un desproporcionado operativo represivo de la Gendarmería y la Policía Federal. 

La denuncia, que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, involucra a Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof , Marcos Cleri, del bloque del Frente para la Victoria, al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto; y al diputado Nicolás del Caño y la legisladora porteña Myriam Bregman del Frente de Izquierda. 

Según la denuncia del régimen, los legisladores intentaron hacer caer la sesión habilitándole el ingreso a personas para que irrumpan en la Cámara, cuando desde la madrugada el edificio estaba rodeado por decenas de camiones y efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales, que incluso dificultaron el ingreso de los propios legisladores. 

El Poder Ejecutivo también acusa a los diputados de amenazar a la Gendarmería e interponerse en las detenciones que llevaron adelante tras la represión. 

Las detenciones fueron 37 durante una cacería al voleo posterior a la represión que duró más de 8 horas. En particular, la de Gendarmería fueron 14. La fuerza dirigida por la dipsómana ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, arrestó en la zona cercana al Congreso a personas que estaban trabajando, regresando a sus casas y hasta personas que viven en las calles. 

La denuncia contra los diputados de la oposición está firmada por un funcionario a cargo de Bullrich: Guillermo Soares Gache, subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Las pruebas contra los diputados son un informe de Gendarmería, testimonios de esa fuerza e imágenes de televisión. 

También hubo otras imágenes registradas de aquella tarde. Uno de los casos más conocidos de las detenciones al voleo fue el de la joven Damiana Negrín Ceballos, que quedó registrado en un video viralizado en las redes y también por las cámaras de C5N. Una decena de gendarmes rodeó a la chica que volvía a su casa después del trabajo y la arrastran hasta una camioneta para llevarla detenida, a pesar de que gritaba que no había hecho nada ni siquiera participar de la movilización. Otro caso que fue televisado en vivo fue la detención de un hombre en situación de calle, que el diputado Pietragalla intentó evitar. 

También quedó registrado a través de fotos y videos el momento en que la diputada Mayra Mendoza recibió una descarga de gas pimienta en la cara a centímetros de distancia, cuando intentó impedir que la policía continuara reprimiendo. Los legisladores Leonardo Grosso y Victoria Donda que fueron heridos por la Gendarmería el día anterior a la sesión, no fueron incluídos en la denuncia.

Aquel lunes, en el recinto, la desquiciada diputada y referente de la alianza de derecha Cambiemos Elisa Carrió había acusado a los diputados opositores de "atropellar" a las fuerzas de seguridad, mientras que le jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, los tildó de "diputados piqueteros" durante la conferencia de prensa posterior a la represión y la suspensión de la sesión, que se retomaría en un contexto similar el lunes 18. 

Entre otras actitudes, el macrifascismo también había criticado la eenfática demanda de varios diputados, entre ellos el acusado Moreau, sobre el presidente de la Cámara baja Emilio Monzó para que suspendiera la sesión, aunque en un video quedó registrado que fue el titular de la Cámara a quien se ve arrojando un golpe contra los legisladores.

La respuesta opositora a la denuncia del régimen macrifascita: "No tenemos estado de derecho"

LOS DIPUTADOS AGUSTÍN ROSSI Y NICOLÁS DEL CAÑO Y LA LEGISLADORA PORTEÑA MYRIAM BREGMAN SE MANIFESTARON RESPECTO DE LA DENUNCIA DEL RÉGIMEN MACRIFASCISTA CONTRA LEGISLADORES Y DIRIGENTES OPOSITORES.

"El Gobierno denuncia penalmente a diputados por los hechos del 14 de diciembre, cuando, en verdad, lo que sucedió es que 7 diputados, de distintos bloques, sufrieron heridas por la represión de las fuerzas de seguridad", repudió el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, tras conocerse la denuncia penal presentada por el régimen macrifascista contra 11 diputados y dirigentes políticos, del FPV y el Frente de Izquierda, por la supuesta intención de hacer caer la sesión de la reforma previsional y desobedecer a la Gendarmería. "Es la primera vez, desde que recuperamos la democracia, que un Gobierno denuncia penalmente a diputados opositores", resaltó "el Chivo". 

"¿Quién solicita el operativo? El presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién elige al presidente de la Cámara? Los diputados. Es decir, los mandantes del operativo son los diputados a través de su representación institucional. Por lo tanto, los diputados teníamos pleno derecho de cuestionar un operativo que estaba ejerciendo una represión indiscriminada y violenta", argumentó Rossi en contra de la demanda abierta por el Ejecutivo con la firma de un funcionario a cargo de la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, quien estuvo a cargo del desproporcionado operativo represivo de la Gendarmería y la Policía Federal. 

El presidente de bloque recordó que un día después de la sesión se presentó una denuncia penal por los 7 legisladores heridos en el accionar de las fuerzas coordinadas por la ex montonera entregadpra de compañeros. Entre los heridos estuvo la diputada Mayra Mendoza, agredida con gas pimienta en la cara a pocos centímetros de distancia, y ahora acusada de por el régimen de “atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento”. 

Los otros acusados bajo los mismos cargos son Leopoldo Moreau, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque , Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Marcos Cleri, Gabriel Mariotto, todos ellos del bloque del FPV, a excepción de Mariotto. "La denuncia es tan berreta, que entre otras cosas, denuncian a Mariotto, que no es diputado", apuntó Rossi. El grupo de diputados y dirigentes denunciados lo completan el diputado del FIT Nicolás del Caño y la legisladora porteña de la misma fuerza Myriam Bregman. 

"Se preparan para la reforma laboral", ironizó Bregman al compartir la nota sobre la denuncia en su contra. El jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, confirmó antes de ayer que el macrifascismo intentará aprobar la reforma laboral negociada con la CGT en extraordinarias en el mes de febrero. La legisladora y abogada del CEPRODH también calificó de "berreta" la denuncia firmada por la cartera de Bullrich Luro Pueyrredón, mientras que desde el propio CEPRODH repudiaron el "gravísimo hecho de persecución política".

Por su parte, el diputado Del Caño señaló que "el gobierno de Mugrizio Macri nos acusa por el terrible delito de ponernos delante de los gendarmes armados hasta los dientes y por la herejía de pedir que se levante la sesión del robo a los jubilados" y confió en que "se equivoca Durán Barba si cree que con esta denuncia berreta logrará revertir la bronca popular con el robo a los jubilados que consumó el gobierno de los ricos que él asesora. Es la lucha de clases... estúpido". 

En la denuncia presentado por el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos, que quedó en el juzgado de María Servini de Cubría, se construye un relato a partir de imágenes televisivas e informes de la Gendarmería para sostener que con las acciones ocurridas en la calle los diputados buscan hacer caer la sesión. En ese sentido, Del Caño recordó que "15 minutos después de que solicitáramos que retiren el descomunal operativo sitiando el Congreso con las fuerzas represivas, dieron la orden de reprimir para que las columnas no pudieran llegar a la concentración".

En ese tono, Rossi enumeró que "la represión del 14, fue la más brutal desde el regreso de la democracia, frente al Congreso. Duró más de 10 horas, la Gendarmería se quedó sin cartuchos de goma, 7 diputados heridos y más de 45 detenidos". 

"La acción de nuestros diputados evitó el aumento de la violencia represiva", defendió a los legisladores que salieron a la calle a pedir el cese de la represión, entre ellos, él mismo. Mientras que respecto de la discusión que se dio adentro del recinto, el diputado por Santa Fe sostuvo que se buscó "evitar que una sesión irregular, nunca tuvieron quórum, se llevará a cabo".

"Queda claro, que en la Argentina, no tenemos estado de derecho, vivimos en un estado de excepción. Es un nuevo capítulo en la persecución política y judicial a dirigentes opositores, que lleva adelante el Gobierno. Macri no tolera las voces que lo critican y cuestionan", lamentó Rossi.

