LAS MANIFESTACIONES DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001 Y LA REPRESIÓN EN TODO EL PAÍS, QUE CAUSÓ 39 MUERTOS, CUMPLEN 14 AÑOS.
La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, sucedió en el marco de una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política causada por una larga recesión comenzada a mediados de los '90. Fue desencadenada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de los bancos denominada Corralito, dispuesta por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo.
La protesta se desencadenó el 19 de diciembre de 2001 y causó la renuncia del presidente radical Fernando de la Rúa el día siguiente, dando paso a una situación de acefalía y un clima de inestabilidad social, económica y política que se extendería en los años siguientes. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada.
Durante el transcurso de las protestas, 39 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales y de seguridad, entre ellos 9 menores de edad, en el marco de la represión ordenada por el gobierno para contener las manifestaciones tras la instauración del estado de sitio.
El gobierno de Fernando de la Rúa había asumido en 1999 en medio de una época de recesión, en parte favorecida por la Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991, que fijaba la paridad del peso de Argentina y el dólar estadounidense. Si bien dicha política económica había resultado efectiva durante los primeros años del gobierno del turco innombrable, a partir de 1997 comenzó a demostrar sus falencias. Para mantenerla saludable, se necesitaba el ingreso de divisas. En un principio, éste fue equilibrado por los ingresos a partir de las privatizaciones de empresas estatales y las pérdidas que estas ocasionaban. No obstante, cuando ya no ingresó el dinero suficiente al país, debido a las falencias estructurales del programa económico (y sumado al bajo precio internacional de los granos), éste se vio obligado a refinanciar su deuda a intereses más altos para poder mantener la estabilidad.
De la Rúa, había decidido sostener la ley, tal como fue prometido en su campaña electoral, lo que provocó que la situación financiera fuera cada vez más crítica, aplicándose medidas como el blindaje o el megacanje, que consistían en endeudamiento exterior para sostener el modelo económico vigente.
La inestabilidad económica se percibía por los constantes cambios en el Ministerio de Economía, pasando por José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y por último Domingo Cavallo, quien ya había sido Ministro de Economía entre 1991 y 1996 y que había impulsado la Ley de Convertibilidad. En aquel entonces Cavallo era visto como una gran alternativa, ya que había sacado a Argentina de la hiperinflación que había azotado al país durante el período 1989/1991.
La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI (Fondo Monetario Internacional) de negarse a refinanciar la deuda y conceder un rescate.
Para contrarrestar la fuga de capitales, que ascendió a 81.800 millones de dólares, el 2 de diciembre se emitió un mensaje en cadena nacional donde Cavallo anunciaba la nueva política económica, que introdujo restricciones al retiro de depósitos bancarios, denominada como "Corralito". En un principio la medida dictaba que el ahorrista sólo podía retirar 250 pesos cada semana, y que la medida duraría 90 días, sin embargo se podían hacer pagos con cheques.
La reacción popular fue muy negativa, en especial la de la clase media, (teniendo en cuenta que la cifra de la restricción de retiros de 1.000 dólares mensuales era superior a los ingresos de la mayoría de la población) por lo que la crisis económica también desembocó en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, aunque la protesta masiva más importante estallaría los días 19 y 20 de diciembre.
La posición de De la Rúa se tornó inestable. Un intento de mediación entre la oposición y el gobierno a mediados de diciembre por parte de la Iglesia Católica fracasó.
El 19 de diciembre de 2001 hubo importantes saqueos a supermercados y otra clase de tiendas en distintos puntos del conurbano boneaerense. Esa noche el presidente De la Rúa decretó el estado de sitio. En la ciudad de Buenos Aires salieron cientos de miles de personas a la calle a protestar contra la política económica del Gobierno que había establecido un límite a la extracción en efectivo del sueldo con el objeto de bancarizar la economía y mantener recursos dentro del sistema financiero (que había padecido una importante corrida en las últimas semanas). Muchas protestas se llevaban a cabo golpeando cacerolas, por lo que se las denominó "Cacerolazos".
