Impulsada por Argentina y presentada por Héctor Timerman, fue respaldada por 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones. Es otro importante paso en el organismo internacional, luego de la histórica resolución en donde se llama a establecer un marco para futuras reestructuraciones.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer en Ginebra una resolución impulsada por la Argentina que condena a los fondos buitre y ordena realizar una investigación sobre sus actividades y sus consecuencias.
"Es la primera vez que las Naciones Unidas va a investigar sobre las actividades que realizan estos especuladores internacionales y las consecuencias de sus acciones sobre los pueblos de todo el mundo", celebró el Canciller Héctor Timerman en conferencia de prensa minutos después de la aprobación.
Aprobada por 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones, la medida establece que el Consejo de Derechos Humanos elabore un informe de investigación sobre el impacto de las actividades de los fondos buitres en los derechos humanos.
La resolución da un paso más en sintonía con la resolución del 9 de septiembre en Nueva York, cuando la ONU llamó a establecer un marco legal para las reestructuraciones de deuda soberanas.
Acompañado por el Embajador Alberto Dalotto, representante permanente de Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en el inicio de la 27ma. reunión del Consejo de Derechos Humanos Timerman detalló el pedido de resolución argentino apoyado por otros 74 países.
"La comunidad internacional debe comprometerse. No es un enfrentamiento entre naciones. El contexto muestra dos bandos: de un lado todos los países y del otro lado los fondos buitres", afirmó Timerman al comenzar su discurso ante representantes de los 193 países miembros de la ONU.
El canciller enfatizó que los Estados son cada vez más vulnerables ante los abusos de los especuladores y que la presión de los fondos buitre tiene como efecto negativo impedir a los gobiernos cumplir sus obligaciones con los Derechos Humanos.
"Los miles de millones que se llevan los buitres del sur, se traduce en cierre de escuelas, de hospitales, desnutrición, inseguridad y violencia", aseguró Timerman, quien arribó por la mañana a Ginebra proveniente de Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la ONU junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En otro tramo de su discurso, el responsable de la diplomacia argentina citó al Papa Francisco: "Es importante que la ética encuentre su espacio en las finanzas y que los mercados se muestren al servicio de los pueblos".
Asimismo, el canciller recordó que en 2002 el ex primer ministro británico Gordon Brown en la Asamblea General de la ONU condonó "la perversidad de los fondos buitre".
"Cuando la Argentina sufrió la peor dictadura de su historia, este foro acogió a las víctimas y les dio asilo y voz. Mi gobierno representa a esas víctimas de la dictadura. Hoy los fondos buitres son los herederos de esa dictadura", concluyó el titular del Palacio San Martin.
Los representantes de Brasil, Rusia, Cuba, México, Argelia, Pakistan y Venezuela, tomaron la palabra para apoyar el proyecto de resolución y calificaron a los fondos buitre de "amenaza" para los países en vías de desarrollo y reclamaron la creación de un marco jurídico internacional para las reestructuraciones de deuda. Asimismo, Brasil y Rusia llamaron a reformar el sistema financiero internacional; mientras que Estados Unidos, Reino Unido, Italia -en representación de la Unión Europea- argumentaron estar en contra por considerar que el Consejo de Derechos Humanos no es el lugar indicado para este tipo de resoluciones.
De su lado, el embajador francés ante el Consejo resaltó la amistad ente Francia y Argentina y tras considerar esta instancia de la ONU como "inapropiada", anunció la abstención.
En la votación, de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, 33 apoyaron la propuesta argentina por considerar que el accionar de los fondos buitre excede una problemática financiera por tratarse de un asunto político por sus consecuencias en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.