Emmanuel Álvarez Agis sobre los anuncios económicos: "Reconocen que las metas de inflación eran irreales"

EL EX VICEMINISTRO DE ECONOMÍA EXPLICÓ QUE EL ESQUEMA QUE TENÍA EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA “ERA INSOSTENIBLE”. DIJO TAMBIÉN QUE MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS "SE METIÓ SOLO” EN EL PROBLEMA Y QUE “ACÁ NO HAY PESADA HERENCIA”.

El ex viceministro de Economía del anterior gobierno, Emmanuel Álvarez Agis, en declaraciones a la AM 750, se refirió a los anuncios que el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, realizó el jueves junto con los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. 

"El Gobierno reconoce que las metas de inflación que tenía eran irreales", evaluó el economista.

Asimismo, señaló que "el Gobierno se encontró en una encerrona sobre fin de año”. En ese sentido, añadió que “todos los economistas estábamos de acuerdo en que este esquema era insostenible".

Álvarez Agis remarcó que en el tema de las metas de inflación la administración macrifascista no puede escudarse en la “pesada herencia”. 

"Este es un problema en el que el Gobierno se metió sólo”, puntualizó y afirmó que “el propio Gabinete económico reconoció que su rumbo económico no fue el correcto".

"El problema del dólar en la Argentina no es cultural, es económico. En general a lo largo de la historia el que apostó al dólar siempre ganó”, analizó y al respecto, añadió que “para cambiar eso tenemos que darnos cincuenta o sesenta años de estabilidad económica".

Las góndolas se recalientan: proyectan una aceleración de la inflación por la suba del dólar

LOS ECONOMISTAS ASEGURAN QUE EL RELAJAMIENTO DE LAS METAS DE INFLACIÓN Y EL COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT FISCAL ANUNCIADO EN LA CASA ROSADA NO SÓLO NO LOGRARÁN CONTROLAR LOS PRECIOS SINO QUE ACELERARÁN LOS AUMENTOS DURANTE 2018.

El relajamiento de las metas de inflación y el compromiso con la reducción del déficit fiscal anunciados el jueves en la Casa Rosada no solo no lograrán controlar los precios sino que acelerarán los aumentos durante 2018. Consultadas las economistas Mercedes Marcó del Pont de FIDE, Mara Ruiz Malec de la Fundación Germán Abdala, Mariana González de Cifra y Florencia Medici de la Universidad Nacional de Moreno advierten que la escalada en el tipo de cambio y el ajuste en los subsidios necesarios para acercarse a las metas fiscales se trasladarán a los precios volviendo improbable el cumplimiento del nuevo objetivo del 15 por ciento. 

“Sin paz cambiaria en 2018 la inflación seguirá subiendo porque las fuentes de inflación de los últimos dos años se van a repetir: los movimientos en el tipo de cambio y las tarifas con un poco de puja distributiva. El manejo de la tasa de interés no puede resolver este entuerto. En economías subdesarrolladas como la Argentina está más que demostrado que las fuentes de la inflación no están vinculadas a la demanda como sostienen los regímenes de metas de inflación sino a los shocks del lado de la oferta. Afirmar que los argentinos tienen que olvidarse del dólar es irresponsable, es desconocer lo que implica en la formación de precios”, lanzó la titular de FIDE y ex titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, al advertir sobre la creciente vulnerabilidad externa de la economía argentina. 

“Relajaron la meta de inflación pero siguen en un escenario poco realista. Este año termina con aumentos del 25 por ciento, ¿qué pueden hacer distinto durante 2018 para lograr controlar los precios?”, consideró Ruiz Malec del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. “El salto del tipo de cambio influye de manera directa sobre los combustibles pero también afectará de forma indirecta ya que muchos formadores de precios utilizan el valor del dólar como señal para determinar precios más allá del componente importado que tengan”, apuntó la economista. 

Pero el impacto sobre los precios no estará limitado al canal cambiario. “Subestiman la inflación y sobreestiman la capacidad del Banco Central para controlar la inflación solo con la tasa de interés. No alcanza con las tasas y mucho menos si dejás ir al tipo de cambio. Pero además apuestan a cumplir metas fiscales que también van a golpear sobre los precios ya que van a sacar, por ejemplo, subsidios al transporte. Eso no solo impacta sobre el IPC sino que afecta las paritarias”, explicó la economista del ITE.

“Relajar las metas hace saltar el dólar. Si dejan flotar el tipo de cambio sin intervención y siguen subiendo las tarifas difícilmente se cumplan con el objetivo que se imponen. Van a intentar disciplinar los precios por otra vía. La reforma laboral y el techo para las paritarias son las herramientas a las que apelará el Gobierno. Con ese camino el crecimiento no es una prioridad y sin dudas será afectado”, indicó Medici al referirse a las implicancias distributivas de las medidas anunciadas antes de ayer. 

“El anuncio puso de manifiesto que la meta de inflación era inconsistente. Las metas bajas que no se cumplieron se utilizaron a lo largo de los últimos dos años como mecanismo para ponerle un techo a las negociaciones salariales. Los anuncios oficiales para los aumentos salariales pretendidos por el gobierno iban en línea con la meta modificada ayer (por antes de ayer). Sabiendo que los primeros meses del año vienen aumentos esta meta no iba a poder sostenerse”, consideró González. “A unos primeros meses que venían recalentados por aumentos de tarifas se le suma el impacto de la devaluación resultante del anuncio que en ambos casos redundará en una caída sobre el poder adquisitivo”, apuntó la investigadora del Cifra. Por su parte, Ruiz Malec agregó que “es inconsistente intentar cumplir metas de inflación y fiscales tan exigentes cuando se bajan impuestos que tienen impactos regresivos”. La economista indicó que “frente a un menor margen para quitar subsidios lo que entra en tensión es el gasto de la seguridad social que es el gran objetivo del Gobierno. Por eso, incluso si se cumplen las metas el resultado afectará a los trabajadores y jubilados”. 

“El salto en el tipo de cambio se da en un contexto de pésimas noticias para el sector externo como son la fuga y la cuenta corriente. El problema de la inflación en Argentina no viene por el manejo de la tasa de interés. Por eso el margen para moverse que tiene el Banco Central es muy bajo ya que el capital especulativo sobrereacciona frente a las expectativas de una baja en las tasas”, señaló la presidenta de FIDE. A pesar de la aceleración en el ritmo de la devaluación de las últimas semanas y la sobrereacción a los anuncios del jueves, Marcó del Pont advierte que “el tipo de cambio promedio es 6 por ciento inferior al proyectado por las autoridades”. Desde su perspectiva no se puede descartar que el tipo de cambio muestre una baja ya que “el negocio financiero que incentiva el ingreso de dólares sigue siendo muy rentable”.

Fuente: nota de Tomás Lukin para Página/12

El FMI le pidió al al régimen macrifascista y cipayo acelerar el ritmo del ajuste fiscal

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PIDIÓ A LA ARGENTINA ACELERAR EL RITMO DEL AJUSTE FISCAL YA QUE REDUCIRÍA LAS VULNERABILIDADES EXTERNAS, CREARÍA CREDIBILIDAD Y AYUDARÍA A ANCLAR LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN, EN LAS CONCLUSIONES DE 2017 TRAS LA CONSULTA DEL ARTÍCULO IV.

Además, el organismo elevó las estimación de crecimiento para este año al 2,8%, y mantuvo el pronóstico de una expansión del 2,5% para 2018. También subió su estimación para el déficit de cuenta corriente a 4,3% del Producto Interno Bruto (PBI) en 2017, desde un 3,6 por ciento previo, y a 4,4 por ciento en 2018, frente al 3,7 por ciento calculado anteriormente.

A su vez, la entidad estimó que la inflación de Argentina será de 23,6% en 2017 y que el año próximo alcanzará 16,3%. El jueves, el régimen macrifascista anunció cambios en sus metas de inflación y dijo que aspira a que las alzas de precios minoristas sean de 15% en 2018.

