Por Adrián Murano, para revista Veintitrés
Una treintena de representaciones empresarias hicieron público un pliego de condiciones con reclamos que van desde la inflación hasta la reforma del Código Penal. Las razones ocultas del texto: nostalgias neoliberales y miedo a terminar presos.
Desmalezado de generalidades y formalidades de ocasión, el documento adquiere la forma de un pliego de condiciones. Eso no sería, por cierto, una novedad: acostumbrados a imponer su voluntad, es frecuente que los empresarios le expresen sus deseos a la dirigencia política que conduce –o aspira a conducir– el país. Sin embargo, pocas veces ocurre que esos deseos se exhiban a la vista de todos, exponiendo lo que tantas veces ocurrió tras las bambalinas del poder.
La novedad se registró esta semana, cuando una treintena de instituciones empresariales –que van de la industria al campo pasando por los bancos extranjeros y los medios de comunicación– alumbró el Foro de Convergencia que emitió un texto con pretensiones y título pomposo: “Bases para formulación de políticas de Estado. Quiénes somos. Qué necesitamos”.
La prosa estuvo a cargo del filósofo favorito del establishment, Santiago Kovadloff, quién afrontó la delicada tarea de encubrir un apriete empresario en un texto de apariencia naif edulcorado con preocupaciones republicanas. Pero los buenos oficios del pensador no lograron ocultar las verdaderas intenciones del pliego, que surgen apenas se posa la lupa sobre los distintos ítems que componen las “Bases” de la Argentina a la que aspiran los dueños del dinero y el poder.
El documento arranca con una declaración de principios que expone la visión que los empresarios argentinos tienen del mundo: el sector privado es “el motor del desarrollo”, únicos creadores de “empleo genuino” que “financia al Estado” chupasangre a través de impuestos para “proveer servicios”, pero que es incapaz de generar “reglas y principios” que favorezcan la inversión para “encaminar a Argentina en la senda del desarrollo sostenible”.
Tras la autoindulgente presentación llegan las condiciones divididas en tres aspectos: institucional, económico y social. En el primer rubro, el documento realiza un rodeo que incluye insólitos llamados a fortalecer “la división de poderes” y el “respeto a la propiedad privada” –que gozan de plena vigencia en el país– para posar las garras en los temas que de verdad preocupan a los principales socios de ese club. Uno de ellos: “La libertad de prensa y el libre acceso a la información pública”.
El ítem es el caballito de batalla sobre el que se montó el Grupo Clarín para fustigar la plena aplicación de la Ley de Medios. Pero no es sólo eso lo que preocupa a Héctor Magnetto, CEO del multimedios y principal animador del Foro desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el sello de goma corporativo que comparte con firmas premium como Arcor o Techint. Al directivo le preocupa que la Justicia porteña replique lo que ocurre en Bahía Blanca, donde un juez federal puso contra las cuerdas al poderoso editor Vicente Massot. Propietario del diario La Nueva Provincia y socio dilecto de la asociación de editores ADEPA, Massot fue procesado por la desaparición de dos empleados gráficos durante la dictadura y quedó a un paso del juicio oral.
Como ocurre en Bahía Blanca, los nombres de Magnetto y sus socios figuran como imputados en una causa que investiga si Papel Prensa fue adquirida bajo delitos de lesa humanidad. No parece casual que una semana antes de dar a conocer el documento, el escriba Kovadloff coincidió con ex funcionarios de la dictadura, como Manuel Solanet, en un repudio conjunto al allanamiento realizado en La Nueva Provincia.
Una coincidencia adicional: el germen de este Foro se remonta a una cumbre de empresarios realizada a principios de 2013 en el Hotel Alvear, donde un centenar de los hombres de negocios se reunieron para repudiar el procesamiento de uno de sus pares más connotados: Carlos Pedro Blaquier. Acusado de perpetrar la denominada “Noche del Apagón” en Jujuy, el dueño del Ingenio Ledesma podría convertirse en el primer empresario juzgado por crímenes de lesa humanidad, privilegio que sin embargo podría arrebatarle Marcos Levin, dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte y principal acusado en un expediente que ya fue elevado a juicio oral.
El progreso de causas judiciales que parecían dormidas, y la intención de un grupo de diputados kirchneristas de crear una Comisión de la Verdad en el Parlamento que investigue los delitos económicos cometidos durante la dictadura, diseminó entre muchos integrantes del Foro el miedo a terminar los días en prisión. Por eso no sorprende que el texto reclame la “independencia de jueces y fiscales”, un eufemismo bajo el cual se exige que nada cambie en el Poder Judicial. Tiene sentido el planteo: salvo raras excepciones, la mayoría de los magistrados vigentes no ha mostrado especial interés en investigar a los miembros de la corporación empresarial.