Se sucedieron también protestas durante la madrugada del 20 de diciembre, frente a la casa del Ministro de Economía Domingo Cavallo y en la Plaza de Mayo, que fueron reprimidas. A pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de protestas. En la madrugada renunció el ministro de Economía Domingo Cavallo.
En la mañana del 20 de diciembre quedaban unos pocos manifestantes entre los que se encontraban oficinistas, empleados, amas de casa y niños; comenzaron a arribar miembros de organizaciones políticas. Entre los integrantes de estas organizaciones políticas que marcharon a la Plaza de Mayo se encontraban, entre otros, Madres de Plaza de Mayo y grupos de piqueteros pertenecientes a la agrupación Quebracho.
La violenta represión policial, que se transmitió por todos los canales de televisión y radio, e incluso por emisoras internacionales, en directo durante todo el día, generó que más grupos políticos y manifestantes ocasionales se acercasen a la Plaza. Con el correr de las horas los incidentes fueron creciendo en intensidad y se produjeron cuatro muertes de manifestantes que se presumen a manos de la policía, si bien las investigaciones judiciales aún no han finalizado.
A las 16 horas, el presidente De la Rúa, mediante un discurso transmitido por Cadena Nacional, anunciaba que no renunciaría a la presidencia e instaba a la oposición y otros sectores a dialogar. El pedido fracasó.
Alrededor de las 19 horas, el presidente De la Rúa renunció luego de que fracasaran sus intentos políticos de salvar al Gobierno, saliendo de la Casa Rosada en un helicóptero. En esa jornada también murieron muchas personas en ciudades del interior del país, totalizando 39 muertos como consecuencia de la represión en los dos días, entre ellos nueve menores de 18 años. Durante los días y meses posteriores siguieron sucediéndose protestas y cacerolazos.
La renuncia de Fernando de la Rúa no frenó la crisis política. El día 20 se hacía cargo del poder ejecutivo el presidente de la Cámara de Senadores, del partido opositor, Ramón Puerta, quién convocó a una asamblea legislativa para elegir un nuevo presidente.
El día 23 asumía la presidencia Adolfo Rodríguez Saá también del partido opositor. Entre sus medidas estaba la suspensión del pago de la deuda externa, anuncio que fue hecho en el Congreso y acompañado por aplausos por parte de los presentes. Además prometió que sería reintegrado el dinero sustraído a los ahorristas el cual nunca fue devuelto.
El 30 de diciembre renunciaba Rodríguez Saá, alegando falta de apoyo político,7 lo que desencadenó una nueva ola de inestabilidad. Ante la negativa de Puerta, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño asumía el poder ejecutivo y también convocaba a una Asamblea Legislativa para nombrar un nuevo presidente.
El 2 de enero de 2002 asumía Eduardo Duhalde, el candidato a presidente del partido de la oposición que había perdido ante De la Rúa en 1999, como presidente interino, anunciando que serían devueltos los montos sustraídos a la población en la misma cantidad en que habían sido depositados, con la tristemente célebre frase “el que depositó dólares, recibirá dólares”.
En su discurso de asunción Duhalde sintetizaba la situación socio-económica de la siguiente forma: “no es momento, creo, de echar culpas. Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó a la clase media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el trabajo de los argentinos. Hoy, la producción y el comercio están, como ustedes saben, parados; la cadena de pagos está rota y no hay circulante que sea capaz de poner en marcha la economía".
El gobierno de Duhalde pudo, en parte, estabilizar la economía, aunque la crisis social persistió, pudiéndose citar la Masacre de Avellaneda, del 26 de junio de 2002 como una importante protesta, durante la cual la policía asesinó a los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en un hecho que marcó el principio del fin del gobierno interino de Duhalde.
Entre las diversas consecuencias económicas y sociales que dejó la Crisis de Diciembre de 2001 figuran las personas fallecidas por la represión durante la implementación de la Ley Marcial en el territorio argentino. La lista incluye desde activistas sociales a personas de a pie fallecidas producto de la acción policial.
En declaraciones radiales, el diputado del FPV afirmó que “todavía no podemos valorar del todo los efectos del paquete, ni conocer detalles de cada elemento”, pero evaluó que “estamos delante de un equipo económico que sigue y aplica el recetario neoliberal”.