Los directores respaldaron un "reequilibrio fiscal más anticipado, que permitiría tasas de interés más bajas, reduciría las presiones al alza sobre el peso y limitaría las vulnerabilidades ante un endurecimiento repentino de las condiciones de financiamiento externo". 

Si bien coincidieron con la necesidad de reducir el déficit fiscal, también señalaron el posible crecimiento económico y el impacto social de una consolidación más rápida, resalta el escrito.

Asimismo, saludaron "el compromiso de las autoridades de mantener una postura estricta de política monetaria para alcanzar sus metas de inflación" e hicieron hincapié en que la reducción del financiamiento monetario del déficit ayudaría a fortalecer la independencia del banco central y aumentaría la credibilidad del régimen de metas de inflación.

A su vez, tomaron con beneplácito, en este contexto, "la apertura de las autoridades a considerar acelerar el ritmo del ajuste fiscal si se materializaban los riesgos alcistas". 

Señalaron también que la reducción del gasto público es esencial, especialmente en las áreas donde el gasto ha aumentado muy rápidamente en los últimos años, especialmente los salarios, las pensiones y las transferencias sociales. Sin embargo, destacaron "la importancia de mitigar el impacto del reequilibrio fiscal en los segmentos más vulnerables de la población".

"Argentina está experimentando una sólida recuperación desde la recesión del año pasado", sostuvo en su informe el FMI, que el año pasado, el FMIlevantó una moción de censura que regía desde hacía años sobre las estadísticas de Argentina, luego de que Mugrizio Macri Blanco Villegas reformara el INDEC.

En su reporte, el FMI elogió los esfuerzos del régimen para reducir gradualmente su déficit fiscal primario, pero advirtió que una merma en el gasto podría impactar en la actividad económica. Argentina aspira a bajar su déficit al 3,2 por ciento del PBI en 2018, desde el 4,2 por ciento actual.

"Esto es probable que juegue en contra del crecimiento económico en los próximos dos años, dejándolo en alrededor de 2,5 por ciento", señaló el informe.

También alabó la reforma tributaria que impulsó el ex hijastro de Flavi Palmiero y que el Congreso aprobó esta semana, al afirmar que alentaría la inversión y la creación de empleo formal. El organismo calculó que la tercera economía de América Latina cerrará el año con una tasa de desempleo del 8,1 por ciento, que caerá al 7,7 por ciento en 2018.

Otro aumento para el arranque de 2018: el régimen macrifascista autorizó a las prepagas una suba de 4%

A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2018 LA MEDICINA PREPAGA SERÁ UN 4 POR CIENTO MÁS CARA. SE TRATARÁ DE UN NUEVO AJUSTE QUE SE SUMA AL APLICADO A COMIENZOS DE ESTE MES.

El régimen fascista y neoliberal de Mugrizio Macri Blanco Villegas autorizó un nuevo aumento del 4% en los precios de las prepagas, que se hará efectivo a partir del primero1º de febrero próximo. 

El primer ajuste para 2018 fue dispuesto a través de la Resolución 2479-E/2017 del Ministerio de Salud, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

"Autorizase a todas las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, a incrementar el valor autorizado por la Resolución Nº 2017-1975 en hasta un 4% a partir del primero de Febrero de 2018", según el texto oficial.

Además, el Poder Ejecutivo señaló que las empresas "deberán extremar los recaudos necesarios para notificar de manera fehaciente a los usuarios, a fin de que aquellos tengan cabal información de los aumentos".

Para justificar el incremento, la Casa Rosada aseguró que la Superintendencia de Servicios de Salud "evaluó la caracterización del sector de las Empresas de Medicina Prepaga y revisó el incremento de costos del sector".

"Del análisis realizado, surge que resulta razonable autorizar un aumento general, complementario y acumulativo, de aquel que fuera aprobado el 27 de octubre de 2017", añadió. 

Las prepagas ya habían aplicado una suba (del 6%) desde el primero de diciembre último, con lo cual los planes de salud que ofrecen esas compañías acumularon en 2017 un aumento del 27%, superior a la inflación prevista para este año, en torno al 23%.

A lo largo de este año, el servicio aumentó en febrero (5%), julio (5%), agosto (6%), septiembre (5%) y diciembre (6%), con un acumulado del 27%.

A la suba de prepagas, se sumaron este mes los incrementos en luz, gas y combustibles, que incrementan más la presión sobre la inflación; y en breve se sumarán los ajustes en los boletos de colectivos y trenes, que se aplicarán también desde febrero.

El regreso de las cuasimonedas

LA COMUNA SANTAFESINA DE INTIYACO, ADMINISTRADA POR LA GESTIÓN DE CAMBIEMOS, EMITIÓ CUASIMONEDAS DE DISTINTA DENOMINCIÓN CON LAS QUE PAGÓ PARTE DE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES.

La medida que evoca los bonos y letras lanzadas por los gobiernos provinciales meses antes del estallido de 2001 fue repudiada por la Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (FESTRAM), que advirtió que esa práctica “nos anticipa las pretensiones del gobierno de Mugrizio Macri”.

Los papeles con valores de 10, 50 y 100 pesos son similares a billetes -como los recordados Patacones, Bofes, y Lecop-, tienen la leyenda “en Dios confiamos”, similar al “In God we trust” inscripto en los dólares, y fueron entregados a los empleados por Fernando Roda, presidente de esa comuna del Departamento de Vera.

Durante el acto, que tuvo lugar el 22 de diciembre pasado, Roda les explicó a sus empleados que, “para la primera etapa”, esa cuasimoneda tiene un respaldo de 70 mil pesos depositados en un plazo fijo bancario y que, por ahora, los podrán utilizar para pagar tasas y comprar mercaderías en comercios locales adheridos.

En los últimos días, la puesta en marcha de ese bono tuvo eco en las redes sociales y provocó el repudio de la FESTRAM, que reclamó la intervención del gobierno provincial y la investigación de la Justicia santafesina para aclarar el caso.

A través de un comunicado, la federación calificó a esa medida como una “aberrante práctica que nos retrotrae al pasado y nos anticipa las pretensiones del Gobierno de Macri con la Reforma Laboral sustentada en Bonos emitidos con endeudamiento externo”.

“En medio de otra devaluación que implica la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la emisión de estas cuasi monedas aseguran la corrupción, la especulación y la usura para trasladar salvajemente el peso de la crisis a los sectores sociales más desprotegidos”, argumentaron los gremios que, ante este hecho, se declararon en “estado de alerta y movilización”.

Más despidos en el Estado: ahora en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde policías con un listado impiden el ingreso de los cesanteados

UNOS 40 TRABAJADORES DE LA CARTERA QUE CONDUCE EL RABINO SERGIO BERGMAN SE ENTERARON AYER A LA MAÑANA QUE NO POIDÍAN ENTRAR A TRABAJAR PORQUE SUS CONTRATOS NO SERÍAN RENOVADOS. LAS CESANTÍAS FORMAN PARTE DEL AJUSTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SE SUMAN A LAS DE OTRAS DEPENDENCIAS ESTATALES.

Sin telegramas ni aviso previo, y con efectivos de la Policía Federal custodiando las entradas, los trabajadores del Ministerio de Ambiente se enteraron ayer por la mañana cuando llegaron a su puestos de trabajo que 40 de ellos habían sido despedidos. 

Los encargados de notificar las cesantías fueron los efectivos policiales que, apostados en la puerta desde la primera hora, exigíann identificación a todos los empleados y chequean si el nombre figura o no en el listado.

“Todos los diciembre son de incertidumbre porque tenemos un contrato basura que se renueva todos los año. Pero esta es la primera vez que es tan violento, con policías que te piden DNI y te impiden la entrada”, contó Edith Ibáñez, delegada de ATE que desde temprano acompañó en la puerta a los trabajadores que fueron enterándose que estaban despedidos.