En la misma línea de preocupación, el Foro reclama “el establecimiento de mecanismos efectivos de participación ciudadana previos a la sanción de leyes y normas relevantes”. La advertencia –tácita pero obvia– refiere a la reforma del Código Penal, cuyo anteproyecto en debate incluye una decena de modificaciones que endurecen delitos económicos como el abuso de posición dominante o el cohecho financiero activo. Entre otros ilícitos, la iniciativa elaborada por cinco juristas de distintas ideologías y fuerzas políticas incluye como novedad la posibilidad de juzgar a empresas, no sólo a personas. Un rápido repaso por las infracciones que se incorporarían o las penas que se vigorizarían en el nuevo Código Penal explica por qué buena parte del empresariado local no quiere saber nada con que el tema siquiera se debata en el Congreso. Porque de ser aprobado podría ocurrir que:
- Las empresas –y no sólo sus integrantes– serían sancionadas por cometer delitos de enriquecimiento ilícito o utilización de testaferros. Se tipificaría como delito el cohecho financiero activo, y se sancionaría hasta con seis años de cárcel a quien diera dádivas a agentes financieros para beneficiarse de la operación en mercado de valores.
- Se dispondrían multas que varían en función de los ingresos y se miden en días, modificando el actual sistema de montos fijos que suelen quedar desactualizados. Con el nuevo Código, una empresa o un CEO pagarían más que un obrero por la comisión del mismo delito. Y según el artículo 34 se disponen las penas entre 5 y 720 días de multa, pero cada día de esa multa no puede superar el valor de un salario mínimo vital y móvil o 3.600 pesos actuales ni representar más de un tercio de los ingresos del penado. Si el nuevo Código se aplicara hoy, la multa máxima sería de 2,6 millones.
- La normativa en discusión castiga las actividades monopólicas y dispone multas que varían en función de sus ingresos. Se pena con prisión y multas a quien abusando de una posición de dominio total o parcial, o mediante acciones concertadas entre competidores, impidiere o distorsionare la competencia en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico en general. Y sanciona a los monopolios, oligopolios y carteles cuando fijen precios de bienes y servicios, restrinjan la oferta o la demanda o impongan condiciones de comercialización.
- Crearía nuevos tipos de delitos penales como los delitos contra la competencia o el cohecho financiero activo (dádivas entre privados).
- Se sancionaría con prisión y multa a las firmas que, con el fin de desabastecer o de provocar un alza moderada de precios en perjuicio de los consumidores, retire del mercado de materias primas, combustibles u otros productos o bienes de primera necesidad para la alimentación, la salud, el transporte, el servicio eléctrico, telefónico o de comunicaciones.
- Las personas jurídicas podrían ser penadas hasta por delitos de lesa humanidad.
¿Cuántos de las empresas y empresarios que propiciaron la creación del Foro y suscribieron el documento se verían envueltos en causas penales si este Código rigiera hoy? Imposible calcularlo. Pero no parece casual que el pedido de los foristas sea el mismo argumento que utilizó el precandidato Sergio Massa para intentar congelar la reforma: que sean los ciudadanos sin conocimientos jurídicos –por lo tanto susceptibles al “sentido común” que imponen los medios dominantes– quienes decidan si se debe votar un nuevo Código, o no.
En este contexto, resulta más una burla que una ironía que los foristas reclamen “dotar de independencia funcional a los entes reguladores y a los organismos de control de modo de contribuir a una mayor transparencia así como a la erradicación de la corrupción pública y privada”. No porque el deseo sea inadecuado –la enorme mayoría de ciudadanos de a pie padecen las consecuencias, muchas veces letales, de la corrupción– sino que sean los propios protagonistas de esas historias quienes levanten el dedo acusador. Es injusto generalizar, claro, pero bastaría con que los empresarios acordaran no pagar más sobornos para que se viera reducida drásticamente la corrupción de los funcionarios públicos. ¿O acaso para bailar la danza de las coimas no se necesitan dos?
Como bien explica la economista Fernanda Vallejos en esta misma edición, el apartado económico del documento propone una restauración neoliberal a tono con las generalidades bienintencionadas que se incluyen en el aspecto social: erradicación de la pobreza, viviendas, educación, salud. Y seguridad, claro, porque en estos tiempos un documento político que se precie no puede evitar el reclamo de “una política criminal integral para combatir la inseguridad y el narcotráfico”.
Eso sí: que el combate se libre contra los pobres y vulnerables que pueblan las cárceles. Porque para los delincuentes de guante blanco aún rige la impunidad.
En su habitual encuentro matutino con la prensa, Jorge Capitanich aseguró ayer que "independientemente de la metodología que se adopte" para medir la pobreza y la indigencia, "todos los indicadores determinan clara y contundentemente que las condiciones de carácter social han mejorado de modo sustancial en la Argentina".