Según pudo saber la delegada, los despidos llegan a 40 entre las dos sedes que tiene el Ministerio, una en San Martín 451 y otra en Reconquista 555. En ambos edificios el operativo fue el mismo. Los policías pedían identificación y verificaban si el nombre figuraba en el listado.

“Muy pocos se enteraron ayer (por antes de ayer) por parte de sus jefes directos, el resto se va ir enterando hoy (por ayer) a medida que lleguen a trabajar”, sostuvo la delegada, que junto con el secretario de Organización de ATE Capital, Hugo Bellón, pidió una reunión con el rabino Sergio Bergman, titular de la cartera de Ambiente, o con su jefa de Gabinete, Patricia Holfman.

Los despidos en Ambiente se suman a los anunciados en los últimos días en otras dependencias públicas, como los 160 trabajadores de la Televisión Digital Abierta o los 70 empleados de Defensa, incluidos los encargados de los archivos de la dictadura, que prueban los crímenes de lesa humanidad. Desde el gremio de los estatales contaron que ya hubo en diciembre más de 600 despidos.

El Grupo Clarín cierra el diario La Razón y temen una ola de despidos

DESPUÉS DE MUCHOS RUMORES E INFORMACIÓN CRUZADA SE CONFIRMÓ QUE LA RAZÓN, UN DIARIO CON 112 AÑOS DE HISTORIA, QUE DESDE 2000 SE INTEGRÓ AL GRUPO CLARÍN, DEJARÁ DE PUBLICARSE AL COMENZAR EL 2018.

"Como de costumbre, las noticias dentro de AGEA circulan más por trascendidos informales que por los canales lógicos por dónde deberían darse. Ya lo hemos dicho: trabajamos en una empresa de comunicación que no comunica", denunciaron los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Interna de Trabajadores de AGEA/Clarín en un comunicado.

"El ruido y la falta de diálogo entre la jefatura periodística y la Gerencia de Capital Humano durante las últimas semanas provocó gran incertidumbre en los 15 compañeros de La Razón, sin saber hasta cuándo se publicaría el diario ni cuál sería su futuro inmediato", agregaron. 

"Finalmente, el martes 26/12, luego de la insistencia desde la Comisión Interna para que se diera un mensaje claro, se les anunció a los trabajadores de esa redacción que la última edición será este viernes 29/12", explicaron.

El cierre de La Razón se da en el marco de "un viraje en la política corporativa basado en quitar el foco y el financiamiento a aquellos productos que no son considerados centrales para la empresa. En ese contexto a lo largo de 2017 también dejaron de editarse, entre otras, publicaciones como Tiki Tiki, SHOP, Casa FOA y Mundo Gaturro".

El caso de La Razón, al igual que el de otras productos que vienen cerrando en los últimos años, "tuvo un derrotero previo de ajuste, vaciamiento y quita de recursos. El golpe definitivo lo dieron cuando cerraron la pagina web, una herramienta vital y clave para un medio de comunicación del siglo XXI, tercerizando su desarrollo y producción, reduciendola a la mera publicación de imágenes del pdf del diario impreso. Una vez más generaron la profecía auto cumplida: decidieron dejar de publicar un título histórico al verse vetustos y poco competitivos por carecer de una versión digital que la misma empresa había desechado tiempo atrás".

Ante esta situación los trabajadores y trabajadoras de AGEA/Clarín repudiaron el cierre de otro medio de comunicación y reiteraron el pedido de "claridad en la comunicación de la empresa", así como exigieron el cumplimiento de la "reubicación de la totalidad de los compañeros de La Razón".

Docentes y estudiantes marcharon en defensa de los Institutos de Formación Docente y contra el cierre de los terciarios

LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE MANIFESTÓ EN CONTRA DEL PROYECTO PRESENTADO POR HORACIO RODRÍGUEZ LARRATA PARA CREAR LA UNIVERSIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE Y ABSORBER A LOS INSTITUTOS. DENUNCIARON QUE LA MEDIDA ENCUBRE UN RECORTE PRESUPUESTARIO Y ES INCONSULTA.

Docentes y estudiantes de los Institutos de Formación Docente se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Educación, en el Palacio Sarmiento, para repudiar el cierre de los 29 terciarios planteado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, que presentó un anteproyecto para crear en su lugar una universidad de formación docente, la UniCABA.

Bajo la consigna "el 29 por los 29" y "No al cierre de los IFD", la concentración fue convocada por todos los claustros de los terciarios, normales, artísticas y superiores y los gremios docentes, en Pizzurno 935. 

"Nunca en la historia argentina la apertura de una universidad implicó el cierre de un instituto. Lo hacen para reducir presupuesto; porque no toleran que se elijan las autoridades democráticamente por claustros y porque creen que el conocimiento es una mercancía y no un derecho social", remarcó Eduardo López, dirigente de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE).

Los gremios reclamaron que "se convoque a la participación de la comunidad educativa, de los pedagogos, de las universidades, docentes y estudiantes para que el debate sea abierto y sin los condicionamientos que impone el gobierno porteño". 

"Lo que quiere el gobierno de la Ciudad es cerrar los institutos terciarios porque no tolera la diversidad y pluralidad que significan 29 profesorados", agregó López.

Además de los gremios docentes, el Arzobispado de Buenos Aires también manifestó su oposición al proyecto de la universidad y el cierre de los institutos. 

En una carta firmada por el arzobispo Mario Aurelio Poli, la Iglesia expresó la preocupación "por la ausencia de diálogo y consenso previo al proyecto que se ha presentado como cerrado" y le pidió al jefe de Gobierno porteño que retire el proyecto de la universidad.

Pese a las promesas del régimen macrifascista, hay miles de usuarios sin luz en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires

SEGÚN INFORMARON EDENOR Y EDESUR, CERCA DEL MEDIODÍA HABÍA CASI VEINTE MIL HOGARES Y COMERCIOS SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO. EN ALGUNOS CASOS LOS CORTES LLEVAN DOS DÍAS. VECINOS DE BOEDO HICIERON ANTEANOCHE EN CACEROLAZO EN RECLAMO PARA QUE LES RESTABLEZCAN EL SERVICIO.

Con una temperatura que orilló los 40 grados, el último día hábil de 2018 se tornó insoportable para usuarios de Edenor y Edesur de casi 20.000 hogares y comercios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires que sufrieron el corte del suministro eléctrico. En algunos casos no tienen electricidad desde hace ya un par de días.

Los usuarios apelaron a las redes sociales para manifestar sus quejas. Por esa vía y también a través de los medios de comunicación le reclaman a las empresas que restablezcan el suministro antes del fin de semana. Los cortes coinciden con la ola de calor y con los preparativos para el festejo de Año Nuevo.

En el barrio porteño de Boedo los vecinos cortaron el jueves a la noche Treinta y Tres Orientales, entre avenida San Juan y Carlos Calvo y acompañaron el corte de calle con un cacerolazo.

Edenor informó a las 11 de ayer al Ente Nacional Regulador de Energía que 4.716 usuarios de esa empresa tenían interrumpido el servicio eléctrico. 

En la Capital Federal, los cortes de esa distribuidora afectaban al barrio de Villa Urquiza, mientras que en el conurbano había interrupciones en Hurlingham, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, San Martín, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza y Malvinas Argentinas.

A esa misma hora Edesur le informó también la ENRE que bajo su órbita había 14.981 hogares y comercios sin electricidad. Los usuarios de Edesur sin suministro en la Capital Federal se ubicaban en los barrios de Mataderos, Villa Constitución, Villa Santa Rita, Boedo, Caballito, Balvanera, La Boca, San Nicolás y Villa Soldati. En el conurbano había cortes en Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.

Cabe recordar que en reiteradas oportunidades, tanto personeros del régimen macrifascista como las empresas distribuidoras habían prometido que este año había menos cortes de energía eléctrica.

Un amigo en problemas: reabren una causa que involucra a Joe Lewis

LA SALA III DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL REVOCÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LOS IMPUTADOS POR LA VENTA IRREGULAR DE LAS TIERRAS ALEDAÑAS AL LAGO ESCONDIDO. UNO DE ELLOS ES CHARLES LEWIS, HIJO DEL MAGNATE INGLÉS AMIGO DEL PRESIDENTE, QUE FUE UNO DE LOS COMPRADORES EN 1996 DE PARTE DE LAS 12 MIL HECTÁREAS UBICADAS EN RIO NEGRO.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades en el proceso de ventas de las tierras linderas al Lago Escondido y que son propiedad Joe Lewis, el magnate británico y amigo íntimo de Mugrizio Macri Blanco Villegas. La medida anuló un fallo anterior que había declarado extinto a ese caso en el que están involucrados cuatro ex funcionarios rionegrinos que, según la denuncia, habrían alterado la regulación inmobiliaria vigente en la provincia a favor del empresario.

La decisión del tribunal complica Charles Lewis, hijo de Lewis, que fue uno de los compradores en 1996 de parte de las 12 mil hectáreas propiedad del magnate. Bajo la lupa también están los ex funcionarios públicos Ricardo Juan José Mayer, la escribana María Szama, la abogada Susana Beatríz Sarto y Lisandro Alfredo Allende, quienes habrían operado a favor de Lewis, que en 1996 estaba interesado en esas tierras pero a las que sin embargo no podía acceder.

El escollo principal era que, por tratarse de una zona de alto valor natural y fronterizo, ningún extranjero podría hacerse de esos territorios. Sin embargo, el empresario británico las adquirió. En los papeles, el comprador fue su hijo Charles Lewis.

Se trata de un territorio parte de las zonas que el Estado denomina "de seguridad". Son regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Si bien la ley original prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de previa conformidad del Ministerio del Interior, donde deben cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación. Para la Defensoría del Pueblo, la adquisición del predio de Lago Escondido resultó “irregular”, algo que podría “encuadrar en figuras penales”.

La Sala I había rechazado la denuncia y sobreseyó a cada uno de los imputados. Sin embargo, la Sala III, tras un recurso de casación interpuesto por el titular interino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, desempolvó el caso, rechazó los sobreseimientos y anuló la extinción de la causa.

La PIA denunció que la venta de las tierras era contraria a la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44. Sin embargo, los Lewis constituyeron una compañía con personas jurídicas argentinas y concretaron la adquisición. La primera era la empresa Properties Buenos Aires, y las tierras luego fueron inscriptas a nombre de Hidden Lake.

El informe de la Defensoría del Pueblo indicó que Properties se creó en 1994 y que entre sus accionistas estaban Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende, en su carácter de presidente de Properties.

La decisión del tribunal integrado por Carlos Alberto Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani no es el único revés que el amigo del Presidente recibió este año. La principal es por la prohibición al acceso del Lago Escondido. La otra es producto de sendas movilizaciones en El Bolsón contra un emprendimiento inmobiliario en 850 hectáreas de una reserva natural de esa localidad. La Justicia exigió que se revise el loteo de esos terrenos que había adquirido Lewis y puso bajo la lupa al intendente Bruno Pogliano, quien cedió las tierras a pesar de que durante la campaña electoral de 2015 había prometido que no lo haría.

Detuvieron al policía que pisó con su moto al cartonero

SE TRATA DE UN EFECTIVO DE LA FEDERAL. EL JUEZ SERGIO TORRES ORDENÓ IDENTIFICAR TAMBIÉN AL EFECTIVO QUE GOLPEÓ Y TIRÓ GAS PIMIENTA EN LA CARA A UN SEÑOR MAYOR QUE ESTABA PARADO EN UNA ESQUINA EN LA ZONA DE LAS MANIFESTACIONES CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL.

El policía que pasó con su moto por encima del joven cartonero de 19 años, durante represión a la manifestación contra la reforma previsional, fue detenido ayer a la mañana a pedido del juez Federal Sergio Torres que investiga los episodios de violencia por parte de los uniformados y los manifestantes. 

El agente que ya fue apresado, fue identificado como Dante Barisone, forma parte del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Federal y en horas de la tarde fue indagado en los tribunales de Comodoro Py.

Además de Barisone, Torres ordenó identificar al policía que roció con gas pimienta a muy corta distancia y golpeó con su cachiporra a un señor mayor que estaba parado en una esquina, en la zona de los disturbios. 

El lunes 18, cuando en Diputados trataban la reforma previsional, miles de manifestantes se movilizaron hasta la Plaza del Congreso para repudiar la reforma. Luego de que un grupo de manifestantes agrediera con piedrazos a efectivos del cordón de seguridad, los policías avanzaron contra los manifestantes en una brutal represión que terminó con cientos de heridos y 80 manifestantes detenidos.

Alejandro “Pipi” Rosado, el recolector de 19 años, fue víctima de la razzia policial cuando trabajaba en las inmediaciones del Congreso. El joven fue herido primero por balas de goma y luego, cuando ya estaba tirado en el piso, fue atropellado por el agente Berisone, quien también quemó al joven con el caño de escape de la moto. Por la gravedad de las lesiones, Rosado estuvo internado hasta esta semana.

Por otra parte, también por orden de Torres, fueron detenidos los manifestantes Javier Arakaki y Lucas Sauret, acusados de golpear a un efectivo tirado en el piso.

El Facebook del oficial Barisone, el policía detenido por la cacería en el Congreso: "Ahí tenés garantista de mierda"

DANTE BARISONE ES EL NOMBRE DEL OFICIAL DEL GRUPO DE OPERACIONES MOTORIZADAS DE LA POLICÍA FEDERAL QUE LE PASÓ CON SU MOTO POR ENCIMA A UN JOVEN CARTONERO DE 19 AÑOS. FUE ARRESTADO HOY. SU PERFIL DE FACEBOOK LO MUESTRA ORGULLOSO DE LA REPRESIÓN. TAMBIÉN SE BURLÓ DE LOS RECLAMOS POR JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO.

Alejandro Rosado es el cartonero de 19 años cuya imagen se convirtió en una de las más emblemáticas de la represión del 18 de diciembre, cuando un policía le pasó por encima con su moto en la calle Hipólito Yrigoyen, a metros del Congreso, mientras se protestaba por el ajuste previsional. Asuntos Internos de la Policía Federal identificó como Dante Barisone al oficial que arrolló a Rosado.

Barisone quedó detenido hoy por orden del juez federal Sergio Torres, a la espera de que le tomaran declaración en los tribunales de Comodoro Py. 

Un repaso por su perfil de Facebook, que se mantiene abierto, permite ver cómo piensa. Por ejemplo, en octubre había posteado un video de Marcos Peña Braun Menéndez en el Congreso, en el que el Jefe de Gabinete defendía la lucha contra los narcos con la frase "estoy orgulloso de las fuerzas de seguridad que están liderando el combate al narcotráfico que ustedes no realizaron". Barisone acompañó la publicación con la frase "ahí tenés garantista de mierda".

El oficial también mostró su postura en el caso Maldonado, con videos que avalan la versión oficial sobre lo ocurrido el 1º de agosto en Chubut, y sobre los piedrazos en una marcha a Plaza de Mayo, sindicados como parte de la acción de infiltrados.

También comparó una pancarta en solidaridad con el joven desaparecido con una frase del teniente Roberto Estévez, caído en Malvinas y símbolo de los sectores más nacionalistas por la carta enviada desde las islas en la que agradece a su padre "por tener tu apellido, gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española, gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como soy, y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar".

El espíritu militarista del oficial Barisone también tiene rasgos de fanatismo en sus posturas antikirchneristas respecto de aquellos que "se obsecionan" (sic) con el anterior gobierno. "Ellos buscan ganar lo mismo que una persona normal", llega a decir, y los tilda de "vagos".

Hace un año parafraseó a Martín Fierro en Facebook. La cita correcta del poema de José Hernández es "con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros". Como sea, algo que "para reinar en la calle" no aplicó ante el desarmado cartonero al que pisó con su moto.

Investigan a la familia Etchevehere por presunta administración fraudulenta

EL FISCAL DE PARANÁ, ALEJANDRO CÁNEPA, ESTUVO EN LA CASA DE LA FAMILIA ETCHEVEHERE EN BUSCA DE DOCUMENTACIÓN POR LA INVESTIGACIÓN DE UNA DENUNCIA POR PRESUNTA ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA.

Arde la interna de la familia del flamante ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, ya célebre por pedir un bono compensación de medio millón de pesos que le fue otorgado por la Suciedad Rural Argentina en plena crisis económica nacional.

El fiscal de Paraná, Alejandro Cánepa, fue a la casa de la familia Etchevehere en busca de documentación pertinente a la investigación de una denuncia que presentara Dolores Etchevehere -hermana de "Luismi"- por presunta administración fraudulenta contra su hermano y otros familiares.

Cánepa tuvo que salir rápidamente a desmentir anallamientos aunque sí los había pedido, en referencia a dos domicilios comerciales. Pero, la jueza Paola Firpo dispuso un morigerado "requerimiento de documentación" y que se allanara el lugar en caso de que esa documentación no fuese cedida voluntariamente.

Pidió los libros societarios de la familia en los domicilios comerciales de las firmas Construcciones del Paraná S.A., en calle Los Vascos 811, donde se encontraba Leonor Barbero Marcial, madre de Etchevehere, y luego en la "Sociedad Anónima Entre Ríos", donde también funciona El Diario de Paraná. La justicia también solicitó la indagatoria del ministro Etchevehere y otros miembros de su familia.

La denuncia de la hermana del ministro de Agoindustria -enmarcada en la causa está caratulada como "Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere"- sostiene que hubo administración fraudulenta de la empresa "Las Margaritas S.A.".

La indagatoria alcanza a todos los hermanos del ministro, como Juan Diego Etchevehere, quien es el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en la provincia, quien ya estuvo envuelto en un caso de cercenamiento a la libertad de expresión tras censurar a una FM de mucha audiencia en Entre Ríos.

Marcos Peña Braun Menéndez respaldó al ministro de Agroindustria: "El bono de la Sociedad Rural a Etchevehere es una liquidación de su ex empleador"

EL JEFE DE GABINETE NEGÓ QUE LOS $ 500.000 QUE RECIBIÓ EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA, LUIS MIGUEL ECHEVEHERE, DE LA SUCIEDAD RURAL ARGENTINA (SRA) SE PUEDA INTERPRETAR COMO UNA "COIMA" AL FUNCIONARIO Y EX PRESIDENTE DE ESA ENTIDAD Y ASEGURÓ QUE ES UNA "LIQUIDACIÓN FINAL DE SU EX EMPLEADOR".

En diálogo con Radio con Vos, Peña Braun Menéndez fue consultado por la denuncia penal contra Echevehere por cobrar un "bono" por sus servicios prestados a la SRA. "Su empleador, donde estuvo trabajando varios años, le liquida su final de sueldo como en cualquier otro empleo", explicó el jefe de ministros. 

"Echevehere no tiene que controlar a la Sociedad Rural, es una entidad que civil que tiene otros controles. Lo que tiene que hacer es política agropecuaria para mejorar la situación de los productores agropecuario, generar más alimentos y mayor bienestar general. No vemos ninguna incompatibilidad entre una cosa y otra. La Oficina Anticorrupción fue muy clara en este sentido", agregó el funcionario.

Cuando el empresario agropecuario asumió el Ministerio renunció no solo a la presidencia de la Suciedad Rural Argentina, sino que también renunció como socio a la institución. Sin embargo, en la última semana trascendieron las quejas de un grupo de directivos de la SRA que se opusieron al pago de medio millón de pesos para Echevehere por su final de ciclo al mando de la institución, pero también para compensar una pérdida del 30% de ingresos por iniciar su carrera en la administración pública. 

En este marco, el abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia para que se investigue los posibles delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta. "El bono que aprobó a la Comisión Directiva de la SRA no contempla aportes ni contribuciones, por lo tanto no puede ser salario. Además, el estatuto de la Sociedad Rural dice que los cargos son 'no rentados' y el Acta que se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra no dice que son salarios", aseguró el letrado a ámbito.com. 

Según Martínez Herrero la decisión de entregarle el bono al ex presidente de la SRA surgió del propio funcionario. "Es como una ayuda que pidió porque va a tardar tres meses para cobrar el sueldo de ministro. No es retornable el bono y los socios que votaron en contra dicen que es una devolución de favores a futuro para los que se lo dieron", afirmó. 

La investigación recayó en el juzgado federal N° 5 del fuero Criminal y Correccional, que hoy subroga Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal a cargo será Ramiro González. 

Antes de asumir, la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la incogible Laura Alonso le dio instrucciones en base a la Ley de Ética Pública al ministro para evitar este tipo de inconvenientes. A través de un escrito, le aclararon que debía renunciar a los cargos en la SRA "así como a cualquier cargo remunerado y honorario que allí desempeñe, como condición para el ejercicio de su cargo público".

Luego del escándalo con el bono, desde la OA le enviaron un pedido de informe a Etchevehere para brinde detalles de lo ocurrido. Las dudas se generaron porque la "liquidación" se aprobó y otorgó antes del 21 de noviembre pasado, cuando el empresario juró como ministro ante Mugrizio Macri Blanco Villegas. Sin embargo, Peña había anunciado que sería el próximo titular de la cartera de Agroindustria el 31 de octubre.La Justicia deberá ahora definir si existe o no la sospecha de que cometió algún delito. 

El abogado agregó que al destapar el caso los 11 dirigentes rurales que votaron en contra expresaron por lo bajo se preocupación, teniendo en cuenta que algunos medios publicaron el nombre y apellido de los que se resistían al pago. "Temen represalias porque Echevhere pidió la lista de cómo votaron cada uno", remarcó.

La Armada dice que sigue la búsqueda del ARA San Juan con tres buques

LOS TRES BUQUES QUE PARTICIPAN EN LA BÚSQUEDA SON EL SARANDÍ, EL ISLAS MALVINAS Y EL YANTAR DE RUSIA. EL SUBMARINO ESTÁ DESAPARECIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE. FAMILIARES DE LOS TRIPULANTES SE ALOJARON EN PUERTO BELGRANO Y FUERON RECIBIDOS POR AUTORIADES NAVALES.

La Armada informó ayer que las tareas de búsqueda del submarino ARA San Juan continúan con el destructor ARA Sarandi, el aviso ARA Islas Malvinas y el barco ruso Yantar. Mediante un comunicado, la fuerza dio a conocer que un grupo de familiares fueron alojados en la base de Puerto Belgrano, donde fueron recibidos por autoridades navales.

El Sarandí se dedica a tareas de barrido en una nueva área, mientras que el Yantar está en un área al sur del centro de la zona de búsqueda. El Islas Malvinas lleva a bordo el “Panther Plus”, el ROV (vehículo operado remotamente). 

De momento, no hay nuevos contactos por inspeccionar. La jornada de ayer tuvo vientos de 17 a 21 nudos, y se esperan que aumenten por la noche a un nivel de entre 22 y 27 nudos, con olas de casi dos metros.

Mientras tanto, el jueves llegaron a la base de Puerto Belgrano 22 familiares de la tripulación del San Juan. Se los alojó allí y ayer fueron recibidos por el Subjefe de la Armada y el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento (a cargo) en el Centro Coordinador de Búsqueda. 

En la reunión se habló sobre el criterio de definición de la zona de búsqueda y las diferentes áreas de barrido asignadas a todos los buques, nacionales e internacionales, desde que comenzó la búqueda del submarino perdido el 15 de noviembre cuando navegaba desde Tierra del Fuego hasta Mar del Plata.

Además, el hermano de uno de los 44 tripulantes embarcó en el aviso ARA Puerto Argentino, que zarpó de Mar del Plata rumbo a la zona de búsqueda, “pudiendo apreciar personalmente el trabajo y las tareas llevadas a cabo para localizar el submarino”, según la Armada.

Por otra parte, se creó el “Centro de Atención Permanente” para contener a los familiares de la tripulación en Mar del Plata, “sumando nuevas iniciativas y formas de asistencia para mejorar la respuesta institucional”.

Los jueces infames ignoraron la conclusión de los peritos que habían determinado que Etchecolatz “no es un incurable terminal”

AL OTORGAR EL BENEFICIO DE LA DETENCIÓN DOMICILIARIA DEL REPRESOR, EL TOF 6 DE LA PLATA CITÓ PARCIALMENTE EL ÚLTIMO INFORME DE LOS PERITOS MÉDICOS, PERO OMITIÓ LAS CONCLUSIONES, QUE SE PRONUNCIABAN CONTRA LA SALIDA DE ETCHECOLATZ DE LA CÁRCEL. LOS EXPERTOS PRESENTARÁN UNA QUEJA.

El tribunal que envió al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz a su casa ignoró las conclusiones de los peritos médicos, que habían determinado que el hijo de puta debía permanecer en prisión, y mencionó en su fallo partes del informe sacadas de contexto. 

Según pudo saberse, esto motivará una nota de queja ante el TOF 6 de La Plata de los expertos de la fiscalía, que indicaron que en toda su carrera “jamás habían visto una actitud” como la que tuvieron los jueces Fernando Canero, Julio Panelo y José Martínez Sobrino. 

De hecho, en su último informe médico de este año, los peritos se pronunciaron contra el intento de Etchecolatz de obtener el arresto domiciliario en virtud de la llamada ley del 2x1. “Es un paciente de avanzada edad, tiene trastornos neurológicos que alteran la estabilidad, hipertenso, no requiere internación, es autovalido parcial y no es un incurable terminal por eso no se comprendería dentro del artículo 32”, consta en el acta elaborada ante el TOF 1 de La Plata, la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y los peritos médicos de las partes. 

“Cuando se habla de pronóstico reservado se refiere al tipo de enfermedad y al pronóstico de la misma, y en este caso no hay enfermedades graves para que el pronóstico sea reservado, puede tener una descompensación por muerte súbita, como cualquiera de los que están en la sala, pero está en un lugar donde la asistencia sería temprana”, explicaron los especialistas en otro tramo del texto. 

A preguntas del tribunal sobre si la edad aumenta el riesgo de muerte súbita, los médicos precisaron que “el paciente tiene un holter” y destacaron que “sobre la situación de alto riesgo, o las eventuales situaciones que podrían desencadenar un cuadro de muerte súbita, si sufriera tal episodio estaría mucho mejor atendido en el HPC (Hospital Penal de Ezeiza)". 

De esa audiencia participaron, además de los jueces Germán Castelli y Alejandro Esmoris, los fiscales de la unidad Marcelo Molina y Hernán Shapiro, los peritos de parte Marcelo Raposeira y Claudio Capuano, de la defensa y del Cuerpo Médico Forense Norma Miotto.

En su fallo del miércoles, el TOF 6 enumeró las afecciones de Etchecolatz descriptas por los doctores Raposeira y Capuano, pero omitió las conclusiones a las que llegaron en su informe. “Se encuentra en silla de ruedas con sonda vesical permanente, presentando las afecciones clínicas de evolución crónica e irreversible, deterioro cognitivo a dominio mnésico, extrapiramidalismo con temblor en miembros superiores a dominio derecho, hipertensión arterial, trastorno neurológico que altera la estabilidad y la marcha y trastornos prostáticos que comprometen la micción”, afirmaron. Sin embargo, fueron muy claros en que este cuadro no implica una enfermedad terminal y en que no están dadas las condiciones que establece el Código Penal en su artículo 32 para conceder a los presos el beneficio del arresto domiciliario.

En otro tramo del fallo, los jueces del Tribunal Oral Federal 6 citaron a sus pares del TOF 1 que, a su vez, mencionaban a Raposeira y Capuano, de nuevo, fuera de contexto. “Tengo presentes las observaciones de los doctores Capuano y Raposeiras, que conforme sus conocimientos y experiencia, explicaron que los hospitales públicos suelen carecer de un número adecuado de enfermeras. Ello, a mi juicio, no es aceptable en el caso, en tanto Etchecolatz está privado de su libertad y el Estado debe cumplir con sus compromisos para asegurar condiciones de alojamiento dignos”, sostuvieron.

Castelli y Esmoris utilizaron una verdad indubitable para arribar a otra, pero el caso es que ambos médicos habían dejado por escrito que el HPC de Ezeiza está en perfectas condiciones y hasta es mejor para la salud del represor que estar en su casa en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. “La atención médica del HPC en base a condiciones de interacción, alojamiento y traslado cuenta con 55 enfermeros, hay consultorios de cardiología y neurología, tiene una shock room completo con aparatología acorde, cuenta con unidad intensiva móvil y dos unidades de traslados (…) En el HPC la atención médica es inmediata mientras que, en la casa, la posibilidad de atención temprana es menor”, destacó Capuano en los párrafos que la Justicia omitió considerar.

Por su parte, José Francos, del hospital de Ezeiza había determinado que Etchecolatz padeció estando preso “cuatro episodios de infección que pudieron haberlo matado, y fue muy bien asistido”, a lo cual Capuano agregó que “la atención allí desde el punto de vista médico es inmejorable”. Francos había coincidido con sus colegas en que el paciente de 88 años no es terminal y es “autónomo parcial”. 

En tanto, Raposeira dijo que “en oportunidad de la huelga de hambre de fin del año pasado constató en el penal que la tecnología con la que cuenta es adecuada, en aquel momento el paciente estaba lúcido, consciente de sus actos, firmaba ‘prisionero de guerra’, sabe su situación jurídica, es plenamente consciente, es un anciano con dificultad para la movilidad que se baña solo, se viste, come, no podría ir a un supermercado, del living al baño y de allí al dormitorio, más de ello no podría moverse. No tiene patologías que puedan derivar en muerte súbita, aunque es más frecuente el óbito de un paciente de ochenta años que de uno de cincuenta, aspecto que es biológico. No registra otras patologías”.

Fuente: nota de Adriana Meyer para Página/12

Concejales y organizaciones locales rechazaron la decisión de trasladar a Etchecolatz a la ciudad: un vecino indeseable para Mar del Plata

REFERENTES DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y CONCEJALES DE TODOS LOS BLOQUES, SALVO DEL PRO, SE PRONUNCIARON CONTRA EL BENEFICIO PARA EL REPRESOR. EL TOF 1 DE LA PLATA RECHAZÓ EL PEDIDO DE UNA VÍCTIMA PARA QUE SE REVEA EL LUGAR DE DETENCIÓN DOMICILIARIA.

El domicilio de Etchecolatz en el Bosque Peralta Ramos ya fue escenario de escraches

Organismos de derechos humanos de Mar de Plata junto con concejales de todos los bloques -excepto del PRO, como no podía se de otra manera- rechazaron la decisión judicial de concederle al ex policía Miguel Etchecolatz, que acumula seis condenas por crímenes de lesa humanidad, el arresto domiciliario en esa ciudad. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, con votos de Alejandro Esmoris y Germán Castelli, minimizó por su parte el hecho de que una víctima directa del genocida deba padecerlo como vecino en el Bosque Peralta Ramos y rechazó el pedido para que se revea el lugar de detención hogareña.

“Estamos acá convocados por una decisión que involucra a uno de los peores personajes de la última dictadura argentina. Coincidimos en el repudio hacia lo que hizo y representa. Estamos afortunadamente en un contexto de paz. Queremos que se haga justicia”, expresó Guillermo Sáenz Saralegui, presidente del Consejo marplatense, en la conferencia de prensa que encabezó junto a la diputada Fernanda Raverta (Frente para la Victoria), las Madres de Plaza de Mayo Angela Barili de Tasca y Emilce Flores, y la titular local de Abuelas de Plaza de Mayo, Ledda Barreiro.

“Ayer (por antes de ayer) fue un día sin matices. Pasamos de la alegría al llanto. Recuperamos a la nieta 127 y nos enteramos de esta decisión de la Justicia”, contó Barreiro. “Etchecolatz va a vivir a tres cuadras de su mano derecha Juan Miguel Wolk”, recordó, en referencia a otro represor del Circuito Camps. “Saben el destino de varias mujeres embarazadas, entre ellas mi hija, y de nietos, algunos que ya recuperamos su identidad pero también de aquellos que aún no lo hicieron, entre ellos el mío”, destacó y pidió ayuda para llevar adelante “una lucha pacífica”.

Del acto participaron los concejales radicales Mario Rodríguez, Natalia Vezzi, Cristina Coria y Vilma Baragiola; también Marcelo Fernández, Santiago Bonifatti y Claudia Rodríguez (Acción Marplatense); Marcos Gutiérrez, Virginia Sívori, Verónica Lagos, Balut Olivar Tarifa Arenas y Daniel Rodríguez (Unidad Ciudadana); y Mercedes Morro y Ariel Ciano (1País). El intendente Carlos Arroyo, ex aliado de Luis Patti, cercano a los carapintadas y de reconocida simpatía por nazismo, evitó pronunciarse. “No puedo opinar sobre temas que resuelva la Justicia porque soy parte del Poder Ejecutivo”, dijo.

El TOF 1 platense rechazó el pedido de los querellantes Guadalupe Godoy y Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata, para que se revea el lugar de la domiciliaria como medida de protección a una víctima directa de Etchecolatz. El juez Alejandro Esmoris argumentó que el planteo era “extemporáneo” dado que conocían la dirección del genocida de resoluciones anteriores en las que se había pronunciado a favor del beneficio, voto al que adhirió Germán Castelli. Esmoris cuestionó a los abogados por no “esbozar más concretamente los riesgos que acarrearía” al sobreviviente y testigo cruzarse en la calle con su torturador, sugirió que en todo caso se evalúe su incorporación a un programa de protección de testigos y apuntó, como atenuante de su decisión, que la domiciliaria “no incluye la libre circulación por las zonas de adyacencias, lo cual alejaría (sic) los temores de las querellas”.

“El derecho de las víctimas a no ser revictimizadas, una carga del Estado frente a la comunidad internacional, parece recaer ahora en los abogados”, lamentó Godoy, quien recordó que la domiciliaria es la habitual antesala de infinitos pedidos y autorizaciones para las más diversas salidas. La fiscal federal María Angeles Ramos hizo un planteo similar ante el TOF 6 porteño, que lo rechazó y remitió al mismo TOF 1 platense argumentando que es en esa jurisdicción donde están radicados los expedientes relativos a la víctima que ahora padecerá a Etchecolatz como vecino indeseable.

La decisión de que Etchecolatz cumpla sus seis condenas y numerosos procesamientos fuera de la cárcel cosechó múltiples rechazos. La Coordinadora de Derechos Humanos platense recordó que los delitos de desaparición forzada y apropiaciones se continúan cometiendo por el ocultamiento deliberado de la verdad. En la misma línea se pronunciaron Myriam Bregman (FIT), María del Cármen Verdú (Correpi), Hijos Capital, y los diputados Agustín Rossi y Hugo Yasky.

Hijos y familiares de represores repudiaron la domiciliaria a Etchecolatz: "Volvemos a sentir el perfume del terror"

DESDE LOS COLECTIVOS QUE AGRUPAN A PARIENTES DE QUIENES COMETIERON VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SEÑALARON QUE EL BENEFICIO CONCEDIDO AL REPRESOR ES “OTRA SALVAJADA MÁS DE LAS QUE SE VIENEN COMETIENDO DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS”. ADVIRTIERON QUE SE TRATA DE UNA “AMNISTÍA ENCUBIERTA” Y QUE LA JUSTICIA “EMPIEZA A BORRAR LA IDEA DE ‘LESA HUMANIDAD’".

Familiares e hijos de represores repudiaron el arresto domiciliario concretado ayer a la mañana de Miguel Etchecolatz, en un barrio de Mar del Plata. Sostuvieron que ese beneficio se trata de una “amnistía encubierta” decidida por una Justicia que “empieza a borrar la idea de ‘lesa humanidad’" y lo enmarcaron en “otra salvajada más de las que se vienen cometiendo durante los últimos dos años”. Asimismo, lamentaron que “la pesadilla retorna al barrio” y agregaron que “hoy volvemos a sentir el perfume del terror”.

El repudio a la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 6 fue el punto de coincidencia de las dos agrupaciones de familiares de represores de la última dictadura cívico-militar. En uno de ellos, Ex Hijxs e Hijxs de Genocidas, donde milita Mariana D., hija de Etchecolatz. “Esos genocidas que son o que fueron nuestros padres, están volviendo a sus casas, a nuestros barrios, beneficiados por jueces sin escrúpulos” y que “perdieron la conciencia y la memoria”, lamentaron desde esta organización.

Según adujeron, el criterio que aplicaron esos magistrados fue el de otorgar “supuestas garantías constitucionales o condenas irrisorias, equiparando de esta manera a los genocidas con delincuentes comunes”. En el mismo tono, calificaron a Miguel Etchecolatz como “el más ejemplar” de los jefes de la última dictadura cívico-militar y sostuvieron que su presencia en una vivienda de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, hace que “la pesadilla retorne al barrio, a hogares que conocemos”.

El traslado del represor comenzó anteanoche y finalizó ayer a la mañana, con su arribo a la casa del boulevard Nuevo Bosque y Los Tobas, situado en el bosque Peralta Ramos y a solo cuatro cuadras de donde vive una de las personas que él secuestró y torturó. Por este hecho, el jueves fue interpuesto un planteo para que el ex comisario no sea llevado a ese lugar, pero fue desestimado por la Cámara platense.

“Con su presencia vuelven a amenazarnos, a poner en peligro el entorno familiar, a decirnos que después de todo son más fuertes. Hoy volvemos a sentir el perfume del terror, el sonido de sus pasos sigilosos y la angustia eterna por la justicia rota", indicaron desde Ex Hijxs e Hijxs de Genocidas.

El otro colectivo de familiares de represores es Historias Desobedientes, quienes sostuvieron que la domiciliaria a favor del ex comisario de la Policía Bonaerense es “una amnistía encubierta” que se enmarca en el intento de otorgar el 2x1 a los genocidas y al vaciamiento de espacios especializados en derechos humanos, como el anunciado días atrás en el Ministerio de Defensa. 

“Desgraciadamente nuestro país, está volviendo a las épocas más oscuras, dejando en libertad a sus ejecutores”, puntualizaron a través de un comunicado publicado en su página web, en el que subrayaron que “esto es otra salvajada más, de las que vienen cometiendo en estos últimos dos años”, desde el advenimiento del macrifascismo en el poder.

Los integrantes de Historias Desobedientes recordaron las cinco condenas a cadena perpetua de Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad y recordaron que “este genocida gozó durante muchísimos años de libertad e impunidad”.

Además, relataron que genocidas como él, “al interior de sus familias, nunca se arrepintieron de nada de lo que hicieron, y siguen sosteniendo hoy en día que lo volverían a hacer, porque se sienten orgullos de ello”. 

“Desgraciadamente nuestro país, está volviendo a la épocas más oscuras, dejando en libertad a sus ejecutores”, sostuvieron y añadieron que decisiones como la del TOC 6 “nos hacen retroceder a los peores momentos que vivimos como país”.